El Consejo Andaluz del Colegio de Médicos se compromete contra el maltrato al mayor
Realiza una declaración institucional en apoyo de la una ILP contra este problema social
Los impulsores de la ILP contra el maltrato al mayor piden apoyo: "Firmar es un acto de solidaridad"
El Consejo Andaluz del Colegio de Médicos se ha comprometido con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), impulsada por la Asociación para el Bienestar de la Tercera Edad (ABTE Candelaria) contra el maltrato a las personas mayores.
Esta iniciativa busca la aprobación de una Ley de Protección Integral contra el Maltrato a las Personas Mayores, con el objetivo de garantizar la dignidad y el bienestar de este colectivo.

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos ha subrayado la gravedad del maltrato hacia las personas mayores, ya sea físico, psicológico, económico, negligencia o abandono, considerándolo una vulneración de los derechos humanos y un atentado contra la dignidad de quienes han contribuido al desarrollo de nuestra sociedad.
En su declaración, destacan cinco puntos clave: la urgencia de una legislación específica y eficaz, el apoyo a la iniciativa de ABTE Candelaria, el compromiso de promover campañas de sensibilización y formación, la solicitud de tramitación urgente de la ley y la invitación a la ciudadanía, entidades sociales y grupos políticos a sumarse a esta causa mediante la recogida de firmas.
En ese sentido, el presidente del Consejo, Alfonso Carmona Martínez, ha hecho un llamado a la sociedad para trabajar juntos en la construcción de un entorno más justo, inclusivo y solidario, donde las personas mayores puedan vivir libres de cualquier forma de violencia o maltrato.
La ILP
Según se estipula en el texto, al que ha tenido acceso 65YMÁS, la legislación que se propone en la ILP se aplicaría a todas las personas mayores de 65 años en todo el territorio nacional y busca abordar diversas formas de maltrato, incluyendo el físico, psicológico, económico, negligencia y social (edadismo).
Entre las medidas y puntos clave que contempla se encuentran:
- La implementación de campañas públicas de sensibilización y educación dirigidas a erradicar estereotipos y prevenir situaciones de abuso.
- La garantía de formación específica y obligatoria para los profesionales que trabajen con este colectivo.
- El establecimiento de protocolos de actuación obligatorios en centros sociales, residencias y servicios sociales para la detección temprana del maltrato y su notificación a las autoridades competentes.
- La previsión de medidas de protección inmediata para las personas mayores en situación de riesgo o maltrato.
- La garantía de asistencia integral (jurídica, psicológica y social) y gratuita para las víctimas de maltrato.
- La tipificación de infracciones administrativas (leves, graves y muy graves) con sus correspondientes sanciones.



