Los problemas para aplicar el nuevo modelo de cuidados: falta de financiación y más solicitudes

La implementación del nuevo modelo de cuidados ha vuelto a enfrentar 'curvas' este 2025. Al igual que ocurrió el año pasado, la prórroga presupuestaria ha provocado que los aumentos en la financiación sean insuficientes para avanzar al ritmo deseado, según han denunciado en repetidas ocasiones desde el sector.

Y además, el contexto demográfico lo pone todo aún más difícil: el número de solicitudes no para de aumentar –desde 2020, más de un 20%– por el progresivo envejecimiento de la población, lo que provoca que la reducción de la lista de espera de la Dependencia se ralentice e incluso que aumenten los tiempos de demora para recibir una prestación.

Con todo, pese a este escenario desfavorable, en 2025 también se han producido avances para seguir transitando hacia un modelo de atención centrada en la persona que se base en sus necesidades y preferencias.

Nueva Ley de Dependencia 

Si 2021 y 2022 fueron los años del Plan de Choque de la Dependencia y del Acuerdo de Acreditación –nuevo modelo de residencias–, y 2024, el de la Estrategia de Desinstitucionalización, este año ha sido el de la tramitación de la reforma de la Ley de Dependencia.

Un cambio, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que comenzó este año su andadura parlamentaria.

Cabe recordar que a mediados del mes de diciembre pasó su primer 'examen' en el Congreso de los Diputados, tras el rechazo de la enmienda a la totalidad planteada por Junts. 

En concreto, este proyecto de ley pretende modificar la legislación aprobada en 2006, durante el primer mandato del expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, con el objetivo de consolidar los derechos ya existentes, ampliar las coberturas y el catálogo y adaptar el sistema a los desafíos del siglo XXI –innovación social, nuevas tecnologías...–. 

Algunas de las medidas incluidas en la reforma son: el establecimiento de una asimilación automática de los grados de dependencia con los de discapacidad, reconociendo un 33% de discapacidad al grado I y un 65% a los grados II y III para agilizar el acceso a derechos y reducir cargas administrativas; la consagración del modelo de sujeciones cero; la teleasistencia se convierte en un derecho subjetivo universal; la flexibilización de los cuidados mediante la creación del servicio de apoyos en viviendas –incluyendo modalidades de cohousing o comunidades autogestionadas– y la posibilidad de organizar la ayuda a domicilio de forma colectiva en entornos próximos; la eliminación del plazo suspensivo de dos años para el cobro de la prestación por cuidado familiar; o el refuerzo de la autonomía personal al poner el foco en el proyecto de vida y las preferencias de la persona; entre otras modificaciones.

Propuestas de mejora

Ahora bien, este proyecto no ha estado exento de crítica, no tanto por las modificaciones que incluye, que, por lo general, fueron bien recibidas en el sector, sino por el riesgo de que pueda quedar en papel mojado, si no se cuenta con la suficiente financiación, tal y como alertaron patronales como la Federación Empresarial de la Dependencia, que lo tildaron de "carta a los Reyes Magos".

Y es que uno de los principales problemas de la ley que se pretende reformar es que nunca ha contado con la suficiente dotación para que los servicios lleguen a todos en tiempo y forma. Y esto explica, en parte, la interminable lista de espera de la Dependencia –también influyen otros factores como la excesiva burocracia o el número creciente de solicitudes por el envejecimiento de la población–. Por ello, desde organizaciones como el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) se ha pedido que, antes de hacer reformas o ampliar derechos, se cumpla con lo establecido y que los cambios incluidos vayan acompañados de fondos.

Otra de las críticas al proyecto de norma ha sido la del riesgo de "desprofesionalización" de los cuidados, como advirtió la patronal AESTE y el Consejo Económico y Social (CES), que también avisaba de un peligro de "estigmatización" de las residencias. 

"El proyecto de ley insiste una vez más en la flexibilización de los requisitos que se establecen para reconocer la prestación económica de cuidado familiar, ahora desvinculándola no sólo del vínculo familiar sino también de la propia convivencia con la persona dependiente. En nuestra opinión, tal posibilidad debería habilitarse únicamente a entornos rurales, donde la proximidad e inmediatez no solo está garantizada, sino que es más difícil poder recurrir a otro tipo de prestaciones profesionales. Ya que, de otro modo, este tipo de medidas con toda probabilidad redundarán en fenómenos de empleo sumergido y desprofesionalizado para atender a las personas en situación de dependencia", subrayaban por su parte los sindicatos CCOO y UGT en un comunicado. 

