Lunes 2 de enero de 2023
ACTUALIZADO : Lunes 2 de enero de 2023 a las 6:20 H
25 minutos
Los mayores hablan claro: "Queremos que nos respeten y que nuestra opinión cuente"
10 conquistas de los mayores en los 3 años de 65YMÁS: pensiones, empoderamiento y cambiar la banca
Los mayores NO son una carga y podemos demostrarlo: 10 cifras que lo corroboran
ACTUALIZADO
Nuestro país tiene muchas urgencias que resolver y los sénior quieren poner en centro del debate público aquellas que las afectan más directamente. Algunas preocupaciones de los mayores son comunes al resto de ciudadanos, como el elevado coste de la cesta de la compra, la factura de la luz y el gas o el cambio climático. Y otras, propias, como las pensiones, las residencias o la exclusión financiera. Estos son los 23 retos de los mayores para 2023.
En enero de este 2022 entraba en vigor la primera pata de la reforma de las pensiones. 2023 será el año de la segunda parte de la reforma, que ahora negocia el Gobierno con los agentes sociales. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, maneja la extensión del periodo de cómputo de las pensiones, teniendo en cuenta que los últimos años de cotización no son necesariamente los mejores. Y, por otro lado, el destope tanto de la base máxima de cotización como de la pensión máxima. Son dos asuntos delicados, por su impacto en la cuantía de las pensiones y porque podrían enfrentar las posiciones del Gobierno, los sindicatos UGT y CCOO y las patronales CEOE y Cepyme.
El Consejo de Ministros aprobaba el pasado 27 de diciembre el Real Decreto por el que las pensiones contributivas suben para 2023 un 8,5%, en virtud de la fórmula de revalorización establecida en la primera pata de la reforma de las pensiones, en vigor desde pasado 1 de enero de 2022.
En concreto, este incremento del 8,5% es el resultado de la media del IPC entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022. Con esta subida, las pensiones mínimas contributivas aumentarán aproximadamente entre 18 y 113 euros al mes, dependiendo de la clase de pensión y de las circunstancias personales. Además, dentro del sexto paquete de medidas anticrisis también se incluye la prórroga a la revalorización del 15% para las pensiones no contributivas, una medida que ya se aplica desde el pasado mes de julio.
Expertos como Enrique Devesa (@DevesaCarpio), profesor titular de Economía Financiera y Actuarial de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, explican a este medio que el Gobierno ha aplicado la subida, porque hace apenas un año que introdujo esta reforma y porque 2023 es año electoral, pero que, a futuro, es insostenible.
Que la Real Academia Española (RAE), incorpore la palabra 'edadismo' en el dicicionario, con la actualización 23.6 del Diccionario de la lengua española, presentada el pasado 20 de diciembre es todo un logro. La define como "discriminación por razón de edad, especialmente de las personas mayores o ancianas". En los últimos años, varias asociaciones de mayores reclamaban la inclusión de este término, considerando que sería "una aceptación que ayudaría a reconocer este grave problema que afecta a millones de personas mayores en todo el mundo".
Ahora, el reto es erradicar, efectivamente el edadismo en todos los ámbitos, y muy especialmente en el laboral. Porque los mayores siguen siendo discriminados en el mercado de trabajo por su edad, el paro sigue siendo más elevado entre la población de más edad y las empresas, en especial en el sector bancario y asegurador, siguen prescindiendo del talento sénior. De hecho el último plan masivo de prejubilaciones se anunció a punto de acabar el 2022.
La asociación de jubilados anticipados con 40 o más años de cotización, ASJUBI40 (@asjubi40), ha llevado ante las instituciones europeas su batalla contra la Ley española de coeficientes reductores de pensión en largas carreras de cotización. Es un colectivo penalizado en sus pensiones con recortes, después de haber cotizado 40 años o más. Luchan por sus derechos y no van a desistir. Piden la supresión de los coeficientes reductores de pensión que padecen y no van a cejar en su empeño. No hay un calendario previsto, pero esperan que a lo largo de 2023 Europa se pronuncie al respecto.
