Patronales de la dependencia avisan que la reducción de la jornada sería un desastre para el sector

Varias de las principales patronales de la Dependencia se han felicitado del rechazo a la reforma para reducir la jornada laboral propuesta por el Gobierno y han advertido que esta medida iba a poner en riesgo al sector desde el punto de vista económico y operativo. 

Cabe recordar que este miércoles, el Congreso aprobó las enmiendas de totalidad que el PP, Vox y Junts presentaron para devolver al Ejecutivo el proyecto para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. El veto de los tres partidos prosperó con los 178 votos de las tres formaciones y UPN. El resto de fuerzas y diputados votaron en contra de las enmiendas a la totalidad.

"Una presión inasumible"

Ante la decisión de sacar del trámite parlamentario la reforma, la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ha mostrado su satisfacción asegurando que, de haberse implantado en los términos propuestos, habría puesto en grave riesgo la sostenibilidad del sistema de cuidados.

En concreto, han denunciado que el sector "ya enfrenta una escasez crítica de profesionales cualificados, con dificultades crecientes para contratar y retener talento" y que esta medida "sin planificación ni recursos adicionales habría exigido un aumento inmediato de plantilla, algo prácticamente imposible en las actuales circunstancias".

"La atención a las personas dependientes es intensiva en personal y requiere continuidad y especialización; cualquier disminución de horas disponibles sin medidas compensatorias habría generado un escenario insostenible, con riesgos claros de fragmentación del servicio y de pérdida de confianza entre cuidadores y usuarios", precisan.

Además, añaden, en un contexto en que van a ser necesarios más trabajadores por el aumento de demanda –400.000 nuevos dependientes en 2030–, "con una jornada reducida, sin recursos adicionales, el sector habría afrontado una presión inasumible, con riesgos para la continuidad y calidad de los servicios, y con un impacto económico directo sobre las entidades proveedoras y las familias usuarias". 

Es más, desde la FED opinan que "la medida tampoco garantiza mejoras reales para las personas trabajadoras". "La redistribución de tareas entre más profesionales podría derivar en contratos parciales, precariedad y mayores dificultades de gestión en un sector altamente especializado y exigente. Imponer condiciones por vía legislativa, sin negociación colectiva ni consenso social, genera tensiones y amenaza la estabilidad de todo el sistema de cuidados, que requiere coordinación, planificación y flexibilidad para adaptarse a sus particulares necesidades organizativas", indican. 

"Nuestro sector necesita soluciones responsables, consensuadas y sostenibles, no experimentos que agraven la crisis de personal y la viabilidad económica de los servicios", ha valorado Ignacio Fernández-Cid, presidente de la FED, quien entiende que la medida era "una temeridad". 

Por todo ello, la Federación Empresarial de la Dependencia hace un llamamiento a los responsables políticos para que "cualquier iniciativa que afecte a la jornada laboral deba abordarse con planificación, consenso y medidas compensatorias claras". "Repetir la propuesta sin resolver las carencias estructurales del sector sería una acción irresponsable y peligrosa para millones de personas dependientes y para las entidades que les prestan servicio", afirman. 

"Nuestro compromiso es con la sostenibilidad del sistema"

En un sentido similar se ha pronunciado el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (@cea_ps), donde hablan de "desastre en términos de organización y gestión de recursos humanos en un momento caracterizado, además, por el déficit de personal".

“Era una medida que no provenía del Diálogo Social ni de la negociación colectiva, percibida por los empresarios como una injerencia unilateral del Gobierno central, que ignora con esa propuesta los mecanismos de negociación colectiva”, ha señalado el presidente de CEAPs, Rafael Sánchez Ostiz.

Desde dicha patronal además argumentan que a nivel general el impacto que tendría reducir la jornada a 37,5 horas, sin bajar los sueldos, sería de "12.000 millones de euros adicionales para las empresas, que, sumados al coste del absentismo (37.000 millones anuales), elevan la factura global a cerca de 49.000 millones de euros, el equivalente al 4,1% del PIB español". “Para las pymes y los autónomos, esta situación es sencillamente insoportable, y pone en riesgo su viabilidad”, ha advertido Sánchez Ostiz, que ha recordado que la atención a la dependencia es un servicio esencial, que requiere funcionamiento las 24 horas del día y 7 días a la semana, y que no puede absorber incrementos de costes sin poner en peligro la continuidad.

