El 44,3% de las personas mayores de 65 años en la Comunidad Valenciana vive bajo el umbral de pobreza. Además, la soledad no deseada y la exclusión social son algunos de los principales problemas que padece este colectivo.
Así lo ha puesto de relieve el sindicato CCOO PV, que ha presentado a nivel autonómico el 'Observatorio Social de las Personas Mayores para un Envejecimiento Activo 2021'. Un estudio realizado por la Fundación 1º de Mayo, en colaboración con la Federación de Pensionistas y Jubilados de la organización sindical.
A lo largo de sus cuatro capítulos, el documento señala las "problemáticas" que afectan a las personas mayores, tales como la soledad no deseada, la feminización de la pobreza, la brecha digital y la exclusión social.
La presentación se ha llevado a cabo en una rueda de prensa en la que han participado la secretaria general de CCOO PV, Ana García, y los secretarios de las federaciones de Pensionistas estatal, Vicente Llamazares, y de la Comunidad Valenciana, Evaristo Soto. Todos ellos, han coincidido en señalar como "muy preocupante" que el 44,3 % de las personas mayores en la Comunidad Valenciana viva bajo el umbral de pobreza.
En la comparecencia, Ana García ha hecho hincapié que "los datos son de 2021, un año marcado por la pandemia" y "por unas circunstancias agravadas para las personas mayores, que se han visto aisladas de sus seres queridos".
Asimismo, de entre los principales puntos del observatorio, la secretaria general de CCOO PV ha exigido "una respuesta dirigida a la detección de la soledad no deseada para poder intervenir y acompañar", algo que ha ratificado Evaristo Soto, ya que "cerca de medio millón de personas viven solas en la Comunidad Valenciana, 41% son mayores de 65 años, el 70% mujeres y 30% hombres".
Por su parte, Vicente Llamazares ha indicado que "pese a que la incidencia del Covid ha supuesto un aumento de la mortalidad para el colectivo de personas de más de 65 años de un 17,7%", si se sigue esta línea, el secretario de la federación de Pensionistas Estatal ha advertido que "a mitad de siglo la tasa de población de más de 65 años puede llegar a ser superior al 40%, lo que hará necesario políticas públicas para poder abastecer la necesidad de la población".
En la misma línea, Llamazares ha denunciado que "pese al aumento de un 3,7%, apenas hay en el estado 1.100 geriatras", una cantidad que ha señalado como "insuficiente". Además, ha destacado que en cuanto al gasto por habitante y año en sanidad que "hay diferencias significativas entre comunidades de más de 500 euros por habitante". Por su parte, Evaristo Soto ha remarcado que "hay una situación de divorcio entre los servicios de sanidad y los servicios sociales", por lo que ha reivindicado "una mayor coordinación para rentabilizar mejor los recursos económicos".
En el ámbito del sistema de atención a la dependencia, "la gente quiere envejecer en su entorno", pero según han señalado en el observatorio, "hay cerca de 4 millones de hogares inaccesibles y con carencias energéticas". En el caso de España, uno de los países más envejecidos de Europa, las mujeres "tienen una peor calidad de vida al final de la misma", por lo que Ana García ha demando "políticas sociales con perspectiva de género".
Soto ha destacado que la esperanza de vida en la Comunidad Valenciana ha disminuido, en el caso de las mujeres de 85,6 a 84,9 años, y en el de los hombres de 80,33 a 76,76. Si ese dato lo comparamos con la esperanza de vida saludable, "la brecha de género se acentúa", ya que en ellas alcanza los 79,9 años y ellos 77,06. "No solo que las mujeres viven más, sino que viven peor, lo que indica que los cuidados en las mujeres tienen que especializarse más", ha admitido.
Por otra parte, Evaristo Soto ha indicado que en la Comunidad "es necesario introducir cambios en el modelo de cuidados, especialmente en lo que a la atención residencial se refiere, tanto en su concepto y caracterización, como en el nivel de oferta pública con respecto a la privada". Según ha confirmado, "los datos disponibles actuales evidencian un déficit de 22.800 plazas, por lo que se necesitarían casi 76.000 plazas más para atender a las personas mayores de 65 años".
En el caso de la Comunidad Valenciana, el secretario de la Federación de Pensionistas del País Valenciano, ha advertido que "hay muy pocas plazas públicas". En el territorio valenciano el modelo predominante de macro residencias, hace superar la media estatal por encima del 50%".
Además, Ana García ha añadido que también "preocupa la situación de pobreza entre las personas mayores". Según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, en la Comunidad Valenciana un 44,3% de las personas que tienen una pensión están por debajo del umbral de la pobreza (688 euros al mes) y de este porcentaje, un 17,9% están en el umbral de pobreza severa (458 euros al mes).
"El 44,3 % de las personas mayores en el País Valenciano vive bajo el umbral de pobreza", presentación del Observatorio de la @fundacion1mayo y @pensCCOO pic.twitter.com/UgpmGcQabz
— CCOO País Valencià (@ccoopv) May 4, 2022
En el caso de la Comunidad, la pensión media de las mujeres es de 810 euros, frente a los 1.212 euros que perciben los hombres, una diferencia de un 33% como consecuencia de la "brecha laboral". De esa forma, ha incidido García que "difícilmente las personas mayores pueden tener calidad de vida". Además, ha remarcado que "alrededor de un 70% de las personas que están en el umbral de pobreza severa son mujeres".
Con respecto al acceso a los suministros básicos, un 9,4% no puede permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada y un 4,4% ha tenido retrasos en el pago de la vivienda principal, "situación agravada por la situación inflacionista". Esto puede llevar a las personas mayores a una situación de "exclusión social", ha admitido la secretaria general de CCOO PV.
Para combatir la subida de precios, desde la Federación de Pensionistas Estatal se pondrá en marcha la semana que viene una campaña de recogida de firmas para solicitar "medidas para intervenir en la factura, en la gestión y producción de la energía". Desde CCOO PV abogan por medidas como "ampliar las condiciones de acceso al bono social, prolongar la prohibición de los cortes de suministro y la reforma de los precios energéticos".
Por último, desde el sindicato han destacado "la situación de la brecha digital" entre las personas mayores para acceder a servicios ya sea de asistencia sanitaria o servicios bancarios, por ello, "se deben poner medidas encima de la mesa para que no se vean aislados digitalmente", para ello, se han sugerido "planes de alfabetización digital y acceso a las tecnologías". Pero también ha reivindicado una atención "presencial y personal a las personas mayores".
