El escándalo de las residencias en el Covid llega a Europa: primer paso para una investigación clave

El drama vivido en las residencias de mayores durante los primeros momentos de la pandemia de Covid, en 2020, ha llegado al Consejo de Europa, la organización regional –no confundir con el Consejo Europeo– fundada tras las Segunda Guerra Mundial para velar por el cumplimiento de los derechos humanos. 

Según han explicado en las redes sociales de dicho organismo internacional, se habría registrado una reclamación contra España puesta por el Sindicato SAD De Cuidadoras Profesionales Municipales, en la que se denuncian vulneraciones que se produjeron a los derechos de los mayores y de las personas con discapacidad, en particular, de las que vivían en centros sociosanitarios. 

Fuentes del Consejo de Europa aseguran a este diario que el Comité Europeo de Derechos Sociales de dicha organización "se pronunciará sobre la admisión a trámite o no de esta reclamación colectiva en una futura reunión".

Cabe recordar que, durante el primer estado de alarma –marzo a junio de 2020–, en medio del colapso del sistema de salud por la primera ola de coronavirus, fallecieron cerca de 20.000 residentes con Covid o síntomas compatibles con la enfermedad, una parte de los cuales lo hizo sin recibir una atención sanitaria suficiente. 

El Comité Europeo de Derechos Sociales de @coe_esp registra una reclamación c. España de un sindicato de cuidadoras. Alega que medidas de autoridades sanitarias durante pandemia Covid-19 vulneraron derechos de personas mayores y personas con discapacidad.👉https://t.co/BpkBJLD6AC pic.twitter.com/EmlWi9KGyi

— Consejo de Europa (@coe_esp) April 9, 2026

En particular, la denuncia, registrada el 6 de marzo de 2026, habla de una supuesta vulneración de los derechos consignados en los artículos 11 (derecho a la protección de la salud), 12 (derecho a la seguridad social), 13 (derecho a la asistencia social y médica), 14 (derecho a beneficiarse de los servicios de asistencia social), 23 (derecho de las personas mayores a la protección social) y E (no discriminación) de la Carta Social Europea. 

El texto, al que ha tenido acceso 65YMÁS, asegura que más de 30.000 personas dependientes fallecieron durante la pandemia y que España registró la mayor mortalidad por Covid en la población mayor de 65 años de entre 12 países de la OCDE, con 244 muertes por cada 100.000 habitantes en sus domicilios y una letalidad del 5,2% en las residencias.

El sindicato sostiene que se habrían producido muertes evitables debido a protocolos y órdenes internas que priorizaban a los pacientes en función de su edad y comorbilidades, impidiendo los traslados hospitalarios y el acceso a cuidados intensivos para las personas mayores y dependientes, y pone de relieve importantes disparidades en las tasas de mortalidad entre las comunidades autónomas, con un exceso de muertes especialmente concentrado en Madrid, Cataluña, Castilla y León, y Castilla-La Mancha.

Así, la reclamación describe un escenario de desamparo absoluto en las residencias. Aseguran que durante la primera ola, citando datos del Imserso, el 60% de estos centros no habrían dispuesto de mascarillas ni material preventivo suficiente y que no habrían sido declarados como prioritarios para el abastecimiento hasta abril de 2020.

Además, indican, se habría mantenido a enfermos críticos junto a personas sanas sin la atención médica necesaria, faltó oxígeno y no siempre se ofrecieron cuidados paliativos para garantizar una muerte digna.

Abandono de dependientes en sus casas

En la denuncia también se hace referencia a los dependientes que vivían en sus domicilios. "Sufrieron un total abandono, dado que los Centros de Salud (CS) y servicios de urgencias de atención primaria (SUA) y los centros de rehabilitación no prestaron servicio de atención", advierten. 

"El colectivo que más sufrió esta situación fue el de las Cuidadoras Principales, que, con una situación de discriminación económica, sufrieron una sobrecarga de cuidados que deterioró la propia salud de las cuidadoras, agravando aún más la esclavitud doméstica que sufren en su tarea de cuidados", añaden.

Finalmente, el sindicato justifica su elevación del caso a las instancias europeas tras constatar el archivo y sobreseimiento de decenas de querellas penales presentadas por los familiares de las víctimas en los juzgados españoles contra autoridades políticas y directores de residencias.

Para concluir, exigen al Consejo de Europa que admita la queja y declare oficialmente que España violó y discriminó a sus mayores.

Igualmente, solicitan que el organismo dictamine que las administraciones no pueden utilizar una crisis o pandemia como excusa para denegar atención sanitaria o social basándose en la edad, y que se obligue a España a modificar la normativa autonómica para garantizar que esta vulneración de derechos no vuelva a repetirse jamás.