Abuelos sobre prohibir redes a menores de 16: "No se trata de limitar derechos, sino de protegerles"

Sánchez anuncia que España prohibirá las redes sociales a menores de 16 años

La posible prohibición de las redes sociales a menores de 16 años ha sido recibida de forma mayoritariamente positiva entre las principales asociaciones de personas mayores del país, muchos de cuyos presidentes son también abuelos y ven esta medida como una forma de proteger a la infancia. Con todo, hacen algunos apuntes relevantes, como la importancia de no solo prohibir, también educar, y del "riesgo de caer en una discriminación hacia los jóvenes". 

El Grupo Parlamentario Socialista negociará en el Congreso la prohibición total del acceso a redes sociales para menores de 16 años. Es una medida que ha anunciado este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la implantación de otras medidas para perseguir a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos "de odio e ilegales".

De este modo, tratarán de endurecer el proyecto de Ley Orgánica para la Protección de las Personas Menores de Edad en los Entornos Digitales, que ya está en tramitación urgente en el Congreso, a través de una enmienda transaccional. Poco después del anuncio del jefe del Ejecutivo, el ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego, de Sumar, ha recordado que esta medida ya está recogida en el mencionado proyecto de ley.

Actualmente, el proyecto, sujeto a cambios, señala que el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de 16 años, lo que impide en la práctica que accedan a redes sociales. No obstante, también especifica que el tratamiento de los datos de los menores de dieciséis años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, lo que implica que sí podrán acceder a redes con el permiso de sus padres. La enmienda que plantearía el PSOE eliminaría la posibilidad de que los padres permitan este acceso a los hijos menores de 16 años.

Además de la prohibición a menores, también se quiere obligar a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad y crear un sistema de "rastreo cuantificación y trazabilidad" para establecer una "Huella de Odio y Polarización". De esta forma, también se busca "cuantificar" el odio en las redes con el objetivo de futuras sanciones. Asimismo, pretenden investigar las posibles infracciones legales de empresas como Grok, Tik Tok e Instagram.

"Nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos, un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía, manipulación. No vamos a tolerarlo más, vamos a protegerles contra este salvaje oeste digital", ha expresado Pedro Sánchez. "Vamos a tener una tolerancia cero en estas cuestiones y vamos a defender nuestra soberanía digital contra cualquier tipo de coerción extranjera".

Prohibir no es suficiente, también es necesario educar

Desde la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) acogen "positivamente" este tipo de medidas, puesto que "siempre ha advertido sobre la grave amenaza que supone el aumento de la desinformación online y offline, los discursos de odio y el mal uso de los medios sociales". Un mal uso que puede provocar, a su vez, "desconfianza en las fuentes de información, que puede conllevar el alejamiento y la no participación en los mismos de las personas de todas las edades, lo cual se traduce directamente en situaciones de aislamiento y soledad y constituye, por tanto, un factor de exclusión y pérdida de oportunidades de socialización en estos contextos". 

Pero la prohibición no es suficiente, también es necesario educar. "Es fundamental que desde las administraciones se impulsen programas de Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) que aborden el desarrollo de habilidades digitales y la comprensión de la tecnología, dotando a la población de todas las edades de las herramientas necesarias para afrontar, de manera autónoma, crítica y segura, los desafíos de la era digital, sobre todo en un contexto que se hace cada vez más complejo con la constante irrupción de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial”. 

A su vez, la PMP ha puesto de relieve que “el derecho a la libertad de expresión y de opinión, el acceso a la información, el derecho a la educación o a la salud, entre muchos otros, encuentran en el mundo digital un espacio para su ejercicio. Por este motivo, deben tomarse medidas para asegurar los derechos de todas las personas, sin exclusiones, de manera que también se minimice la brecha digital y generacional, además de promover la integración social y comunitaria”.

