La PMP pide al Gobierno un plan integral de políticas ante el reto del envejecimiento

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha reunido este jueves con la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) para abordar la reforma de la Ley de Dependencia y la Ley de Discapacidad, un proyecto aprobado en julio por el Consejo de Ministros, y la imperiosa necesidad de combatir el edadismo y la soledad no deseada.

El ministro Bustinduy enfatizó que la reforma de estas leyes fundamentales establecerá un "nuevo marco legal que promueve la autonomía de las personas mayores en situación de dependencia". Destacó además que esta actualización legislativa no solo ampliará servicios y prestaciones, sino que también reducirá la burocracia y apostará firmemente por la tecnología.

Entre los nuevos derechos subjetivos que se recogen, el ministro resaltó el derecho a la teleasistencia y a la accesibilidad universal. Estas reformas son consideradas "necesarias para actuar ante el reto demográfico" que enfrenta España y serán "clave para desarrollar la Estrategia Estatal que ofrezca un modelo de cuidados más personalizado".

La PMP, por su parte, respaldó categóricamente las reformas en curso de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (LAPAD) y de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad.

La Plataforma calificó estas iniciativas como un "paso normativo muy relevante hacia un sistema más justo, inclusivo, y centrado en las personas" que reconoce derechos esenciales, reduce barreras burocráticas y amplía prestaciones.

Tanto el ministro como la PMP coincidieron en la imprescindible necesidad de estas reformas para hacer frente al envejecimiento de la población, al creciente número de personas mayores en situación de dependencia y con discapacidad, y para modernizar el sistema de cuidados adaptándolo a las necesidades actuales.

Durante el encuentro, la Plataforma de Mayores y Pensionistas aprovechó la ocasión para instar al Ministerio a definir e impulsar una política integral frente al envejecimiento de la población, centrada en la defensa y protección de los derechos de las personas mayores y con discapacidad. Una de las peticiones más destacadas de la PMP fue el desarrollo de una Ley de Derechos de las Personas Mayores, con el fin de avanzar hacia una normativa específica y adaptada a las necesidades reales de este grupo social, colocándolos en el centro de la Agenda 2030 y de la acción pública.

Además, la PMP urgió la aprobación del Reglamento de Accesibilidad Cognitiva y la culminación de la tramitación parlamentaria de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, insistiendo en que ambas normas son cruciales para garantizar un trato digno, accesible y comprensible para las personas mayores y con discapacidad en su interacción con servicios esenciales.

La delegación de la PMP, que incluyó a su presidente Jesús Norberto Fernández y varias vicepresidencias, también mostró su plena disposición a colaborar con el Gobierno en los trabajos preparatorios de la futura Convención Internacional de Derechos de las Personas Mayores, reclamando un papel activo de España en Naciones Unidas y la Unión Europea para impulsar su aprobación.

Finalmente, la PMP subrayó la necesidad de reforzar la presencia efectiva del movimiento asociativo de personas mayores en los órganos de participación institucional y de incorporar de manera transversal la perspectiva de edad en todas las políticas públicas.

Esto incluye aquellas dirigidas a la emergencia climática, como el Pacto de Estado recientemente aprobado, dado que las personas mayores y las personas con discapacidad son "especialmente vulnerables a fenómenos extremos como olas de calor, emergencias sanitarias y desastres naturales".

La reunión, en la que también participó la directora general del Imserso, Mayte Sancho, sienta las bases para una colaboración continuada en pro de una sociedad más justa e inclusiva para todos.