Sánchez Ostiz también ha subrayado que, en este contexto, la sostenibilidad del sector no puede lograrse trasladando el sobrecoste a las personas mayores y sus familias, que ya realizan un esfuerzo económico notable.

Desde la patronal AESTE también reciben "con alivio la decisión del Congreso". "Consideramos que se trata de una resolución responsable, que evita un grave perjuicio al sistema de atención a la dependencia y a las entidades que lo sostienen", indican.

"En un momento en el que el sector de los cuidados afronta importantes dificultades para cubrir puestos de trabajo, aprobar una reducción de jornada sin prever recursos adicionales habría supuesto un riesgo evidente para la continuidad de los cuidados que reciben miles de personas. La falta de profesionales es una realidad estructural, y cualquier medida que incremente las necesidades de contratación sin soluciones que la acompañen acabaría debilitando el servicio en lugar de reforzarlo", puntualizan y piden abordar esta cuestión "en el marco del diálogo social y de la negociación colectiva, donde empresas y trabajadores pueden alcanzar acuerdos adaptados a las realidades de cada servicio y territorio".

Y también desde el sector de la ayuda a domicilio también se muestran satisfechos con la no tramitación de la reforma. Ignacio Gamboa, presidente de la patronal ASADE, ha asegurado que la jornada laboral es una materia central y ha afirmado que cualquier decisión debe venir desde el "consenso" entre sindicatos y empresas.

"Que no se haya impuesto es un paso para permitir ese diálogo y esa negociación que permita adaptar los contratos y mejorar las condiciones, paso a paso y actividad a actividad, y entendiendo cuáles son las necesidades de quienes los prestan", ha comentado. 

Los trabajadores defienden la reducción

Ahora bien, los trabajadores no parecen compartir el punto de vista de las patronales. Desde el sindicato UGT han mostrado su disconformidad con este rechazo a la reforma y han asegurado a 65YMÁS que "la reducción no sólo facilitaría la conciliación personal, laboral y familiar, sino también mejoraría las condiciones laborales". 

Asimismo, han denunciado que "la sobrecarga que tienen los profesionales del sector es brutal. Y, precisamente, el motivo por el que no se encuentran trabajadores son las condiciones laborales". "Mientras no se solucione esto, va a seguir siendo un gran problema", indican. 

En un sentido similar se han pronunciado desde la Plataforma Unitaria de Trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, donde se muestran a favor de la reducción de la jornada que beneficiaría sobre todo, afirman, a las trabajadoras de comunidades que se rigen por el Convenio Marco Estatal de la Dependencia, que es el mínimo, puesto que ya, de facto, se trabaja en varias regiones con convenios de menos de 37 horas en cuidados domiciliarios. 

Además, en la Plataforma denuncian que en su sector existen otros problemas adicionales como "la parcialidad, la falta de reconocimiento profesional, la escasa formación continua, el problema de la evaluación de los riesgos laborales y el nulo reconocimiento de enfermedades profesionales y la precariedad de unos empleos que hacen difícil su conciliación con la vida laboral". Cabe recordar además que los sueldos no distan mucho del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). 

"Si las empresas no encuentran trabajadoras profesionales, no es porque no haya", avisan y aseguran que, "hasta ahora, se ha ido solucionando con las mujeres migrantes", pero que actualmente desde la formación profesional estarían "huyendo una vez terminados los cursos al conocer las condiciones laborales y salariales, buscando otros sectores más reconocidos". 

Desde CCOO no han querido entrar a valorar la postura de las patronales de la dependencia, aunque cabe recordar que el sindicato ha sido un firme defensor de esta reforma. Recientemente, su secretario general, Unai Sordo, ha anticipado que pedirán al Gobierno "un nuevo proyecto de ley sobre reducción del tiempo de trabajo y un reglamento para controlar el tiempo de trabajo de forma efectiva".