En España el nivel de ahorro a través de los planes de pensiones de empleo no llega al 1% de la masa salarial de la población activa ocupada. Apenas alcanza a poco más del 10% de los trabajadores. La ley de impulso a los planes de pensiones de empleo entró en vigor en julio, aunque algunos aspectos de la misma arrancarán su vigencia el 1 de enero de 2023, como los límites a las aportaciones empresariales anuales. Su objetivo es facilitar el acceso a estos mecanismos de ahorro a los trabajadores de rentas medias y bajas, a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a funcionarios de administraciones públicas pequeñas que no tenían posibilidad de acceder a planes colectivos de empleo.
Incluye nuevos incentivos fiscales, contempla la creación de fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos y de planes simplificados, orientado a facilitar la generalización de los mismos desde la negociación colectiva sectorial.
2023 podría ser su año, aunque los expertos consultados por este medio apuntan a que la actual crisis no favorecerá que las empresas apuesten por este instrumento de ahorro para sus trabajadores, ni que lo hagan por el momento los autónomos, ya muy asfixiados.
En el mes de febrero, las principales patronales bancarias firmaban un procotolo con medidas concretas para mejorar la atención personalizada de las personas mayores. Reconocían que la digitlización bancaria había avanzado a gran velocidad, dejando a muchas personas atrás. Seis meses después “se está avanzando, si, pero más despacio de lo que nos gustaría” explica a 65YMÁS Ángel Rodríguez Castedo, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP). Han mejorado “unos bancos más que otros, la velocidad es distinta según las entidades”, asegura.
“Gestiones sencillas y concretas como meter dinero, sacar dinero, relacionadas con las pensiones, que antes se hacían normalmente en las oficinas. Ahora, con los cierres, y con la escasez de personal te mandan al cajero para ese tipo de trámites. Y el cajero sigue sin ser amigable, no es próximo. Instamos a las patronales bancarias a que acelere el ritmo”, asegura Ángel Rodríguez. “Yo espero que en el primer semestre de 2023 veamos en todo el territorio cajeros accesibles y amigables: con luz más fuerte, con letras más grandes, ritmo más lento, que las operaciones más sencillas se hagan en tres pasos, fáciles, que sean asequibles para los mayores”, concluye el presidente de la PMP.
“Sigue habiendo un gran número de mayores que no tienen cerca de su casa, ni en su localidad, una oficina bancaria ni siquiera un cajero. Ahí hay que hacer un esfuerzo”, insiste Ángel Rodríguez, presidente de la PMP.
El pasado mes de julio las patronales bancarias firmaban un acuerdo con Correos para que todas las personas que habitan en pequeños municipios rurales tengan acceso al dinero en efectivo, tanto en los puntos de atención de las oficinas postales como en sus propios domicilios. Sin embargo, este acuerdo marco debe ser suscrito entidad por entidad. Y no parece que esté asunto sea prioritario para los bancos, dado que ninguna entidad ha firmado el acuerdo, más allá de las que previamente ya trabajaban con Correos: Banco Santander, Ibercaja, Evo Banco, Banco Mediolanum, Triodos Bank y Bancofar.
“Uno de nuestros retos más importantes es seguir luchando para acabar con la brecha digital, ya que como ciudadanos de pleno derecho nos gustaría que no nos viesen como meros consumidores de servicios, sino como personas que aportamos a la sociedad”, asegura Josep Carné, presidente de Fatec.
“La digitalización es un extraordinario avance que nos trae elementos tremendamente positivos. Las personas mayores queremos subirnos a ese carro y no queremos quedarnos atrás, pero la brecha digital está ahí y es una realidad para los mayores” explica Ángel Rodríguez, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP). “Hay mayores que tienen estudios, que tienen poder adquisitivo y acceden a la tecnología porque se pueden permitir contar con dispositivos. Pero no debemos olvidarnos de un gran número de mayores, en el mundo rural, o con pensiones muy pequeñas”, añade.