"Las redes sociales, que en principio se consideraban sistemas de comunicación alternativos, más frescos, inmediatos y alternativos a los grandes medios tradicionales de información, han ido degenerando en plataformas del insulto, la desinformación, la polarización y el odio al diferente, al que no piensa igual, de otras creencias, de otros países o color de piel. Esta degradación de las plataformas digitales, esta falta de control de los contenidos, esta polarización y el odio que en ellas se vierte, hace necesario implementar las medidas necesarias para evitarlo", indica Juan Sepúlveda Muñoz, Secretario general de la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras (CCOO), quien valora esta medida anunciada por el presidente del Gobierno como "positiva, en cuanto que pretende proteger a la juventud", aunque cree que "tendrá un alcance limitado", debido a que "los emisores de la mayoría de las plataformas sociales, por no decir todos, están fuera de nuestras fronteras, e incluso fuera del territorio de la UE, la mayoría están en los EE.UU y China". 

La Unión Democrática de Pensionistas (UDP) también se muestra de acuerdo con esta medida. "El ejemplo lo tenemos en casi todas las casas, ya no se respeta a veces ni la hora de comer", señala su presidenta, Inmaculada Ruiz Martín, que destaca que "todo es problema de educación en las familias". En este sentido, llama la atención sobre la importancia en la "educación en valores". Por todo ello, se muestra de acuerdo con que esta medida se lleve a cabo, "y quiero que se lleve bien y que preocupe también a los padres".

Adela Cabezas, presidenta de la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de España (CONJUPES), no cree que la prohibición sea totalmente necesaria, sino que considera que "es mejor educar desde las familias", y no solo enseñarles a manejar aparatos electrónicos, también "enseñar y educarles en lo que deben y no deben ver, usar y hacer para que a medida que vayan cumpliendo años sean conscientes de del daño que les puede hacer, y el beneficio también". 

Por su parte, José Luis Fernández Santillana, presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), resalta dos cuestiones a tener en cuenta: "Quién y cómo se va a verificar, no solo la edad, sino lo relativo al odio. Hoy son los tribunales quienes lo determinan, podemos correr el riesgo de que una opinión que no guste se interprete como odioso". Y considera que "lo que habría que suprimir es el anonimato". Como abuelo también, a José Luis es un tema que a día de hoy no le preocupa, "porque todavía tiene seis años", lo que sí lo hace, en todo caso, es "que los padres la expusiesen en las redes sociales".

Para Gloria Margarita Veiga, presidenta de la Confederación Estatal de Mayores Activos (CONFEMAC), esta decisión "no solo es oportuna, sino urgente". 

"Las redes sociales se han convertido en un espacio donde muchos niños y adolescentes están expuestos a dinámicas de odio, polarización, acoso y manipulación emocional para las que no tienen todavía la madurez suficiente. Ahora bien, esta medida no debe entenderse como una simple prohibición, sino como un paso hacia la responsabilidad compartida. Durante años, las plataformas digitales han crecido sin asumir plenamente el impacto social de sus algoritmos, que amplifican el conflicto, el sensacionalismo y los discursos extremos porque generan más atención y más beneficio económico", señala. Y considera "especialmente relevante que se exija a estas plataformas sistemas eficaces de verificación de edad y, sobre todo, la obligación de retirar contenidos de odio e ilegales. La libertad de expresión no puede confundirse con la impunidad para dañar". Considera, así, que la idea de establecer sistemas de trazabilidad que permitan identificar la huella del odio "es un avance importante, porque por primera vez se reconoce que el problema no es solo el contenido aislado, sino la dinámica de difusión y amplificación". 

"Desde la experiencia que tenemos trabajando contra el edadismo y el maltrato a las personas mayores, sabemos muy bien cómo los discursos de odio no se quedan en palabras: crean cultura, normalizan la deshumanización y terminan teniendo consecuencias reales en la vida de las personas. Lo hemos visto con las personas mayores, con las mujeres, con los migrantes… y lo estamos viendo con los menores", explica. 

"No se trata de limitar derechos, sino de protegerlos: el derecho de los menores a crecer sin violencia digital y el derecho de la sociedad a un espacio público, también digital; más seguro, más responsable y más humano", añade. 

