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Opinión

Pensiones del siglo XXI

José Ignacio Conde-Ruiz
Las nuevas altas de jubilación caen un 8,2% este año frente al anterior

Las pensiones sirven como amortiguador de la desigualdad

El Pacto más importante del país es el pacto de las pensiones

El sistema de pensiones español se encuentra en un proceso de adaptación a la nueva realidad demográfica. Aunque se trata de un reto común a todos los países desarrollados, las proyecciones de población de España plantean que el progresivo envejecimiento de la población será mucho más intenso, llegando a ser el país europeo más envejecido en 2050.

El reto demográfico que tenemos por delante es inmenso. No obstante, las reformas de 2011 y de 2013 han empezado a adaptar el sistema de pensiones a esta nueva realidad demográfica. En la primera reforma de 2011 se retrasó la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. La reforma de 2013, suspendida los dos últimos años, introducía un factor de sostenibilidad y una nueva forma de revalorización de las pensiones, que ante la ausencia de nuevas reformas condenaba a las pensiones a una congelación perenne. Hacer recaer en el nuevo índice de revalorización la mayor parte del coste de ajuste fiscal es el principal error de la reforma de 2013. En el sentido de que trasladaba a los jubilados todo el peso del ajuste del gasto, congelándoles prácticamente la pensión de forma indefinida. Al mismo tiempo, el principal acierto de dicha reforma de 2013 fue establecer una restricción presupuestaria intertemporal que garantiza la sostenibilidad de las pensiones.

El reto que el sistema tiene por delante es encontrar el consenso para implementar las medidas necesarias para hacer compatible que las pensiones no pierdan poder adquisitivo y al mismo tiempo que el sistema sea sostenible (o cumpla la restricción presupuestaria intertemporal). En mi opinión, para conseguir que el sistema sea sostenible será necesario lograr un gran pacto nacional por las pensiones entre las principales fuerzas políticas para actuar en las siguientes tres dimensiones con distintas implicaciones sobre las generaciones.

Tres dimensiones para abordar la reforma

-En primer lugar, la reforma debería afectar lo menos posible a los actuales jubilados, por dos motivos. Primero, el más importante, porque los jubilados ya no tienen capacidad para adaptar sus decisiones de ahorro y empleo a los cambios en el sistema de pensiones. Y sería injusto, y seguramente ineficiente, cambiarles drásticamente, y en mitad de su etapa de jubilación, su pensión. Segundo, para hacer la reforma políticamente sostenible. No podemos olvidar que la población jubilada constituye el principal activo electoral de cualquier partido político y que por el efecto del envejecimiento irá en aumento en las próximas décadas.

-En segundo lugar, transformar nuestro sistema de pensiones en uno de cuentas nocionales, donde la pensión que percibe el trabajador será menos generosa que la que percibe actualmente, en el momento del alta. Este nuevo sistema más sostenible debería entrar en vigor para los trabajadores menores de una determinada edad. Los trabajadores, por encima de esta edad, podrán tener libertad para elegir si quieren que se les calcule la pensión con el viejo sistema o con el nuevo. El nuevo sistema de cuentas nocionales debe ser muy flexible y permitir de una forma justa y transparente que los trabajadores, que lo deseen, alarguen su etapa laboral, y así evitar la caída en su pensión inicial. Evidentemente, cuanto más retrasemos la reforma, más injusta será pues afectará a trabajadores más cerca de la edad de jubilación. Además, para preservar el grado de redistribución intrageneracional del sistema de pensiones actual, el nuevo sistema de cuentas nocionales, también debería contar con una pensión mínima y máxima.

-En tercer lugar, en el periodo transitorio hasta que un porcentaje suficientemente alto de las nuevas jubilaciones vengan del nuevo sistema de cuentas nocionales, será necesario dotar de más ingresos al sistema. O dicho de otra forma, dotar al sistema de más ingresos, de forma transitoria, para ayudar a financiar la jubilación de los babyboomers. Una forma de justificar el uso de ingresos públicos, no provenientes de las cotizaciones y no afectar a la naturaleza contributiva del sistema, es hacerlo como compensación por los años donde las cotizaciones sociales de los trabajadores financiaron la sanidad pública en España.


José Ignacio Conde-Ruiz (@conderuiz), subdirector de FEDEA y visiting professor de ESADE.

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