El Gobierno condiciona a la aprobación de los PGE financiar el 50% de la Dependencia en las CCAA

Financiación dependencia: la mayoría de CCAA piden que se les dé el mismo trato que al País Vasco

El Gobierno mantiene su compromiso de llegar progresivamente al 50% de aportación estatal de los fondos para el sistema de dependencia. Según aseguran desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a 65YMÁS, "el marco normativo vigente", es decir, la Ley de Dependencia, establece un modelo en el que "participan la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las personas beneficiarias". Y, en ese contexto, "el Gobierno ha impulsado una senda sostenida de incremento de la financiación estatal, con el horizonte de avanzar hacia una aportación equiparable al 50% del gasto, cuestión que fue planteada como acuerdo de coalición entre los partidos políticos PSOE y SUMAR".

Ahora bien, matizan, "la consecución de este objetivo se plantea de manera progresiva y condicionada a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio". "La previsión es seguir reforzando los niveles mínimo y acordado, en diálogo permanente con las comunidades autónomas, en el seno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), garantizando así una mejora efectiva de los servicios", añaden.

Las comunidades exigen el 50%

Cabe recordar que en los últimos meses, una mayoría de comunidades autónomas han reclamado al Estado alcanzar el 50% de la financiación de la dependencia. Un objetivo, que todavía está lejos de cumplirse. En el año 2024, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (@Ascdiresociales) calculaba que la aportación estatal rondaba el 27% –el resto se financiaría con presupuesto autonómico y copago–. 

El último Gobierno autonómico en volver a realizar esta petición ha sido la Junta de Andalucía. Su consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, entrevistada en el medio Teleonuba, criticó al PSOE andaluz por haber rechazado una iniciativa en la que se pedía a la administración central que asumiera este porcentaje de la financiación. 

De esta manera, todas las autonomías gobernadas por el Partido Popular –Madrid, Andalucía, La Rioja, Galicia, Castilla y León, Aragón, Murcia, Extremadura, Cantabria, Comunidad Valenciana y Baleares –, así como otras, como Castilla-La Mancha (PSOE), han efectuado esta demanda en público en los últimos meses.

Y en el caso del resto de CCAA, desde la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias no hablan directamente de un 50%, pero sí aseguran a este diario que llevan "años reclamando un incremento sustancial de la aportación estatal" y recuerdan que "el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, inició su mandato con el compromiso de mejorar aún más la aportación estatal y culminar la senda iniciada en 2019, tras años de recortes, por lo que confiamos en que así será para el conjunto del país". En cuanto a Navarra y Cataluña, ambas gobernadas por el PSOE, 65YMÁS se ha puesto en contacto con ellas para saber si comparten la petición, pero, de momento, no ha recibido una respuesta.

El compromiso con el País Vasco

Uno de los argumentos que las comunidades gobernadas por el PP exponen para defender lo urgente que es cumplir con esta reclamación es que, en el mes de abril, según desveló en mayo la conselleira de Política Social e Igualdade de la Xunta de Galicia, Fabiola García, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se habría comprometido con el País Vasco a aportar el 50% de los fondos. Una promesa, que habría sido interpretada por varias autonomías y patronales, como la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), como un agravio comparativo y una potencial discriminación en el caso de que se aumentase la financiación únicamente a Euskadi y no en el resto de regiones. 

Preguntados por esta cuestión, desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 confirman que el acuerdo con el Gobierno vasco existe, pero aseguran que tienen el mismo compromiso con las demás autonomías. 

"El País Vasco cuenta con un régimen jurídico singular regulado por el Concierto Económico. A diferencia de otras comunidades autónomas, no recibe transferencias directas para el SAAD, sino que ajusta su aportación a través de una minoración en el cupo que abona al Estado. El acuerdo bilateral alcanzado en abril de 2025 establece que la Administración General del Estado financiará progresivamente hasta el 50% del gasto certificado, el mismo compromiso que existe con el resto de comunidades autónomas, adaptado a su marco normativo propio", explican. Y puntualizan que "la financiación estatal en 2024 representó en Euskadi un 15,07% del gasto en dependencia, un porcentaje inferior a la media nacional".

En un sentido similar, fuentes del Gobierno Vasco explicaban recientemente a este diario que era "pública la petición que Aitor Esteban, como congresista y portavoz del grupo Nacionalista Vasco en el Congreso, hizo a Pedro Sánchez para apoyar su investidura a ese respecto". Concretamente, indicaban, en el texto de la demanda del exparlamentario figuraba la necesidad de que "el Estado financie el 50% del gasto total en dependencia en Euskadi, pero no que sea de aquí a 2027, sino de continuo". "Además, precisamente, porque el Gobierno español lo hizo público, el resto de las comunidades han pedido lo mismo. Ya no es secreto", aseguraban las citadas fuentes.

Financiación y presupuestos

Así y todo, estas promesas y peticiones de alcanzar el 50% se dan en un contexto de cierta desaceleración de la inversión en dependencia, en paralelo a las sucesivas prórrogas presupuestarias de los últimos años. 

Cabe recordar que el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos inició una senda de crecimiento del gasto para el sistema de cuidados, principalmente, a través del Plan de Choque 2021-2023, que pretendía revertir los recortes realizados por el Gobierno de Mariano Rajoy y, al mismo tiempo, mejorar el modelo, las condiciones laborales y reducir la lista de espera. 

En total, según datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, entre 2014 y 2025 se habrían cuadriplicado los fondos –este mismo año se habrían transferido a las CCAA 783 millones de euros suplementarios–. "El Gobierno de España mantiene un compromiso firme con la consolidación y mejora progresiva del SAAD. Desde 2019, la financiación estatal ha pasado de 1.382 millones de euros a más de 3.478 millones en 2024, lo que representa un incremento acumulado superior al 150%", explican desde el ministerio.

Eso sí, estos aumentos de financiación, que, tras el Plan de Choque, debían haber sido progresivamente cada vez más elevados para alcanzar el objetivo del 50%, se habrían visto limitados en los últimos años según han denunciado en reiteradas ocasiones desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, donde critican que la falta de presupuestos está lastrando las políticas sociales.

Y es que el que se aumenten los fondos para el sistema de cuidados, resulta crucial para el propio sistema y su viabilidad y desarrollo. Según han explicado desde el sector en reiteradas ocasiones a este diario, esta financiación suplementaria es necesaria para el nuevo modelo de cuidados, para que se sigan reduciendo las listas de espera y que se pueda hacer frente a la transición demográfica. Y es que, según las previsiones del propio Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se estima que se producirá un aumento de más de 400.000 personas dependientes en los próximos cinco años. 

Por ello, desde el sector se lleva años reclamando que el presupuesto destinado a esta partida aumente globalmente y en ciertos casos, como el de la patronal CEAPs, demandan que llegue idealmente al 2% del PIB –actualmente sería de menos del 0,8%, lejos de la media de la OCDE: 1,4%–.