Acabar con la brecha de género de las pensiones, reducir las listas de espera de la Dependencia, dotar de medios a la atención primaria del sistema de salud, reducir la brecha territorial... 

Estos son los principales retos por enfrentar para prepararse ante el progresivo envejecimiento de la población española, según el Observatorio Social de las Personas Mayores 2026, elaborado por la Federación Estatal de Pensionistas de CCOO y la Fundación 1º de Mayo. 

Y es que, explican en el documento, España ha consolidado una tendencia poblacional "sin precedentes", "donde el porcentaje de personas mayores de 65 años ha alcanzado el 20,7% en 2025".

"Este fenómeno implica una transformación demográfica de gran calado, ante un proceso de 'envejecimiento del envejecimiento', con un notable incremento de la población mayor de 80 años, y una tasa de natalidad en mínimos históricos –6,5% en 2024–", añaden. 

El reto de la brecha de género de las pensiones

Ante este panorama, desde CCOO destacan que el sistema de pensiones en España se consolida como un "pilar fundamental del bienestar en España, protegiendo a casi 10 millones de personas en 2026". 

El observatorio argumenta que las pensiones no deben verse como un "mero gasto", ya que el consumo de las personas que las perciben genera un "efecto multiplicador sobre la economía", dinamizando sectores productivos clave como los cuidados, la sanidad o el turismo, e impulsando la creación de empleo.

Es más, detallan, especialmente en el caso de las retribuciones más altas, tienen un impacto significativo en la recaudación fiscal a través de impuestos, ayudando a financiar otros servicios del Estado de bienestar.

Ahora bien, en CCOO encuentran que, con todo, existen ciertos retos a los que se debe hacer frente para mejorar el modelo, como el de la brecha de género, que definen como "un desafío crítico". 

Y es que, argumentan, la participación de las mujeres en el sistema de pensiones se da en un "claro plano de desigualdad", que refleja la mayor informalidad durante su vida laboral, la dedicación tradicional a los cuidados, el tiempo parcial no deseado y la participación en sectores peor retribuidos.

Y esto se ha traducido en una "feminización de la pobreza": representan el 63% de las titulares de pensiones no contributivas. Además, tienen una dependencia mucho mayor de los "complementos a mínimos" para poder alcanzar una pensión digna: el 30,5% de las pensiones causadas por mujeres requieren estos complementos, frente a solo el 14,3% en el caso de los hombres.

Con todo, no todo son malas noticias. Se evidencia una mejora al comparar las retribuciones medias del pasado con las actuales: mientras que en las pensiones actuales la diferencia hombre-mujer sería del 30,7% –de 499,63 euros mensuales–, en las nuevas altas se habría reducido al 20,7% –333,16 euros–, gracias a que ellas tienen carreras de cotización más largas y estables. 

Reforma de las pensiones

Por otro lado, el informe recuerda la necesidad de "blindar la suficiencia y sostenibilidad del sistema mediante el consenso en el Pacto de Toledo, manteniendo la revalorización vinculada al IPC".

En ese sentido, valora muy positivamente las reformas acordadas en el marco del Diálogo Social y el Pacto de Toledo y destacan especialmente la de 2023, que incorporó una garantía por la cual las pensiones mínimas y no contributivas se ligan de forma automática a los "umbrales de riesgo de pobreza". Gracias a esta vinculación y a la revalorización con el IPC, apuntan, se habría logrado defender el poder adquisitivo de los pensionistas frente a la inflación, convirtiendo a las pensiones mínimas en una herramienta capaz de "tejer una cohesión social" y reducir desigualdades.

Finalmente, añaden, con el desarrollo de un modelo de jubilación flexible –con opciones como la jubilación anticipada voluntaria o parcial–, el sistema actual habría logrado generar pensiones de cuantías sensiblemente superiores a las de etapas anteriores.

El reto del sistema de la dependencia

En cuanto al sistema de dependencia, el observatorio critica que "enfrenta riesgos críticos de 'infraprotección': casi la mitad de los beneficiarios (48%) reciben prestaciones de baja intensidad, como la Teleasistencia como única ayuda o la Prestación Económica de Cuidado Familiar (PECEF) –que contribuye a perpetuar la división sexual del trabajo, ya que el 72% de las personas cuidadoras en España siguen siendo mujeres–".

Otra de las criticas que hacen al modelo es la persistencia de las listas y los largos tiempos de espera, "que promedian 329 días a nivel nacional, superando ampliamente el plazo legal de seis meses".

Por otro lado, denuncian una "falta de transparencia generalizada" respecto "al copago que asumen los usuarios" y piden a las regiones transparencia para saber qué porcentaje aporta la administración y cuál el ciudadano directamente. 

Además de la opacidad, el informe alerta sobre otra modalidad que fomentaría, a su parecer, la desigualdad, la Prestación Económica Vinculada a un Servicio (PEVS): "En los últimos años, el sistema de dependencia ha priorizado la entrega de un 'cheque' económico para que las familias contraten servicios privados por su cuenta. Esta modalidad impone un doble copago que actúa como una barrera económica".

Y otra de las críticas que hace el observatorio es a la falta de fondos endémica del sistema, pidiendo "establecer un nuevo marco de financiación pública que eleve la inversión del 0,8% actual al 1,5%-2% del PIB en la próxima década". 

