Amistades peligrosas

“Me gusta la gente capaz de criticarme constructivamente y de frente, pero sin lastimarme ni herirme. La gente que tiene tacto. Me gusta la gente que posee sentido de la justicia. A estos los llamo mis amigos”. 

He tomado ese párrafo del poema de Mario Benedetti, La gente que me gusta, para iniciar un relato que es la antítesis de lo que nos propone el escritor uruguayo porque, de lo que voy a tratar hoy es de las amistades peligrosas, es más, de las amistades dañinas.

Se trata de un caso que atendimos desde el SEAP (Servicio especializado de atención a las personas mayores), que depende estructuralmente del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

Manuel (nombre ficticio), era un hombre de 89 años, que vivía en una residencia geriátrica. Era viudo y no tenía hijos. En el informe de derivación realizado por la dirección de la residencia se hacía constar que desde que falleció su esposa, Manuel apenas recibía visitas. Unicamente acudían a verlo un “amigo”, que cuidaba de una finca de su propiedad, una amiga y vecina de toda la vida, un empleado de la gestoría y pocos más. Manuel tenía dificultades para la movilidad debido a que tenía una extremidad inferior amputada.

El motivo de la derivación al SEAP fue que desde el centro geriátrico se venía detectando que una persona estaba haciendo un uso indebido de la tarjeta de crédito de Manuel con la que realizaba compras por internet. Esas compras suponían considerables cantidades de dinero. En el informe se añadía que se habían detectado numerosos movimientos por parte del cuidador de la finca, del empleado de la gestoría y de un profesional de una conocida entidad bancaria. Este último lo había convencido para que adquiriera un móvil de alta gana que, posteriormente, Manuel no supo utilizar.

Pocos días después de haber recibido la petición de intervención, el equipo del SEAP se reunió con la dirección del centro geriátrico y en ella se acordó que realizaríamos una entrevista exploratoria. 

En esa entrevista pudimos corroborar y contextualizar la información que nos había facilitado la dirección del centro. Manuel era propietario de un piso y de una finca de varias hectáreas en el área metropolitana de Barcelona. Mientras fue autónomo, Manuel realizó sus gestiones económicas acudiendo él mismo a la oficina bancaria. Sin embargo, a raíz de la amputación de la extremidad inferior izquierda, lo hizo acompañado de su “amigo”, el señor F., el que cuidaba de su finca. En la entrevista que mantuvimos con Manuel, éste explicó que había vendido su finca al señor F, su amigo, por un importe de 30.000 euros; sin embargo, no constaba ningún tipo de documento legal que acreditara dicha venta.

En cuanto al móvil de alta gama, Manuel nos explicó que, en efecto, un empleado de la oficina bancaria, a quien conocía desde hacía años, se lo había vendido por un importe elevado, superior a los 1.000 euros, pero que él no solo no sabía cómo utilizarlo sino que, además, “no lo necesitaba”.

En la entrevista exploratoria procedimos a la valoración médico psiquiátrica habiendo obtenido previamente su consentimiento y con conocimiento de la dirección de la residencia. La exploración puso de manifiesto la existencia de lagunas de memoria tanto en el relato de su vida como en las pruebas de valoración del estado cognitivo. La orientación diagnóstica fue de deterioro cognitivo moderado.

Posteriormente, siguiendo nuestro método de trabajo habitual, procedimos a elaborar un informe que presentamos al Ministerio Fiscal en el que solicitamos la adopción de medidas de protección.

Pocas semanas después, se dictaron medidas cautelares por parte del Juzgado de Primera Instancia de la zona correspondiente. En virtud de esas medidas, se acordó nombrar como tutora con carácter provisional y cautelar a favor del señor Manuel para las funciones personales y de carácter patrimonial a una fundación sin ánimo de lucro.

También se acordó la anotación preventiva de demanda en todos aquellos bienes inmuebles de propiedad del señor Manuel. Además, se acordó también el bloqueo de las cuentas corrientes de las que era titular con el objetivo de que nadie pudiera hacer un uso indebido de ellas. Todas esas medidas fueron confirmadas en sentencia judicial celebrada unos meses después.

Este caso es ilustrativo de un abuso económico en el que participaron personas físicas y entidades bancarias. El cuidador de la finca se aprovechó de la “amistad” con Manuel y, sobre todo, de su precaria salud, especialmente de su limitada movilidad y de un deterioro cognitivo que afectaba su memoria y su capacidad para la toma de decisiones. Esa fue la razón por la que Manuel estaba dispuesto a venderle la finca por el módico importe de 30.000 euros.

Por otro lado, un empleado de la entidad bancaria, precisamente aquella en la que Manuel había depositado su confianza durante tantos años, también se aprovechó de su deterioro cognitivo para venderle un móvil de alta gama a pesar de que Manuel ni lo necesitaba ni sabía cómo utilizarlo.

La diligencia con la que se actuó desde los diversos dispositivos implicados pudo impedir un expolio y un abuso económico flagrantes sobre una persona mayor, con un deterioro cognitivo y limitaciones importantes en su movilidad.

El caso, como ya he señalado al principio, es la antítesis de lo que escribió Mario Benedetti. Los “amigos” de Manuel no actuaron constructivamente y de frente, sino que lo lastimaron, con premeditación y alevosía, aprovechándose de sus problemas de salud.

Nuestra sociedad, individualista, en la que el dinero suele envenenar las relaciones entre las personas, se muestra especialmente cruel con los más vulnerables, que suelen ser los mayores, afectados en ocasiones, por dolencias físicas y deterioros cognitivos. Ellos son, junto con la infancia, los que precisan de mayor protección y cuidado por parte de las administraciones.