Financiación dependencia: la mayoría de CCAA piden que se les dé el mismo trato que al País Vasco

Las regiones siguen con su lucha para intentar lograr que el Estado financie el 50% de la Dependencia. La mayoría llevan meses reclamando activamente al Ejecutivo que cumpla con este compromiso, que figura en el acuerdo de Gobierno PSOE-SUMAR: en 2023, ambas formaciones políticas pactaron continuar "la senda de crecimiento" hasta alcanzar este porcentaje –en 2024 la aportación rondaba el 27%, el resto lo sufragaron las CCAA a través de su presupuesto y del copago–. 

El último Gobierno autonómico en volver a realizar esta petición ha sido la Junta de Andalucía. Su consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, entrevistada en el medio Teleonuba, criticó al PSOE andaluz por haber rechazado una iniciativa en la que se pedía a la administración central que asumiera el 50% de la financiación. 

De esta manera, todas las autonomías gobernadas por el Partido Popular –Madrid, Andalucía, La Rioja, Galicia, Castilla y León, Aragón, Murcia, Extremadura, Cantabria, Comunidad Valenciana y Baleares –, así como otras, como Castilla-La Mancha (PSOE), han realizado esta demanda en público en los últimos meses.

Desde la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias no hablan directamente de un 50%, pero sí aseguran a este diario que, para el Principado, "con un 28% de personas mayores de 65 años (la comunidad más envejecida de España), la financiación del sistema es un tema vital". "Por ello, llevamos años reclamando un incremento sustancial de la aportación estatal", indican y añaden que "el ministro Pablo Bustinduy inició su mandato con el compromiso de mejorar aún más la aportación estatal y culminar la senda iniciada en 2019, tras años de recortes, por lo que confiamos en que así será para el conjunto del país".

Y en el caso de Navarra o Cataluña, ambas gobernadas por el PSOE, 65YMÁS se ha puesto en contacto con ellas para saber si comparten la petición, pero, de momento, no ha recibido una respuesta.

¿Trato de favor a País Vasco?

Uno de los argumentos que las comunidades gobernadas por el PP exponen para defender lo urgente que es cumplir con esta reclamación es que, en el mes de abril, según desveló en mayo la conselleira de Política Social e Igualdade de la Xunta de Galicia, Fabiola García, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se habría comprometido con el País Vasco a aportar el 50% de los fondos. Según aseguraba García, el gobierno gallego habría sido conocedor de esta información al tener acceso a un acta de una reunión bilateral entre el Ejecutivo central y el Gobierno vasco. Este diario se ha puesto en contacto con el Ministerio para conocer más detalles sobre el compromiso y si se extenderá a más regiones, pero aún no ha recibido una contestación.

Ahora bien, fuentes del Gobierno Vasco explican a este medio que "es pública la petición que Aitor Esteban, como congresista y portavoz del grupo Nacionalista Vasco en el Congreso, hizo a Pedro Sánchez para apoyar su investidura a ese respecto". Concretamente, indican, en el texto de la demanda del exparlamentario figura la necesidad de que "el Estado financie el 50% del gasto total en dependencia en Euskadi, pero no que sea de aquí a 2027, sino de continuo". "Además, precisamente, porque el Gobierno español lo hizo público, el resto de las comunidades han pedido lo mismo. Ya no es secreto", aseguran las citadas fuentes, que añaden que desde el propio Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se habría reconocido "públicamente que Euskadi es la que menos porcentaje de apoyo recibe del Estado para financiar" este servicio.

No obstante, por su parte, las comunidades dirigidas por los populares han sentido este compromiso con Euskadi como un agravio comparativo. Y no sólo estas CCAA, también patronales del sector, como la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), lo han entendido como "discriminatorio e inadmisible" y han exigido que se aplique a todas las regiones. Una demanda, que comparten en la patronal AESTE. "No se entiende otro escenario que no sea el equitativo para todas las CCAA, a la hora de cumplir con este compromiso, que es para todos", añaden.

El 50%: una demanda del sector

Y el llegar al 50% a nivel nacional no es sólo una demanda de empresas o de la mayoría de autonomías. Por lo general, se trata de una petición que comparte todo el sector: familiares, trabajadores...

