Nace la primera Plataforma Estatal de familiares de residencias "para que la tragedia no se repita"

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Las principales asociaciones y coordinadoras de familiares y usuarios, presentes en una decena de regiones de España, han decidido unir sus fuerzas y crear la primera Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias. 

Su objetivo: que la voz de las familias y los mayores sea escuchada por parte del Gobierno, ahora que, desde el ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido por Ione Belarra, se está planteando cómo será el nuevo modelo de cuidados en el futuro, tras el trauma vivido en residencias durante la pandemia. Una tragedia, que se ha llevado la vida de más de 30.000 usuarios y que ha sacado a la luz las múltiples carencias del sector. 

Por ahora, en la Plataforma están presentes agrupaciones de País Vasco, Madrid, Cataluña, Andalucía, Aragón, Canarias, Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Baleares. Y los principales impulsores han sido organizaciones con años de experiencia luchando en favor de los derechos de los residentes como Pladigmare (@pladigmare), Rede (@REDE_org) y 5+1 (@CooResidencias). 

De esta manera, los representantes de estas tres organizaciones, Miguel Vázquez, Paulino Campos y María José Carcelén, han sido los responsables de presentar sus principales reivindicaciones que pasan por buscar justicia por lo sucedido en las residencias durante la pandemia, por mejorar la atención en los centros y por que las familias y los usuarios sean tenidos en cuenta a la hora de diseñar el nuevo modelo de cuidados. 

No a las carencias de personal

Y para que cambie sustancialmente este modelo, opinan, lo primero que debería modificarse son "las ratios de personal", "una cuestión básica", a su parecer.

Y es que, por ahora –aunque difieren según la comunidad autónoma– las ratios siguen siendo muy bajas y ocurre que, en ciertos momentos, hay sólo un auxiliar para 10 residentes, lo que merma la calidad de la atención.

Por esa razón, piden que se establezca la cantidad de trabajadores por turnos y personas y que se basen no en un criterio de ahorro o beneficio económico, sino en las necesidades de los mayores. Además, piden aumentar la "formación del personal".

No a la exclusión del sistema de salud

La Plataforma también tiene exigencias para el sistema de salud, que excluyó a los mayores de residencias en varias comunidades y en determinados momentos y lugares durante la primera ola.

Por ello, reivindican el derecho de sus seres queridos a recibir atención sanitaria pública y a que no se les vuelva a restringir de una manera u otra el acceso a la Sanidad.

Y también piden que el Gobierno se tome en serio las secuelas que han quedado del confinamiento extremo al que se ha sometido a los dependientes institucionalizados. Un encierro, que ha incrementado la fragilidad, los trastornos de ansiedad y depresión y empeorado los procesos de demencia, según los geriatras. 

No a la falta de control 

Otra de las reivindicaciones de la Plataforma tiene que ver con la "falta de inspección" en las residencias y con que, según aseguran, se "avisan" con antelación. "Requieren independencia del poder político y de los poderes empresariales", señalan.

Además, piden que se aumente el número de controles y de controladores, puesto que, critican, sólo hay "un inspector por cada 2.000 residentes" y que se tenga en cuenta su opinión a la hora de valorar la calidad de la asistencia que se da en los centros.

Por último, reclaman transparencia en los criterios que deberían basarse en "parámetros conocidos" como los porcentajes de "úlceras por presión", de personas con "desnutrición" o de uso de "ataduras físicas". 

No a la privatización

Tampoco debería dejarse el servicio de los cuidados, añaden, en manos privadas, puesto que las residencias, sostienen, tienen que "entenderse como un servicio público y no como un negocio".

Por esta razón, demandan en la Plataforma, sería deseable paliar el déficit de 80.000 plazas con oferta pública y cambiar la desproporción "entre lo público y lo privado", recuperando, en un primer lugar, las "residencias de titularidad pública con gestión privada".  

No a la masificación

"Las residencias no deben superar las 60 plazas con habitaciones individuales", proponen asimismo, puesto que, por ahora, una gran parte de los centros son de más de 100 camas.

Un modelo masificado –que califican como "hotelero y mercantilista"–, que también ha generado consecuencias negativas desde el punto de vista sanitario, ya que ha quedado demostrado, apuntan, que las residencias grandes y con habitaciones compartidas sufrieron más contagios. Igualmente, señalan, el cambio mejorará la "calidad de vida" de los residentes. 

No a la falta de financiación de la Ley de Dependencia

En sexto lugar, la Plataforma pide que se financie, como es debido, la Ley de Dependencia y que el Estado Central cumpla con sus obligaciones y aporte el 50% de los fondos para tal fin y que se transfiera a las CCAA "la deuda pendiente". Una medida, que ayudaría a mejorar el servicio y a reducir las listas de espera, entre otras mejoras. 

No al maltrato

"En todas las residencias deben existir protocolos frente al maltrato", exigen de igual manera. Así, piden que "las faltas muy graves" que se comentan impliquen "la expulsión de la empresa" que gestione el servicio y, para los centros privados, el cierre de la residencia. "Las sanciones económicas no tienen efecto disuasorio, porque se recuperan mermando la calidad del servicio", explican.

Por otra parte, también proponen que, si se detecta en un hospital o centro médico signos de maltrato, los médicos lo pongan directamente en conocimiento de las fuerzas de seguridad y, para ello, se les debería formar en cómo identificar estos signos de tratos degradantes y vejatorios en mayores.

No a no tener voz y voto

Por otro lado, para hacer valer todas sus reivindicaciones, la Plataforma pide tener interlocución directa con los poderes públicos a nivel estatal y no sólo con las CCAA. Por ello, reclaman reunirse con el presidente Pedro Sánchez y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

Pero no sólo solicitan visibilidad, también, y sobre todo, quieren que se les escuche en las residencias mediante "órganos de participación", tanto en los centros públicos como en los privados. Unos órganos, que deberían poder tener voz y voto respecto a qué actividades se realizan o temas relacionados con la alimentación de sus seres queridos. 

No a la falta de derechos

"Hay que garantizar a los residentes la libertad de movimiento. Donde no haya Covid, se debería visitar una hora diaria como mínimo y que puedan salir de las residencias los días que consideren", demandan los miembros de la Plataforma en penúltimo lugar.

"Son ancianos, pero no han perdido sus derechos fundamentales", añaden. Pero ante todo, entienden que estas decisiones, que afectan a derechos, no deben depender, bajo ningún concepto, de las direcciones de los centros. "Se debería establecer un canal de comunicación entre las familias y la administración cuando las direcciones de las empresas vulneran derechos", indican. 

No a la injusticia

Finalmente, desde la Plataforma señalan que no entienden como la Justicia "no ha entrado en las residencias", puesto que la mayoría de denuncias que interpusieron por supuesto homicidio imprudente o desatención no han sido valoradas todavía o han sido desestimadas.

"Hemos tenido que escuchar que los familiares de las víctimas eran exhibicionistas mediáticos", afirman. "Un país que se permita esto está condenado a repetirlo", comentan.

Asimismo, añaden, "no se está abordando la responsabilidad de aquellos que realizaron protocolos que impidieron derivar a los hospitales".

Por esta razón, piden reunirse con representantes de la Justicia para exponer su situación y "que se hagan comisiones de investigación" a nivel parlamentario, "para que esta situación no se vuelva a repetir".