Asociaciones de mayores

El CEDDD celebra su Jornada anual sobre los derechos de las personas mayores en el siglo XXI

Antonio Castillejo

Jueves 27 de junio de 2019

11 minutos

Pensiones y sostenibilidad, testamento vital y discapacidad intelectual protagonizan los debates

El CEDDD celebra su Jornada anual sobre los derechos de las personas mayores en el siglo XXI

El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha celebrado su Jornada Anual sobre 'Derechos de las personas mayores del siglo XXI' en el Salón de Actos que ha cedido para la ocasión el Imserso en su cede central. Durante el acto se celebraron tres mesas de debate bajo los títulos de 'El envejecimiento en la Discapacidad Intelectual', 'Pensiones y Sostenibilidad del Sistema' y 'Testamento  Vital'.

La Jornada fue inaugurada por Albert Campabadal, presidente de @CEDDD_ que en su intervención destacó que en todas las mesas iban a tratarse "temas abiertos que debían cerrarse cuanto antes por la Administración de una manera imaginativa". Sobre el envejecimiento con discapacidad intelectual apuntó que "si ya sin estos problemas envejecer es complicado para todos, para estos mayores lo es aún más. Para ellos y para sus padres que lógicamente piensan en qué será de sus hijos cuando ellos falten". Por lo que respecta al tema de las pensiones abogó por la "equiparación de la pensión mínima al salario mínimo interprofesional, porque hoy tenemos viudas con pensiones ridículas" y sobre el testamento vital se preguntó "porqué no se legisla de una vez el derecho a morir dignamente". Asimismo destacó que "una plaza en una residencia concertada le cuesta al estado 1.500 euros al mes y una pública 4.000" por lo que "la inversión privada es fundamental. Todo lo que sea sumar nos vale".

El envejecimiento en la Discapacidad Intelectual

La mesa sobre 'El envejecimiento en la Discapacidad Intelectual' fue moderada Javier Benavente, presidente de Alares. El primero en tomar la palabra fue el gerente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), Javier García que tras aclarar que "no somos una organización de pensionistas sino de mayores" destacó que "la discapacidad intelectual ha cambiado mucho en los últimos años pasando sus afectados de una esperanza de vida que no alcanzaba los 50 años a una expectativa de superar los 60, pero en 2019 no hemos cambiado tanto nuestras políticas al respecto". Explicó el representante de @CEOMA_ong que "envejecer es un proceso discapacitante que en las personas con deficiencia intelectual se acelera considerablemente y aunque hoy alcancen los 60 años, son pocos los que llegan a los 70 y muy escasos los que pasan de los 80" y contó cómo hablando con su amigo Pablo Pineda, el primer europeo con síndrome de Down en terminar una carrera universitaria le contaba: "Tengo 20 años más de lo que marca mi edad cronológica". También apuntó Javier García que "para estas personas el acompañamiento de las familias es crucial, pero la Administración, las Asociaciones y la sociedad también deben acompañar, no ayudar, acompañar y las distintas Administraciones deben además movilizar sus recursos para favorecer a estas personas que, como cualquier otra, forman parte de nuestra sociedad.

Elvira Conde, directora gerente de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. Fundación Tutelar también hizo hincapié en que "estas personas tienen múltiples patologías asociadas y envejecen muy deprisa" y aclaró que "la Fundación Tutelar es una entidad ideada para proteger los derechos de las personas con discapacidad intelectual marcados por un juez y confesó que entre las 1.200 personas que tutelan en su centro de Cienpozuelos (Madrid) hay mucha gente que no tiene familia o una familia que han decidido no hacerse cargo de ellos. Hay quien llega con 18 años y vive allí toda su vida, personas que pasan en el centro 40 o 50 años, para ellos es su casa y sus compañeros y cuidadores su familia".

El presidente de la Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También, José María Escudero, padre de un hijo autista de diez años habló del "proceso de envejecimiento de los padres y su angustia pensando qué sucederá con los hijos cuando ellos falten y lo normal es que entonces se encarguen de ellos sus hermanos, pero no es sencillo traspasarles esas carga . Es agotador para toda la familia, todos sus miembros envejecen más rápidamente, pero la familia es fundamental cuando uno de sus miembros es discapacitado intelectual". Asimismo denunció que "si bien tenemos unos profesionales magníficos para ocuparse de nuestros hijos, tratan los síntomas, pero no se trabaja en  la prevención . No se previene los problemas físicos que acarrean estas discapacidades, brotes psicóticos, obesidad, problemas urinarios y renales, acidez de estómago... que si no se detectan pueden llevar al discapacitado a autolesionarse". Del mismo modo también denunció que "las ayudas a estas personas terminan cuando cumplen los 18 años, precisamente cuando empiezan a ser cada vez más necesarias, sobre todo porque apenas hay centro públicos para ellos y los privados son terriblemente caros".