Además, desde organizaciones como CEDDD, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) o agrupaciones de familiares de usuarios de residencias se han planteado otros aspectos a mejorar, que esperan que sean incluidos en enmiendas parciales. Entre las propuestas se encuentran, por ejemplo, la creación de un Consejo Estatal para el Envejecimiento Activo y los Cuidados de Larga Duración, de órganos de participación y representación en residencias o dar un mayor apoyo a las familias, entre otros muchos. 

Ahora, queda por ver si este tipo de peticiones son recogidas finalmente y si se añaden al texto final. 

El problema de la financiación

Otro de los asuntos centrales que ha marcado el 2025, en materia de Dependencia, ha sido la falta de financiación y la ralentización de los incrementos presupuestarios que comenzaron con el Plan de Choque de la Dependencia 2021-2023. Una medida, concebida con la finalidad de reducir la lista de espera, así como mejorar las condiciones laborales y la calidad. 

Aunque finalmente el porcentaje que aporta el Estado ha crecido en 2025 respecto a 2024, principalmente, por la creación del Grado III+ en aplicación de la Ley ELA –500 millones suplementarios aportados vía Decreto Ley–, el objetivo llegar progresivamente al 50% de aportación estatal, una meta incluida dentro del propio acuerdo de legislatura del Gobierno PSOE-SUMAR en 2023, queda aún muy lejos –se destinaron 3.729 millones de euros, en torno al 30%–. 

Aprobamos 500M€ más para reforzar el Sistema de Dependencia y dar respuesta a la Ley ELA.

Además, hoy creamos el Grado III+, con atención 24h para personas con ELA y otras enfermedades complejas.

Frente a los recortes del PP, que expulsaron a más de 175.000 personas del… pic.twitter.com/c5Q8Tx9KIf

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 21, 2025

Además, sumando todas las aportaciones de las administraciones, España destinaría cerca de un 0,8% de su Producto Interior Bruto (PIB) a políticas de Dependencia, un porcentaje inferior al de la media de la OCDE, que se sitúa en el 1,4%, y al planteado por patronales y sindicatos como CCOO, que piden llegar al 2%, idealmente. 

Esta falta de fondos ha sido reconocida por la propia directora del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Mayte Sancho, que la calificó de "dramática" y desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, cuyo máximo responsable, Pablo Bustinduy, pidió públicamente en junio en el parlamento seguir con estos incrementos.

Es más, a mediados de diciembre, cuando defendía la reforma de la Ley de Dependencia en el Congreso de los Diputados, el ministro aseguró que los cambios contarían "con la financiación necesaria para ser viables y salir adelante", ya que era lo que se reflejaba en el acuerdo de Gobierno firmado en 2023. 

Las consecuencias de la falta de financiación

 

Cabe recordar que la escasez de recursos para la Dependencia es especialmente grave, sobre todo, teniendo en cuenta el reto demográfico –cada vez aumentan más las solicitudes– y que la lista de espera y los tiempos de demora en ser evaluados y recibir una prestación siguen siendo muy elevados. 

En ese sentido, el Observatorio Estatal para la Dependencia de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales hizo público su último informe con datos hasta el 31 de octubre de 2025 y, en él, la organización denunciaba que, en los primeros diez meses de 2025, la lista de espera de la dependencia se había incrementado en 4.992 personas, alcanzando un total de 275.317 personas. Esta cifra incluye a 120.698 personas pendientes de valoración y a 154.619 personas que ya tienen un derecho reconocido, pero siguen sin recibir prestaciones o servicios efectivos, lo que se conoce como el "limbo de la dependencia".

Otro de los indicadores que empeoraba era el tiempo medio de tramitación de un expediente, que aumentaba 16 días desde el inicio de 2025: hasta los 350. En ese sentido, detallaban, sólo cinco territorios (Castilla-La Mancha, Aragón, País Vasco, Castilla y León y Ceuta) cumplían con el plazo legal máximo de seis meses para la tramitación.

Y todo ello se traducía en que la cifra de fallecidos esperando la ayuda ha seguido incrementándose. En lo que va de año, 27.217 personas murieron en esa situación, lo que equivale a la trágica media de 82 personas al día, o una persona cada 18 minutos. De estos decesos, 14.817 estaban esperando la valoración y 12.400 no pudieron ejercer sus derechos. 

Fondos Europeos

Cabe señalar que la aportación estatal también es crucial para avanzar en el nuevo modelo de residencias –en los últimos años se han aportado 200 millones anuales para esta finalidad–. 

Una transformación del sistema de cuidados, que también se ha sufragado con fondos de la Unión Europea NextGenerationEU. Durante esta legislatura, el Gobierno ha transferido más de 800 millones de euros provenientes de Europa, para invertir en teleasistencia, plazas residenciales, plazas no residenciales y centros de día, recordaban en un comunicado del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en octubre de 2025.