Mutualistas y plus por hijo: la AIReF alerta del coste de las sentencias judiciales en pensiones
La obligación de devolver el IRPF a pensionistas de mutualidades supone casi 6.000 millones
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF @AIReF_es ) ha publicado este miércoles un nuevo informe donde analiza el impacto de perturbaciones macroeconómicas sobre las cuentas públicas, y calcula que el gasto de la Administración Central en sentencias judiciales adversas ascendió a 19.407 millones durante el periodo 2014-2025, lo que equivale a un gasto medio anual de 1.617 millones.
El organismo independiente, que dirige Inés Olóndriz, cuantifica que, en estos años recientes, las sentencias judiciales contra el Estado tuvieron un impacto conjunto sobre el déficit público superior a 14.400 millones de euros. En concreto, el efecto ascendió a más de 11.200 millones en 2024 (el 0,7% del PIB) y a 3.100 millones en 2025.

La AIReF subraya el volumen que ha supuesto, por ejemplo en 2024, la sentencia por el IRPF de pensionistas de mutualidades laborales (casi 6.000 millones de euros), por el complemento de brecha de género (impacto de 1.108 millones de euros en 2024 y 529 millones en 2025) o por la inconstitucionalidad de la reforma del impuesto sobre Sociedades (más de 3.000 millones).

Las sentencias sobre mutualistas cuestan casi 6.000 millones
El documento de la AIReF destaca el gran litigio que ha supuesto la devolución del IRPF a antiguos mutualistas del siglo XX, con un coste de miles de millones de euros para las arcas públicas.
Las sentencias del Tribunal Supremo 255/2023 y 20/2024 reconocen el derecho de los pensionistas que cotizaron a las antiguas mutualidades laborales a aplicar una reducción en el rendimiento del trabajo del IRPF, para evitar la doble imposición de aportaciones no deducibles realizadas entre 1967 y 1978.
El Tribunal estableció que solo debe integrarse en la base imponible el 75% de la pensión correspondiente a dichos periodos y aclaró que el cálculo de la reducción debe realizarse considerando únicamente los 35 años necesarios para alcanzar el 100% de la pensión, lo que incrementa las devoluciones para quienes superaron ese periodo de cotización.
En ejecución de estas sentencias, la Agencia Tributaria habilitó inicialmente en 2024 un procedimiento de solicitud de devoluciones de forma escalonada, pero posteriormente se estableció la posibilidad de solicitar en 2025 la devolución de todos los ejercicios no prescritos.
Respecto a la cuantificación de este impacto, la Autoridad Fiscal afirma que de estas sentencias se derivan en un coste de 5.038 millones de euros en el déficit de la Administración Central en 2024, pero si se considera también el efecto en las administraciones forales, el impacto conjunto sobre el déficit del total de las administraciones públicas se elevó a 5.936 millones.
"La sentencia ha supuesto una minoración de ingresos por IRPF en 2024 por la campaña de 2023 que ascendió a 984 millones y cuyo efecto se extenderá a los ejercicios siguientes. Respecto a las devoluciones extraordinarias de ejercicios anteriores, en 2025 su impacto ascendió a unos 2.700 millones y se prevé para 2026 un importe de 750 millones adicionales, lo que ya no afecta al déficit porque estas devoluciones ya se registraron en el déficit de 2024. En caso de que las devoluciones finalmente realizadas superaran la estimación de 750 millones, sí que tendría impacto en déficit por el exceso", detalla la AIReF.
Impacto de pagar el complemento de maternidad a hombres
El complemento por maternidad en las pensiones contributivas, introducido en 2016, fue sustituido para las nuevas pensiones por el complemento para la reducción de la brecha de género, vigente desde febrero de 2021.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de septiembre de 2023 (C-113/22) consideró discriminatorio que se exigieran a los hombres requisitos adicionales respecto de las mujeres para acceder al complemento para la reducción de la brecha de género, con efectos retroactivos. Esta resolución impone el reconocimiento del complemento en condiciones de igualdad, lo que implica, por un lado, costes derivados del abono de atrasos en los casos afectados y, por otro, un incremento del gasto que se consolida y se proyecta sobre ejercicios futuros al elevar la pensión media del sistema.
El impacto para los fondos de la Seguridad Social fue de 1.108 millones de euros en 2024 y 529 millones en 2025.
'Gastos impropios' y pensiones no contributivas
El informe analiza asimismo el uso del Fondo de Contingencia del Estado, revelando que se ha utilizado de forma recurrente para financiar gastos de la Seguridad Social que estaban infradotados en los presupuestos iniciales:
- Gastos impropios. Desde 2021, el Fondo de Contingencia se incrementó significativamente para cubrir, entre otras políticas, la progresiva financiación de los gastos impropios de la Seguridad Social asumidos por el Estado.
- Pensiones no contributivas y prestaciones. Las pensiones no contributivas, junto con el gasto en dependencia, el Ingreso Mínimo Vital y otras prestaciones de la Seguridad Social, han absorbido conjuntamente el 8% del importe total histórico del Fondo de Contingencia.
Otros gastos con impacto en la Seguridad Social
También tienen impacto en las cuentas de la Seguridad Social determinados gastos para abonar compensaciones por desastres naturales, ya que el sistema de Seguridad Social asume costes directos para proteger a trabajadores y empresas afectadas:
- DANA de 2024. Dentro del Fondo de Contingencia específico creado para la DANA, se destinaron 724 millones de euros para atender medidas específicas en materia de Seguridad Social. Dentro del gasto no financiero derivado de la DANA, las medidas en materia de Seguridad Social supusieron un impacto estimado de -653 millones en 2024 y -683 millones en 2025, incluyendo 89 millones destinados a medidas relativas a los ERTE.
- Temporales y borrascas. En respuesta a las borrascas de febrero de 2026, la Seguridad Social asumió un impacto estimado de 14 millones de euros para financiar la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos.