Cabe recordar que el documento se redactó antes del anuncio hecho por el Gobierno de invertir 6.200 millones de euros suplementarios entre 2026 y 2027, para llegar al 50% de aportación al sistema. 

A raíz de la aprobación de esta medida, CCOO valoró, en un comunicado, el incremento como una "buena noticia, que nos hubiera gustado que hubiera venido precedida de un proceso de negociación", viéndolo como una "magnífica oportunidad para hacer un seguimiento y distribuir los fondos para reforzar la calidad de los servicios que se prestan a las personas y la calidad del empleo de las personas que lo prestan".

Así, para asegurar este objetivo y evitar que la inyección de fondos acabe fomentando un modelo mayoritario de cuidados informales o sobrefinancie modelos precarios, el sindicato exigió establecer un "Acuerdo Marco" con el Gobierno y la patronal que impida a las comunidades autónomas reducir su aportación, obligándolas a vincular estos recursos para "reforzar provisión pública de servicios profesionales, y a elevar precios de concierto condicionados a mejora clara de condiciones laborales, económicas, de empleo de las personas trabajadoras".

Ámbitos de mejora del sistema sanitario

El Observatorio Social de las Personas Mayores también destaca ámbitos de mejora en el sistema nacional de salud. En primer lugar, incide en la "preocupante disparidad territorial en recursos y gasto" y también asegura que "se observa un déficit crónico de personal en Atención Primaria (AP), especialmente en enfermería", a pesar del progresivo envejecimiento de la población y el consiguiente aumento de enfermedades crónicas y pluripatologías. Sobre esta última carencia, el informe evidencia que, a nivel presupuestario, las comunidades destinan únicamente el 13,9% de su gasto a servicios primarios, una cifra muy alejada de la necesidad estructural de ir "destinando el 25% del gasto a la AP". Y también denuncia una falta de dotación de los servicios de salud pública que, a pesar de su "importancia", suelen "representar una proporción relativamente pequeña del gasto sanitario". 

El informe también hace mención a "las listas de espera para consultas externas" que "han empeorado drásticamente, con un aumento del 87,1% en la última década a nivel estatal", criticando que las demoras generan "incertidumbre y ansiedad en los pacientes y dilaciones graves en los diagnósticos".

Desde CCOO se muestran asimismo críticos con la privatización de la sanidad y aseguran que "es relevante hacer mención al gasto de las comunidades autónomas destinado a conciertos con entidades privadas, que representa el 8,7%, tras aumentar un 48,1% en los últimos 10 años". 

Salud autopercibida

Otro de los aspectos en los que se centran en su edición de 2026 es en las condiciones de vida de los mayores, desde el punto de la longevidad activa y saludable.  

Afirman que "el éxito de las sociedades contemporáneas no debe medirse únicamente por la capacidad de retrasar el final de la vida, sino por la calidad de los días conquistados al tiempo" y subrayan que la longevidad carece de sentido pleno si no va acompañada de bienestar, ya que el objetivo es "añadir vida a los años".

Sin embargo, esta calidad está condicionada por "importantes brechas territoriales", apostillan, existiendo hasta 3,6 puntos porcentuales de diferencia en la esperanza de vida saludable entre comunidades como Madrid y ciudades autónomas como Melilla.

En ese sentido, el documento elaborado por la Federación Estatal de Pensionistas de CCOO y la Fundación 1º de Mayo, también se refiere a la salud autopercibida de los sénior, como un "termómetro del bienestar integral".

El estudio advierte de que, aunque la emergencia del Covid-19 haya terminado, aún "subsiste una rémora negativa en la percepción subjetiva del estado de salud".

En concreto, los hombres declaran un mayor nivel de salud autopercibida que las mujeres, lo que reflejaría desigualdades estructurales, como el hecho de que las mujeres mayores siguen soportando "trabajos de cuidados en el hogar, cosa que los hombres no hacen".

Del informe se desprende además que la percepción positiva está estrechamente ligada a factores socioeconómicos protectores, tales como disponer de un "mayor nivel de renta" o contar con "redes familiares de apoyo más sólidas".

Amigabilidad y brecha digital

Por último, el observatorio se centra en el entorno físico en el que se mueven los mayores. Un medio que, si no se adapta a la pérdida de capacidades, "acaba confinando" a estas personas. En ese sentido, precisan que existe una brecha inmobiliaria determinada por la antigüedad de los edificios: mientras las construcciones nuevas están adaptadas, en "los edificios anteriores a 1971 esta cifra [presencia de ascensor] cae al 70%". Y esto se agrava con una marcada desigualdad territorial entre el mundo urbano y rural, ya que en poblaciones grandes la tasa de edificios adaptados es casi el doble que "en los municipios más pequeños". 

En esta misma línea, proponen promover la Red de Ciudades Amigables como clave para transformar el entorno. Ahora bien, el informe avisa de riesgos severos en su implementación. Al ser un proceso de carácter voluntario, existe un fuerte "riesgo de alcance limitado", agravado por una "desigualdad de recursos" entre ayuntamientos ricos y pobres. 

Finalmente, el informe hace alusión a la persistencia de la brecha digital, con un "descenso drástico en el uso de Internet al cruzar el umbral de los 85 años". Y, más allá de la edad, el determinante de esta desconexión sería el nivel educativo y de renta.