La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) se ha unido con la Abogacía para pedir al Ministerio de Justicia, capitaneado por Pilar Llop, y a los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que lleguen a un acuerdo y terminen con la huelga, que lleva ya prolongándose 8 semanas, y que ha provocado "un grave perjuicio a los ciudadanos y llevando al incumplimiento del mandato constitucional de la tutela judicial efectiva", explica la asociación en una nota de prensa.
Por un lado, los afectados por cláusulas abusivas llevan años sufriendo el colapso de los tribunales, provocando "dilaciones indebidas que fueron denunciadas al Defensor del Pueblo". Si antes las reclamaciones se resolvían en dos años, ahora se alargan 5 o 6, o incluso superan los 8 años de litigio.
Además, desde Asufin han explicado que una buena parte de las sumas retenidas en las cuentas bancarias judiciales corresponden a usuarios afectados por malas prácticas bancarias, y llevan ya mucho tiempo esperando para recuperar su dinero, y ahora, con esta situación, lo ven frustrado estando "en consignación judicial y sin visos de poder sacarlo de ahí".
Durante la pandemia, el pago de las indemnizaciones se consideró servicio esencial, ya que no se podía permitir que determinadas cantidades de dinero no quedasen “retenidas en las cuentas de los órganos judiciales durante el periodo de alarma” y se instó a que los Letrados de la Administración de Justicia “con independencia de que no se encontrasen realizando presencialmente sus funciones” pudieran acceder “con normalidad a la aplicación de gestión de la cuenta”.
Desde Asufin aseguran que están recibiendo múltiples quejas de afectados "con resoluciones favorables que saben que su dinero está depositado en los juzgados y que se encuentra retenido, en una situación de parálisis total que es difícilmente comprensible", explican en la nota de prensa. Muchos de ellos explican que contaban con ese dinero para paliar el impacto de la inflación en su economía: la subida del Euribor en sus hipotecas, la tarifa de la luz y el gas o la cesta de la compra.
“Nosotros siempre hemos apoyado la mejora de las condiciones laborales de todos los que forman parte de un servicio tan esencial para los ciudadanos como es la Justicia. Sin embargo, es difícil empatizar cuando ocasionan un daño directo a la economía de muchos españoles”, señala Patricia Suárez, presidenta de Asufin
Desde Asufin aseguran que seguirán pidiendo mejores recursos materiales y humanos a la Justicia, siempre que sea en beneficio del justiciable, y piden a las partes en conflicto que lleguen a un acuerdo y acerquen posturas lo antes posible porque los ciudadanos se están viendo afectados.