“En relación a la brecha digital todo se focaliza en los bancos, y hay que seguir luchando porque sigue habiendo problemas. Pero tampoco perdamos de vista las otras grandes empresas prestadoras de servicios esenciales o las administraciones”, asegura. Y si este año los mayores han logrado avances con la banca, en 2023 se centrarán en estos otros sectores y la administración. Han iniciado contactos políticos y sociales para que el ordenamiento jurídico recoja el derecho a ser atendidos de forma presencial en los bancos, en las empresas de servicios esenciales y en la administración.
En el marco de la lucha contra la brecha digital, las administraciones públicas deben mejorar mucho para facilitar la relación con los mayores. Sin embargo, desde la PMP hacen capítulo aparte para el INSS.
“El teléfono es un robot y es imposible hacer ninguna gestión a través de él. Incluso para gestiones muy elementales. Pero es que estamos hablando del organismo que tamita las pensiones y al que deberíamos dirigirnos para realizar consultas, y es imposible hacer nada de esto”, explica. “Vamos a tener que poner en marcha una campaña con el INSS como la de Carlos San Juan con la banca, porque un organismo que ha sido modélico, que funcionaba de una forma extraordinaria, ahora maltrata a la gente. No podemos permitirlo”.
El 2023 es año electoral. Las 13 comunidades españolas no históricas (todas excepto Andalucía, Catalunya, Galicia y País Vasco) celebrarán elecciones autonómicas el 28 de mayo de 2023, coincidiendo con los comicios municipales. Elegirán sus Parlamentos autónomos Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja. Y en noviembre habrá elecciones generales si el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos y PSOE agota la legislatura. Así, 2023 es un año en el que los mayores pondrán sobre la mesa sus reivindicaciones.
La primera demanda de los mayores es, sencillamente, que se escuche su voz. “Nuestros retos son los de siempre: mayor presencia, mayor respeto, mayor representación, que se nos tenga en cuenta cuando se toman decisiones que nos afectan directamente o cuando nosotros podemos aportar la experiencia y no decidir nada de manera partidista con un solo punto de mira”, dice Marina Troncoso, presidenta de CAUMAS, la Confederación Estatal que agrupa a las Asociaciones de los Programas Universitarios de Personas Mayores.
“El personal que trabaja en los centros es el eje primordial en el que se sustenta la atención. No podemos admitir una ratio de 0,31 de cuidador o gerocultor para el 31 de diciembre de 2023, incrementado en dos raquíticas centésimas anuales para llegar a 0,43 el 31 de diciembre de 2029” dicen desde la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias. El nuevo modelo de residencias de Ione Belarra no convence ni a familiares, ni a Comunidades Autónomas ni a las patronales, aunque sí ha recibido el beneplácito de organizaciones de geriatras y gerontólogos y la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA).
Según este nuevo modelo las nuevas residencias deberán tener una capacidad máxima de 120 plazas en zonas urbanas (90, en ciudades medianas, y 75, en el mundo rural); contar con un 65% de habitaciones individuales; ser hogareñas; aplicar una atención centrada en la persona; contar con una ratio de trabajadores (sanitarios y cuidadores) de 0,51 y dividirse en unidades de convivencia de 15 personas, entre otras medidas. Los familiares denuncian inconcreción, en algunos casos y falta de detalle en torno a cómo e vigilará y las inspecciones sobre el cumplimiento.