Con todo, matiza el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO (@CCOO), Carlos Bravo, este incremento de la financiación "es imposible sin acuerdos previos" y sin que se produzcan pactos para los Presupuestos Generales del Estado.

Además, puntualiza, hay que tener en cuenta que, "en el gasto de las comunidades se encuentra incluido el copago en servicios de las personas en situación de dependencia". "Desconocemos este gasto por parte de los ciudadanos por falta de información por parte las CCAA, aunque los estudios realizados apuntan a más del 20%, cercano al 30%. Sería recomendable que los responsables de las distintas comunidades facilitaran el gasto real total y el que realiza cada una de ellas, de forma específica", reclama.

Los familiares de dependientes que viven en centros sociosanitarios también creen que se debería llegar al 50% de aportación estatal. María José Carcelén, portavoz de la Plataforma Estatal de Familiares de Residencias de Mayores (@La_Plataforma_1) y presidenta de la Coordinadora 5+1 (@CooResidencias), afirma que es necesario alcanzar este objetivo. "Estamos a años luz de los países de nuestro entorno", indica. "Y hay que recordar que somos una sociedad que envejece a pasos agigantados. Por tanto, no es un debate que podemos dejar para pasado mañana", indica.

Es más, el propio ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, comparte la necesidad de alcanzar este objetivo y presionó en junio para que el Estado asuma este porcentaje "sin dilaciones y sin excusas", tal y como figuraba en el acuerdo de Gobierno de 2023. 

En ese sentido, explicó que la financiación había "aumentado más de un 100%, lo que permite que hoy el sistema atienda a 300.000 personas más y que haya 100.000 menos en lista de espera. Y con ese mismo empeño peleamos y obtuvimos el compromiso de alcanzar ese 50-50 que debe ser honrado", dijo en respuesta a una pregunta del diputado del BNG, Néstor Rego, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

65YMÁS se ha puesto en contacto con su ministerio para conocer qué plazos se dan para lograr este objetivo y si será un objetivo de los próximos presupuestos, pero aún no ha recibido una contestación. 

Por qué es importante la financiación

Cabe recordar que el mantenimiento de la senda de crecimiento de la financiación de la Dependencia es imprescindible, según han explicado desde el sector en reiteradas ocasiones a este diario, para que pueda aplicarse el nuevo modelo de cuidados, se sigan reduciendo las listas de espera y se pueda hacer frente a la evolución demográfica.

Y es que, según las previsiones del propio Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se estima que se producirá un aumento de más de 400.000 personas dependientes en los próximos cinco años, y en 2030 habrá 1,2 millones más de personas mayores de 65 años que en 2023. 

Por ello, desde el sector se ha reclamado desde hace años que el presupuesto destinado a esta partida aumente y llegue idealmente al 2% del PIB –actualmente sería de menos del 0,8%, lejos de la media de la OCDE: 1,4%–.

Sin embargo, en los dos últimos años, en un contexto de prórroga presupuestaria, se ha ralentizado la senda de incrementos de la financiación de la Dependencia.

Cabe recordar que este camino –el del aumento de fondos por parte del Estado– fue iniciado por parte del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, con el Plan de Choque 2021-2023, que pretendía revertir los recortes realizados por el Gobierno de Mariano Rajoy y, al mismo tiempo, mejorar el sistema, las condiciones laborales y reducir la lista de espera. En total, según datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, entre 2014 y 2025 se habrían cuadriplicado los fondos hasta alcanzar los 4.500 millones de euros –este mismo año se habrían transferido a las CCAA 783 millones de euros suplementarios–. 

No obstante, más recientemente, estos aumentos de financiación se estarían frenando. Concretamente, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (@Ascdiresociales) calculaba que en 2024 la aportación estatal rondaba el 27% de media y ha denunciado recientemente que la falta de presupuestos estaría lastrando las políticas sociales.

Además, comenta a este diario que, hasta que no se conozcan los porcentajes de copago, el debate sobre estos datos y si se llega o no al 50%, puede tener cierto sesgo, porque no se sabe realmente la aportación que hace la comunidad. Por todo ello, pide más transparencia tanto a la administración central como a las regiones.