Los rectores se unen a la petición de una ley que proteja a los mayores del maltrato

ABTE Candelaria, la Asociación por el Bienestar de la Tercera Edad, ha manifestado públicamente su agradecimiento a CRUE Universidades Españolas por el apoyo y el respaldo institucional brindado a su labor en defensa de las personas mayores.

CRUE, que agrupa a 77 universidades en toda España, es un referente nacional en la generación y difusión del conocimiento y tiene un papel fundamental en la sensibilización social sobre los derechos, la dignidad y la protección de los mayores en nuestro país.

Según indica ABTE Candelaria, la coincidencia de objetivos entre ambas entidades, que son promover una sociedad más justa, consciente y comprometida con el papel que merecen los mayores, ha reforzado la importancia de este apoyo institucional. La implicación de una organización universitaria de este calibre representa, mencionan, un impulso decisivo para avanzar en la defensa de los derechos de las personas mayores y fortalecer la conciencia social sobre la necesidad de su protección integral.

La asociación mostró también su agradecimiento a CRUE Universidades Españolas por respaldar la recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular que busca aprobar una Ley de Protección Integral contra el Maltrato a las Personas Mayores.

ABTE Candelaria también destaca que la colaboración de instituciones de prestigio y compromiso social como CRUE ayuda de manera directa a que esta propuesta pueda convertirse en una realidad legislativa en un futuro.

La ILP

La legislación que se propone en la ILP se aplicaría a todas las personas mayores de 65 años en todo el territorio español y busca abordar diversas formas de maltrato, incluyendo el físico, psicológico, económico, negligencia y social (edadismo).

Entre las medidas y puntos clave que contempla se encuentran:

• La implementación de campañas públicas de sensibilización y educación dirigidas a erradicar estereotipos y prevenir situaciones de abuso.
• La garantía de formación específica y obligatoria para los profesionales que trabajen con este colectivo.
• El establecimiento de protocolos de actuación obligatorios en centros sociales, residencias y servicios sociales para la detección temprana del maltrato y su notificación a las autoridades competentes.
• La previsión de medidas de protección inmediata para las personas mayores en situación de riesgo o maltrato.
• La garantía de asistencia integral (jurídica, psicológica y social) y gratuita para las víctimas de maltrato.
• La tipificación de infracciones administrativas (leves, graves y muy graves) con sus correspondientes sanciones.