En esta línea, Anatolio Diez Merino, Secretario General de la UJP-UGT, apoya "proteger la infancia", pero no "vigilar sin límites". Y es que, explica, "desde la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT miramos cualquier iniciativa pública que afecte a la infancia y a la juventud desde una convicción clara: proteger a los menores es una responsabilidad colectiva irrenunciable, pero debe hacerse siempre desde el respeto a los derechos y libertades que tanto ha costado conquistar". 

"Vivimos en una sociedad cada vez más compleja, donde los riesgos para niños y adolescentes (violencia, acoso, desapariciones, explotación o peligros digitales) son reales y exigen respuestas públicas eficaces. Negarlo sería irresponsable", advierte. Y añade que "como abuelos y abuelas organizados, sabemos que muchas familias viven con preocupación estas amenazas y que los poderes públicos deben dotarse de herramientas para prevenir situaciones de riesgo y actuar con rapidez cuando se producen. En ese sentido, cualquier medida orientada a reforzar la protección de los menores, especialmente de los más vulnerables, merece ser analizada con rigor y sin prejuicios". 

No obstante, también advierte que "la seguridad no puede construirse a costa de la normalización de la vigilancia permanente. La historia reciente de nuestro país nos ha enseñado que cuando el control se impone sin límites claros, son los derechos los primeros en resentirse. Un sistema de rastreo y trazabilidad plantea interrogantes que no pueden quedar sin respuesta: ¿qué datos se recogen?, ¿quién los gestiona?, ¿con qué garantías legales?, ¿durante cuánto tiempo?, ¿con qué control democrático y judicial? La protección de la infancia no puede convertirse en una puerta abierta a la acumulación masiva de datos ni a usos futuros alejados de su finalidad original. Los menores son sujetos de derechos, no meros objetos de supervisión tecnológica. Educar en ciudadanía democrática implica también enseñar el valor de la intimidad, la autonomía y la confianza. No podemos transmitir a las nuevas generaciones que vivir en sociedad equivale a estar permanentemente vigilado". 

Por todo ello, desde la UJP-UGT defienden que "cualquier medida de este tipo debe cumplir condiciones irrenunciables: proporcionalidad, transparencia, control público efectivo y participación social. Y, sobre todo, debe ir acompañada de políticas de educación digital, apoyo a las familias y refuerzo de los servicios públicos, que son la verdadera red de protección social". 

"Proteger a nuestros nietos y nietas es una obligación ética. Hacerlo respetando sus derechos es una obligación democrática. Porque el futuro que queremos para ellos no es solo más seguro, sino también más justo, más libre y más humano", concluye. 

"Se corre el riesgo de caer en una discriminación hacia los jóvenes"

Por último, desde la Federación de Asociaciones de Personas Mayores de Cataluña (FATEC), su presidente, Josep Carné i Teixidó, también se ha mostrado de acuerdo en que "es necesario hacer algo para evitar que las redes sociales se conviertan en un canal para difundir contenidos dañinos, de odio o ilegales. Es un problema real y preocupa, especialmente cuando afecta a niños y jóvenes". Sin embargo, de igual manera señala que "no creo que la solución pase por prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. El mal uso de estas plataformas no depende exclusivamente de la edad: los contenidos inapropiados pueden ser creados y difundidos tanto por personas jóvenes como por adultas. Por eso, considero que sería más eficaz centrarse en desarrollar sistemas que permitan a las plataformas detectar y vetar este tipo de contenidos con independencia de quién los genere". 

En este sentido, apunta que "como sociedad, los mayores a menudo denunciamos actitudes edadistas que nos afectan, y en este caso creo que se corre el riesgo de caer en una discriminación hacia los jóvenes, como si la edad fuera la causa del problema, cuando en realidad no lo es. El uso responsable, o irresponsable, de la tecnología no depende solo de los años, sino de la educación y de los valores". 

Josep también es abuelo, y como tal considera que "una parte fundamental de la solución está en la implicación de las familias. Animo a mis hijos a que acompañen, orienten y supervisen a los suyos, para que tengan una buena información sobre qué hacen en las redes, qué se puede hacer y cómo hacerlo de forma segura y responsable".