El CES ve "riesgo" de "estigmatización" de las residencias en la nueva Ley de Dependencia

La reforma de la Ley de Dependencia iniciará su tramitación parlamentaria en septiembre

 

El Consejo Económico y Social (CES) ha valorado "positivamente" el anteproyecto de reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, remitido por el Gobierno para ser sometido a dictamen, aunque advierte de "ausencia de diálogo social previo", del "riesgo de desprofesionalización" en el sistema de atención a la dependencia y del riesgo de derivar en una "estigmatización" del sistema de residencias en su conjunto.

En concreto, el Consejo llama la atención sobre medidas como la ampliación de supuestos en que puede reconocerse la prestación económica para cuidados en el entorno familiar; la formulación dada a la nueva prestación de servicio de cuidados y apoyos en viviendas mediante una prestación; la indefinición del contenido del servicio de cuidados y apoyos en viviendas; así como de las prestaciones en el entorno comunitario.

"Respecto al servicio de cuidados y apoyos en viviendas, el Consejo valora positivamente la apertura del SAAD a nuevas formas de convivencia que se están desarrollando en la práctica y que hasta ahora no habían sido contempladas por la normativa, más cercanas a las preferencias y al entorno de vida habitual de las personas en situación de dependencia. Ahora bien, en opinión del CES, dada la indefinición y ambigüedad con la que se configura el contenido material de esta figura, entraña un claro riesgo de desprofesionalización", señala el dictamen, consultado por Europa Press.

Así, aconseja especificarlo y asegurar que se garantice el perfil profesional de quienes lo prestan, "que deberán contar con la debida cualificación profesional siendo deseable que se desarrolle la reglamentación de las cualificaciones profesionales requeridas conforme a unos criterios comunes en todo el SAAD".

Asimismo, el Dictamen avisa de la persistencia de problemas como listas de espera, demoras en la atención o falta de datos precisos.

 

 

Por otro lado, comparte la conveniencia de que el SAAD prevea mecanismos de apoyo a las personas cuidadoras no profesionales, predominantemente mujeres, si bien echa en falta mayor concreción de los derechos que se contemplan en el anteproyecto y propone que algunos de estos, como el relativo a recibir acompañamiento y formación para el cuidado y autocuidado en situaciones de alta complejidad, se incluyan como prestaciones en el catálogo de servicios.

Sobre el enfoque de desinstitucionalización, avisa de que "no debe derivar en una estigmatización del sistema residencial en su conjunto".

Puntos positivos de la reforma

Entre los puntos positivos de la reforma, el Consejo valora la eliminación de barreras administrativas o incompatibilidades entre prestaciones, la definición, ampliación o creación de nuevas prestaciones, así como todas aquellas medidas orientadas a mejorar la capacidad de respuesta del sistema.

Por otro lado, el CES valora positivamente que la norma objeto de Dictamen aborde, "por primera vez y de forma simultánea", las dos principales normas que garantizan los derechos de las personas con discapacidad y de las personas en situación de dependencia.

No obstante, dice que "la ausencia de diálogo social previo" en relación con las modificaciones introducidas en la normativa sobre los derechos de las personas con discapacidad puede condicionar la eficacia de algunas de las medidas previstas en el anteproyecto.

Critica la "ausencia de diálogo social"

Asimismo, considera "no justificada" la supresión de la referencia al carácter especial de la relación laboral en el empleo protegido, así como sobre la necesidad de reforzar el fomento del empleo ordinario y la inserción normalizada en el empleo de las personas con discapacidad, que pide que se aborden mediante un plan de trabajo con los interlocutores sociales.

En relación a la financiación, el CES considera "paradójico" que, ante un diagnóstico de infrafinanciación previa y una pretendida extensión de los contornos del sistema de apoyo y atención a la dependencia, "el planteamiento contenido en la Memoria justificativa apunte al escaso o nulo impacto presupuestario para la AGE de algunas de las nuevas prestaciones o de la ampliación de algunas ya existentes".

En este sentido, también advierte de la "insuficiente" participación de la Administración General del Estado en la financiación e invita a una definición de objetivos más concretos y un calendario que garanticen un nivel de financiación pública suficiente.

En cuanto al componente de género, el Consejo sugiere que el anteproyecto sea sensible a otras dimensiones de la perspectiva de género y que, por ejemplo, no omita las "violencias de género", en plural, y, de forma más específica, "violencias sexuales", entre los supuestos que habilitan la tramitación urgente de los expedientes de reconocimiento de la situación de dependencia y acceso a prestaciones.