Hay un aspecto que no aborda en profundidad el nuevo modelo de residencias del Gobierno y que ahora mismo centra las preocupaciones en las residencias: la alimentación. “La comida es tan deleznable que estamos horas y horas sin comer nada” denunciaba recientemente Mariano Turégano, un hombre de 82 años que acudía al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes para criticar la situación de la residencia donde vive. Denuncias de platos de pescado de segunda, llenos de raspas, purés aguados, carne siempre rebozada, platos irreconocibles. En definitiva, una alimentación de poca calidad y escasa cantidad.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, se ha comprometido a estudiar las demandas de la plataforma Marea de Residencias (@MareaResidencia), que pedía menús más saludables en las residencias de mayores, y ha anunciado que elaborarán una guía con recomendaciones nutricionales para que las comunidades autónomas las apliquen en los menús de los centros residenciales.
España ostenta el triste récord de estar a la cabeza en el uso de sujeciones o contenciones a personas mayores o con alteraciones cognitivas de todos los países desarrollados. Se calcula que unas 55.000 personas mayores sufren sujeciones. El Ministerio de Derechos Sociales ha propuesto un plazo máximo de 3 años para la supresión total de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas en las residencias de mayores.
“Es uno de nuestros principales retos. Queremos luchar por acabar con las sujeciones en los centros a través de la formación de los profesionales de los centros de personas mayores para que intenten transformar sus centros” asegura Vicente Perez, director de Confemac. Para la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) erradicarlas en su totalidad será "muy complejo", e incluso "una utopía" y el plazo establecido por el Gobierno es un ‘brindis al sol’.
”La gente quiere vivir y morir en su casa” aseguran desde la PMP. Pero para evitar ir a una residencia y seguir en la vivienda propia, hay que desarrollar las ayudas a domicilio. “España tiene el suficiente potencial económico, tiene que invertir en esta zona del Estado del Bienestar”, asegura Alberto rodríguez. “Más personal, mejor pagado, con mayores cualificaciones, que no solo haya auxiliares de ayuda en el domicilio. En los países nórdicos, por ejemplo, los terapeutas juegan un papel muy importante en la ayuda al domicilio. Hablamos, por ejemplo, de fisioterapeuta y otros profesionales”.
“Debe haber más financiación para la atención al domicilio para que la gente pueda optar por quedarse en casa. Y luego, progresivamente, ir cualificando el personal e incrementando las horas de prestación de esta ayuda”.
El cohousing se perfila como la gran alternativa a las residencias para las personas mayores. El modelo está basado en compaginar los espacios privados en los inmuebles con amplias zonas comunes y, sobre todo, en potenciar el consumo colaborativo entre los vecinos, quienes son promotores y usuarios finales. En 2023, Madrid abrirá una Oficina de Apoyo al ‘Cohousing Senior’ para orientar a todos aquellas cooperativas o ciudadanos que estén interesados en crear nuevas viviendas para mejorar la situación de las personas mayores. El ayuntamiento, además, cederá tres solares para este uso, situados en diferentes distritos de la capital.
Alberto Bohórquez, presidente de Albor Consultor y socio y miembro del equipo de liderazgo y grupo de calidad de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) considera que hay que invertir más en Atención Primaria, lo que “es imprescindible porque los asuntos sobre el envejecimiento saludable, la prevención y el control de la cronicidad está en este primer nivel asistencial”.
En la misma línea, Alberto Rodríguez, presidente de PMP asegura que, en relación a la sanidad, “nuestra prioridad está en el tema de la atención primaria y la atención telefónica porque la situación es terrible. No te cogen el teléfono, si lo hace te atiende un robot, y no te dan cita, o lo hacen para dentro de mucho tiempo, o la cita es telefónica y no presencial. Falta personal, están mal pagados. Debe incluirse en la agenda pública como un tema prioritario. Las comunidades autónomas se tienen que poner las pilas”, insiste.