Por último Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) explicó que en este problema "falta un modelo consensuado de actuación, en todos los países de nuestro entorno  la coordinación y la prevención funcionan mejor que aquí y seguirá pasando lo mismo mientras sigamos con la misma falta de recursos. Es imprescindible invertir el 2% del PIB en la discapacitación, que es la media europea, muy lejos de nuestro actual 0,5%. El problema es la invisibilidad que en España tiene el sector social y de mayores". Entre las medidas que desde CEAPs consideran urgente adoptar "y que no exigen un gran presupuesto están la flexibilidad para estar en casa o en una residencia y cambiar de opinión sin volver al final de las listas de espera que para las residencias son de dos o tres años y también la implantación de la tecnología en los servicios sociales. Hoy en día podemos comprar cualquier cosa en cualquier parte del mundo con un simple click, pero la gestión de la dependencia no se puede hacer on line en la mayoría de las Comunidades Autónomas. Además si se informatizara el sistema de servicios sociales se ahorraría muchísimo dinero".

Pensiones y Sostenibilidad del Sistema

La mesa de Pensiones y Sostenibilidad del Sistema estuvo moderada por Mariqueta Vázquez, presidenta de la Asociación de Mujeres por un Envejecimiento Favorable, para quien "todos los derechos de los mayores son importantes pero las pensiones lo son aún más porque confieren dignidad a los mayores".  El coloquio lo inició María Ángeles Poveda, portavoz de la Coordinadora de Madrid por la Defensa del Sistema Público de Pensiones que aseguró que "a pesar de la crisis de la Seguridad Social y las declaraciones alarmistas del Tribunal de Cuentas, el Sistema Público de Pensiones es fuerte y sostenible. Es al sector privado al que le interesa que se piense lo contrario. Tienen que cumplirse el artículo 50 de la Constitución y el 109.2 de la Ley General de la Seguridad Social. La gente tiene miedo y los jóvenes con trabajo están desmotivados porque iensan que nunca llegará a cobrar su pensión, pero no será así si el dinero se gestiona correctamente". Sus reclamaciones son claras: "Pensiones blindadas en los Presupuestos Generales del Estado y la Constitución. Pensión mínima de 1.084 euros. Jubilación a los 65 años. Y revalorización anual de las pensiones según el IPC real". Por último destacó Poveda que, en su opinión, el Pacto de Toledo no ha traído ningún beneficio a los pensionistas. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden".

A continuación intervino la diputada del PSOE Elvira Ramón que recordó como "en 2004 el gobierno socialista encontró que en el Fondo de Reserva de las Pensiones 15.000 millones que se convirtieron en 67.000 al abandonar el gobierno en 2011. Una caída que tiene que ver con la caída del empleo pero también con la Reforma Laboral del PP que trajo precariedad en el mercado laboral. Es imprescindible recuperar y reafirmar el mantenimiento del Sistema Público de Pensiones. Vaciar la hucha fue una irresponsabilidad". También aseguró Elvira Ramón que "las reformas que necesita el sistema no puede hacerlas un gobierno, tienen que hacerse desde el consenso aportanto ingresos vía Presupuestos Generales del Estado y por vía impositiva como sucede en Alemania, retomar en consenso del 2011, eliminar gastos de la Seguridad Social que no le corresponde afrontar a la Seguridad Social y sobre todo tener en cuenta que las reformas no pueden desnaturalizar el sistema".

Por su parte el representante del PP, José Ignacio Echániz para quien la historia de la Seguridad Social es una historia de gran éxito. Pero hay que reconocer que han surgido problemas que intentaron encauzarse en 1995 con el Pacto de Toledo después de que el gobierno de Felipe González dejase a la Seguridad Social en quiebra. Fue José María Aznar quien en 1996 creó el Fondo de Reserva de las Pensiones. Y fué en 2011, con Rodríguez Zapatero, cuando se desplomó el empleo pasando del 9 al 26%". Para Echaniz "nuestro sistema de la Seguridad Social es muy generoso. De hecho aquí uno se jubila con el 72% del sueldo  mientras que en los países de nuestro entorno se hace con el 50% y todos los años se ha venido subiendo las pensiones en un 0,25%, que es poco sí, pero que a pesar de ello ha permitido a los pensionistas sacar a sus familias adelante durante la crisis, no como sucedió en Grecia". Por último el representante del PP aseguró que "el gran reto que debemos afrontar es el desequilibrio del sistema que hay que apuntalar retomando el consenso del Pacto de Toledo".

El economista de VidaCaixa, Fernando Miguel Enríquez, insistió en que "el Sistema Público de Pensiones ha funcionado muy bien pero sobre él se ciernen dos grandes amenazas. Por un lado el factor demográfico con una pirámide que se ensancha y esto va a ser imposible cambiarlo. Y por otra parte la realidad del mercado laboral es que las personas que se jubilan normalmente lo hacen con los sueldos más altos de su vida laboral y los jóvenes que se incorporan al mercado lo hacen con sueldos muy bajos, sueldos de 800 euros y cotizaciones muy bajas a la Seguridad Social". Para el economista esto hace imprescindible "ir a un nuevo sistema de pensiones en el que la aportación pública se complemente con un ahorro dentro de la empresa cofinanciado por la propia empresa y el trabajador lo que requiere un pacto de estado entre partidos, sindicatos y patronal", un sistema que para Enríquez debería tener una "aplicación paulatina" y que "a medio y largo plazo generaría una gran masa de ahorro".

