Fedea pide aclarar el papel de las cotizaciones: "Una parte no tiene impacto en la pensión futura"
Alerta de la presión fiscal, situada "por encima de la media de países OCDE y cerca de la UE"
Fedea plantea retrasar la edad de jubilación y subir las pensiones menos que el IPC
Algunas de las medidas aprobadas por el Gobierno para tratar de corregir el déficit contributivo de las pensiones, de cara al envejecimiento de la sociedad y la próxima y masiva jubilación del babyboom, "van en la línea de acentuar el carácter impositivo de las cotizaciones, de manera que una porción de estas no tendrá, de manera explícita, ningún impacto en la cuantía de las prestaciones a recibir en el futuro. Es una forma de aplicar un impuesto selectivo sobre nóminas articulado en varios tramos".
Así lo constata la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea @socialfedea), en un informe publicado este jueves, realizado por José Manuel Domínguez (Universidad de Málaga), donde repasa la situación del sistema fiscal español y se apuntan algunas posibles líneas para su reforma.
El estudio reclama que se clarifique el papel de las cotizaciones: "A menudo son objeto de crítica por el hecho de que, puesto que hay una base máxima de cotización, los importes salariales que exceden de dicho tope quedan libres de contribución. Así, el porcentaje efectivo que representan las cotizaciones sobre el salario total va disminuyendo a medida que las retribuciones van por encima de la base máxima. Ahora bien, tampoco esas cuantías superiores generan ningún derecho a prestación, con lo cual la referida regresividad es irrelevante a tal efecto".
"Impuesto selectivo sobre las nóminas"
Fedea detalla que en el sistema español existen diversas vías de cotización que muestran su uso como "impuesto selectivo sobre nóminas":
- El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que empezó a aplicarse en 2023, concretado en un incremento generalizado de las cotizaciones, del 0,8% en su conjunto (empleadores y empleados), cuyos recursos van destinados a dotar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
- El destope de la base máxima de cotización (58.914 euros en 2025), que se separa cada vez más del importe de la pensión máxima (45.746 euros), con lo cual hay una fracción de las cotizaciones (las que corresponden al salario comprendido entre el importe de la pensión máxima y el de la base máxima) que no va a tener ningún efecto para el cálculo de la pensión de jubilación.
- La cuota de solidaridad, consistente en una cotización adicional sobre la parte de las remuneraciones salariales que exceda de la base máxima de cotización. La cuantía de este nuevo gravamen, inicialmente del orden del 1%, irá aumentando gradualmente en el tiempo, hasta llegar, en 2045, en su tramo más alto, al 7%, aclara en informe de Fedea.

A título de ejemplo, el autor del estudio cita que una persona con una retribución anual íntegra de 70.000 euros en 2025 afrontará una cotización total (empresa y trabajador) por contingencias comunes de 16.673 euros (de los que 3.727 euros son realmente la cuantía de un impuesto), una carga del mecanismo de equidad intergeneracional de 471 euros, y una cuota de solidaridad de 106 euros.
"Es decir, en el caso planteado, una cuarta parte de las contribuciones totales tiene un carácter impositivo, sin repercusión directa en la pensión a devengar, y ello con independencia del componente redistributivo antes mencionado. Para una remuneración anual no superior a la base máxima, la proporción es del 2,8%", explica el informe.
Ajustes por inflación en el IRPF y aplicar un IVA neutral
Fedea subraya asimismo que España necesita una significativa reestructuración de sus finanzas públicas, tanto por el lado del ingreso como del gasto, para garantizar su sostenibilidad y generar suficiente espacio fiscal para poder hacer frente a los difíciles retos que afronta el país y a futuras perturbaciones.

Entre estos retos, se destacan los derivados del rápido envejecimiento de la población, del cambio climático y de la complicada situación geopolítica actual.
Según este informe, la presión fiscal en España ha aumentado en las últimas décadas muy considerablemente, hasta situarse por encima de la media de los países de OCDE y muy cerca de la media de la UE. El autor apunta que, en comparación con el promedio de la OCDE, la estructura tributaria española se caracteriza por un mayor peso de las cotizaciones sociales y los tributos sobre la riqueza, y un menor peso de la imposición sobre el consumo y las rentas societarias.
Entre las medidas de reforma sugeridas figuran centrarse en la ampliación de las bases imponibles, la moderación de los tipos de gravamen, introducir ajustes por inflación en el IRPF o buscar una mejor integración entre el IRPF y el Impuesto de Sociedades. También aplicar un IVA neutral y uniforme, acompañado de la introducción de compensaciones para hogares con rentas bajas por la eliminación de los tipos reducidos y exenciones.