El 11% de los españoles se ha sentido solo durante el último año, según un informe de la Comisión Europea. Una cifra que subió hasta casi el 20% durante la pandemia. “¿Cómo es posible que no haya un marco de actuación a nivel estatal, con la participación de las comunidades autónomas y con la federación de municipios y provincias?, porque son los ayuntamientos quienes pueden llegar hasta las personas que viven solas” se pregunta el presidente de la PMP. “Hay muchas personas que buscan la socialización, pero muchas otras no salen de casa, por temas médicos, o porque su vivienda no tiene accesibilidad”.
Más País acaba de presentar en el Congreso una proposición no de ley para combatir la soledad no deseada. “Queremos que las administraciones se ocupen de este problema como una cuestión importante, central y, por tanto, que le dediquen recursos”, defendía su portavoz, Iñigo Errejón.
El 75% de inmuebles no son accesibles, y el 40% de edificios con 4 o más plantas todavía no cuentan con ascensor. “No podemos permitir que haya personas que viven en su casa y no salgan porque su edificio no es accesible”, asegura el presidente de la PMP. “Además, debemos hacer amigables las ciudades. Que permita a las personas salir, vivir sus ciudades y pueblos, interactuar con sus vecinos. Es un tema con el que seguiremos luchando en 2023, cuesta entender que no haya un acuerdo sobre esto. Somos pacientes, todo no se puede conseguir en poco tiempo, pero si no se inicia el camino nunca llegaremos. Hay que arrancar y ya se irá perfeccionando y se irá incorporando presupuesto, voluntarios, profesionales…” añade.
2023 ha de ser el año de revertir las cifras. La rehabilitación de edificios es uno de los focos de las ayudas de los fondos Next Generation. Los fondos que nuestro país no utilice serán devueltos a la Unión Europea.
“Hay que poner en valor a la gente que se jubila pero que no se jubila de la vida”, exige el presidente de la PMP. Desde Confemac, su director, Vicente Pérez asegura que “tenemos la mirada puesta en el envejecimiento activo porque las personas mayores una vez se jubilan siguen estando activos, y no se está aprovechando ni su sabiduría ni su experiencia, ni su potencial”.
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) apuesta por el envejecimiento activo y saludable para prevenir problemas de salud y por una mayor participación de los sénior en la toma de decisiones que les afecten.
“Son muchas las personas mayores que nos llaman informando de que están sufriendo malos tratos” confirma Vicente Pérez, director de CONFEMAC. “Queremos conseguir el buen trato a los mayores y por eso seguiremos trabajando con nuestro teléfono del maltrato. Queremos dar orientación y dar charlas de prevención tanto a los mayores como a los profesionales”.
“Los cuidados son la cuarta pata del estado del bienestar”, recuerda el presidente de la PMP. “Cómo y dónde cuidamos a la gente mayor en sus últimos años de vida es un tema de gran relevancia”.
“Todos compartimos el camino al que se orienta el nuevo modelo residencial, para hacer que las residencias se parezcan más a un hogar. Pero esto exige inversión, también hay que abrir los perfiles profesionales como se ha hecho en otros ámbitos del estado del bienestar, y hay que alcanzar un gran pacto con el sector privado, porque para que invierta debe tener garantizado el retorno.”
Dado el ritmo con el que ha comenzado la inoculación de la cuarta dosis de la vacuna anticovid con los 390.000 mayores que viven en residencias, el 2023 arranca con los deberes hechos. Siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Salud Pública los mayores ya están vacunados con la cuarta dosis de la vacuna. Ante la posible estacionalidad de la infección, habrá que ver si esta segunda dosis de recuerdo es la última o no.
Seguimos pendientes de la evolución del coronavirus, y de las diferentes variantes y casos. Cuando creíamos que el 2023 podría ser el año en que pandemia se diera por finalizada, China a vuelto a abrir la caja de pandora y ha hecho saltar todas las alarmas. Ante la elevada transmisión del coronavirus en China, España se suma a la política puesta en marcha por otros países y va a solicitar a los pasajeros procedentes del país asiáticos un test negativo de Covid-19 o, en su defecto, la pauta completa de vacunación.