Cerró la mesa la secretaria general de UDP Madrid, Cristina Rodríguez Porrero, que además de recomendar la lectura del libro de Paca Tricio (Presidenta de Unión Democrática de Pensionistas UDP), La rebelión de los mayores, "fundamental para entender la problemática de las pensiones" y de denunciar que "la brecha de género en el mercado laboral es del 25% y en las pensiones alcanza el 40%", explicó su visión de lo que necesitan las pensiones repasando cada una de las letras de esta palabra. "La P es la del pacto de estado que asegure el Sistema Público de Pensiones. La E es la del Estado que tiene el deber de velar por este derecho y no derivarlo. La N es de no, las pensiones no deben estar sujetas a fluctuaciones políticas o económicas. La S es sostenibilidad. La I es la letra del IPC referenciado. La O es la de las organizaciones de mayores que queremos ser agentes activos en la búsqueda de soluciones. La segunda N es de negocio, porque invertir en pensiones es un buen negocio. La segunda E la de la excelencia del Manifiesto de defensa de las pensiones públicas y dignas. Y la segunda S se refiere a la suficiencia que deben tener las pensiones por justicia y por dignidad".

Testamento Vital

La última mesa del día se dedicó al tema del Testamento Vital y estuvo moderada por José Luis Baquero, director del Foro Español de Pacientes (FEP) que aseguró que "hay que desmitificar la muerte que, como decía Jorge Luis Borges, es una vida vivida. En consecuencia es deseable la mejor muerte posible y cuando llegue ese momento inevitable aceptaré que no me curen, pero no que no me cuiden".

La primera en intervenir fue la presidenta de la Asociación Madrileña de Cuidados Paliativos (AMCP), Coro Pérez, que definió este tipo de cuidados como "los que se dan para mejorar la calidad de vida y el alivio de los síntomas de pacientes incurables. Una actuación que abarca la atención física, psicológica, espiritual y social". Asimismo, explicó que "los cuidados paliativos afirman la vida. Con ellos no queremos alargar la vida ni acelerar o retrasar la muerte". En este punto diferenció Coro Pérez entre "la mala praxis que supone la obstinación terapéutica y diagnóstica de mantener una vida con un soporte vital con el único fin de alargarla cuando ya no existe ninguna esperanza de curación y la buena praxis que supone adecuar el esfuerzo terapéutico, es decir, ajustar o no instaurar un determinado tratamiento cuando no hay esperanza de curación que es, por lo demás, totalmente legal". Y aclaró que para la administración de estos cuidados es de gran ayuda el Testamento Vital en que el enfermo indique como quiere ser tratado en  estos casos. "Sobre todo en la cultura mediterránea hay mucha tanatofobia y hay que desmitificar la muerte, no pasa nada por prevenir cómo queremos ser tratados en ese momento".

La siguiente intervención fue la de Carolina García, magistrada y directora de la Agencia Madrileña de Tutela al Adulto (AMTA). "La Agencia de Tutela se encarga de la protección de los adultos y la administración de sus patrimonios cuando ellos o sus familias no pueden hacerlo". También denunció que "hay muchos adultos tutelados que no tienen familia pero que otros sí la tienen y dejan al adulto incapacitado al cuidado de la Administración ... y cuando muere le heredan". Y explicó que en ninguno de los 3.740 casos de adultos tutelados que han tenido nunca han encontrado "algo que para nosotros sería un tesoro, un Testamento Vital en el que el tutelado hubiera expresado su deseo de cómo ser tratado si llega este caso".

Carmen Ortiz, médico y portavoz de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), recordó que la Ley de Autonomía del Paciente que entró en vigor en 2002 "reconoce el derecho a la información. Hasta entonces era el médico quien decidía sin explicar nada, pero ahora tiene que facilitar al paciente toda la información sobre su estado. También obliga a recabar el consentimiento del paciente para la aplicación de cualquier tratamiento. Condena la obstinación terapéutica por mantener la vida indefinidamente y reconoce el derecho a hacer Testamento Vital, algo que en Madrid sólo ha hecho un 0,3% de la población y que sin embargo es muy importante valorar porque el aumento de la esperanza de vida favorece la aparición de enfermedades degenerativas y en caso de pérdida de capacidades este documento es fundamental".

Cerró la mesa el notario y registrador jubilado Antonio Fernández-Golfín que explicó cómo "hay que entender la muerte como la culminación de la vida" y recordó que "hay que tener hechos los deberes. Hacer un testamento para organizar nuestra vida patrimonial y también hacer un Testamento Vital para que se respete la autonomía del paciente y se respete su personalidad. Ambos testamentos deberán hacerse en estado de plena lucidez, cuando uno está sano y no se prevé la proximidad de una enfermedad porque en ese caso la presión psicológica es terrible, dramática. Se trata de medidas muy sencillas que sin embargo, cuando llegue el momento, van a facilitar enormemente la vida".

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