Carta en respuesta al artículo 'Abogados y procuradores: ¿injusticia, ignorancia o chollo?'

 

El pasado 28 de mayo de 2025 se publicó en el medio 65YMAS un artículo firmado por el Sr. D. José Gil, titulado “Abogados y procuradores: ¿injusticia, ignorancia o chollo?”, en el que se vierten una serie de afirmaciones que, desde la asociación ANMARQ, consideramos inexactas y carentes de una visión completa sobre la situación de los mutualistas de este país. 

En primer lugar, el artículo se refiere exclusivamente a abogados y procuradores, omitiendo que existen numerosos profesionales mutualistas afectados por el modelo de mutualidades alternativas, entre ellos arquitectos, arquitectos técnicos, químicos, ingenieros o médicos. Mutualistas que, a través de asociaciones como ANMARQ, promovemos una solución legislativa que permita el acceso a una pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), con el fin de corregir una situación injusta que sufrimos desde hace décadas. 

Hasta 1997, a los profesionales, obligados a incorporarnos a una mutualidad de previsión social vinculada al colegio profesional, se nos impidió expresamente incorporarnos al Sistema Público de Pensiones, lo cual, a todas luces, resultó contrario al principio de universalidad que inspiró la inicial Ley de Bases de la Seguridad Social. A partir de ese año se nos permitió el acceso al RETA, pero sin habilitar una pasarela que permitiera la portabilidad de los derechos adquiridos en las mutualidades, tanto los económicos como los concernientes a la vida laboral, que así resultaba inexistente en el sistema público. Por ello, aunque hubo una minoría de mutualistas que optaron por su alta y afiliación al sistema público, sin derecho a que se les reconociera su trayectoria previa y perdiendo derechos fundamentales, la mayoría permanecimos en las mutualidades, bien por no ser informados adecuadamente, o por confiar en promesas contractuales que posteriormente no se cumplieron. 

Contrariamente a lo que se sugiere en el artículo, no puede afirmarse que los mutualistas hayamos “cotizado poco”. A lo largo de nuestra vida profesional hemos realizado aportaciones significativas, incluyendo seguros sanitarios privados, pago íntegro de medicamentos y aportaciones extraordinarias para complementar nuestras futuras pensiones. En muchos casos, estas aportaciones han sido superiores a las de los autónomos que cotizaron por bases mínimas en idéntico periodo. Sin embargo, las prestaciones recibidas por los mutualistas son notablemente inferiores, sin actualización por IPC y en solo 12 pagas anuales. 

Al afirmar que se ha “cotizado poco” no se hace una comparación correcta, tal vez porque se desconoce la práctica habitual en los reglamentos de las mutualidades según la cual una parte muy importante de las aportaciones tiene un destino finalista distinto del “ahorro para jubilación”, desvaneciéndose en el transcurso de los años. 

Asimismo, las condiciones de gobernanza interna de las mutualidades y la falta de transparencia han dificultado históricamente la participación efectiva de los mutualistas. Las asambleas presenciales, el voto delegado no transparente y la acumulación de poder en manos de unas pocas personas han generado una preocupante falta de control democrático y de rendición de cuentas, aspecto este no menor, que no debe confundirse con el pretendido “juego de palabras” que pretende asimilar la “ignorancia” a desidia, cuando no a un reproche por la escasa participación en las decisiones asamblearias.

Conviene también desmentir algunos datos inexactos: actualmente, solo siete Mutualidades de Previsión Social ofrecen pensiones alternativas al sistema público, y el número de mutualistas alternativos que podrían acogerse a una posible pasarela al RETA probablemente es inferior a 150.000 (no hay datos exactos porque las mutualidades se los niegan incluso a los partidos políticos). Por tanto, no existen ni 2 millones de mutualistas alternativos afectados ni 250 mutualidades, como erróneamente se afirma a veces. 

Con la alusión a “2 millones de afectados” y a “250 mutualidades”, en el artículo se hace eco de la noticia difundida por la Confederación Española de Mutualidades en su XIX Encuentro de Mutualidades, manifestando que efectivamente engloba a 205 entidades (7 de ellas de previsión social), y a un colectivo de 2 millones de mutualistas (de los cuales menos de 150.000 son mutualistas alternativos susceptibles de acogerse a una pasarela al RETA). 

En este XIX Encuentro de Mutualidades, celebrado en Zaragoza los días 8 y 9 de mayo de 2025, curiosamente bajo el lema “Complementando las pensiones del Sistema Público”, el carácter alternativo pasó desapercibido excepto en una sucinta referencia final en la nota de prensa, por lo que se centró en lo que siempre debieron haber sido las mutualidades, es decir Complementarias. 

Apenas dos días antes, el pasado 6 de mayo, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por amplia mayoría (311 votos a favor y ninguna oposición) la toma en consideración de la proposición de ley que permitirá establecer una pasarela al RETA, consistente en la transferencia voluntaria de los derechos económicos acumulados en las Mutualidades de Previsión Social que mantienen hoy en día su condición de Alternativas al Sistema Público. Todos los grupos parlamentarios, al calificar al mutualismo alternativo con el calificativo de “fallido” reconocieron implícitamente la responsabilidad del Estado en la génesis y mantenimiento de esta situación de desigualdad y exclusión. 

Desde ANMARQ no reclamamos privilegios (mucho menos aún ese peyorativo “chollo”), sino justicia e igualdad de trato en el desarrollo reglamentario de la transferencia de nuestras aportaciones acumuladas al Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, defendiendo que, en igualdad de condiciones de cotización y esfuerzo económico, se nos reconozca el mismo derecho a una pensión digna que al resto de trabajadores integrados en el Sistema Público.

* Javier Mancilla es presidente de ANMARQ.

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