Un estudio propone protocolos diferenciados para proteger a las personas mayores ante catástrofes como la dana de Valencia, ya que las inundaciones del pasado 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia se llevaron por delante la vida de 229 personas, de las que 105 eran mayores de 70 años o más, lo que representa el 46,3 por ciento del total. Además, el 7% de fallecidos superaba los 90 años, pese a que este grupo apenas constituye un 1% de la población afectada.
Los datos de fallecidos en la dana de Valencia representan una "sobremortalidad significativa", según recoge el estudio, realizado por las profesoras e investigadoras Rosa Roig y Ángeles Tortosa, del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat de València y la investigadora Carmen Pineda, de GEGOP de la Universidad Federal de Viçosa de Brasil, ha indicado la institución académica valenciana en un comunicado.
La investigación arroja luz sobre el "desproporcionado" impacto que la dana tuvo sobre la población mayor en la Comunitat Valenciana y subraya cómo los factores estructurales e institucionales "multiplican su vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos extremos", por lo que reclama incluir la longevidad en los planes de riesgo para una gestión "inclusiva y resiliente".
De los datos analizados, las investigadoras extraen que los municipios de Massanassa, València, Catarroja, Alfafar y Benetússer evidenciaron tasas superiores al 60% de víctimas mayores en relación al total local de víctimas.
Esta concentración, según el estudio, revela una concentración territorial de la sobremortalidad que coincide con áreas urbanas densamente pobladas, con "infraestructuras poco adaptadas, altos niveles de envejecimiento residencial y poca accesibilidad para evacuaciones".
La investigación de Rosa Roig, Ángeles Tortosa y Carmen Pineda sobre la vulnerabilidad estructural en la vejez a partir de las lecciones de la dana se ha publicado en el libro Longevidad, justicia social y políticas públicas: miradas interseccionales desde los territorios.
En el trabajo se insiste en cómo la elevada mortalidad no es atribuible únicamente a la fragilidad biológica, sino que la edad, combinada con factores estructurales e institucionales aumenta la vulnerabilidad de este colectivo frente a eventos climáticos extremos.
Así, "la ausencia de censos actualizados, protocolos de alerta diferenciados y planes de evacuación específicos para personas dependientes fueron factores determinantes en la trágica estadística", apunta el estudio, al tiempo que señala que "la gestión institucional tendió a homogeneizar la respuesta, invisibilizando la diversidad funcional y social del envejecimiento, lo que agravó la situación".
La investigación critica que las políticas autonómicas, pese a su grado de avance técnico, no incorporan plenamente una perspectiva interseccional sobre la vejez, limitando las capacidades de resiliencia comunitaria y reproduciendo patrones de exclusión estructural.
Las investigadoras señalan también en el estudio "la necesidad urgente de censos proactivos a nivel municipal sobre personas mayores con dependencia, protocolos diferenciados de evacuación y asistencia, formación gerontológica para equipos de protección civil, y refugios adaptados con condiciones físicas y sanitarias adecuadas".
Sobremortalidad "previsible y prevenible"
La comparación internacional refuerza la urgencia del diagnóstico. Casos como los desastres naturales en Argentina, EE.UU. y Caribe han puesto de manifiesto la efectividad de las brigadas comunitarias de emergencia específicas, la participación activa de personas mayores en la toma de decisiones y el diseño de mapas de vulnerabilidad.
La investigación de la Universitat de València, en línea con las recomendaciones de la OMS y el Marco de Sendai de la ONU, incide en la superación de modelos biomédicos y asistencialistas, apostando por una gobernanza inclusiva y participativa que reconozca los derechos y agencia del colectivo.
Asimismo, las autoras señalan que la sobremortalidad observada en la dana de 2024 fue "previsible y prevenible", y constituye la manifestación concreta de una exclusión institucional persistente. "Adaptar los sistemas de alerta y las políticas de emergencia a la nueva realidad demográfica no es solo una cuestión técnica, sino un imperativo ético para la justicia climática y social en la Comunitat Valenciana", concluyen las investigadoras.
