La Comisión de Igualdad del Senado ha aprobado esta semana dos mociones por las que reclama al Gobierno medidas específicas para luchar contra la violencia de género que sufren las mujeres mayores de 65 años y aquellas mujeres y niñas con discapacidad víctimas de esta lacra.
Ambas iniciativas han contado con el voto a favor de todas las formaciones, a excepción de los partidos nacionalistas que han decidido abstenerse al considerar que el planteamiento de las mociones interfiere en las competencias autonómicas.
El texto que tiene que ver con el sufrimiento de esta lacra por parte de las mujeres mayores de 65 años es una iniciativa registrada por el PSOE en la que proponen, por ejemplo, promover acciones de difusión, prevención y sensibilización ante esta lacra, también en centros de mayores, en los que se elaborarán protocolos específicos de detección de esta violencia machista.
Del mismo modo, los socialistas apuestan por reducir la brecha existente entre el ámbito rural y urbano en relación a las necesidades y respuestas institucionales a estas mujeres y en el desarrollo de actuaciones para la reparación emocional de las supervivientes.
En cuanto a la moción relacionada con las mujeres y niñas con discapacidad, que ha sido impulsada por el PP, pide al Gobierno que facilite los mecanismos de acceso a la justicia a estas mujeres y niñas que son víctimas de violencia de género y que ponga en marcha los instrumentos necesarios para su protección y resarcimiento, implementando medidas que faciliten la denuncia.
Así, el documento insta al Ejecutivo a poner en marcha una macroencuesta específica sobre la violencia de la que son objeto las mujeres y niñas con discapacidad; a elaborar planes de acción estatales para promover la protección de este colectivo; a garantizar la accesibilidad universal de los centros de atención a las víctimas; a facilitar su acceso a los medios tecnológicos; o a implantar la figura de la asistencia personal en el ámbito de la violencia contra las mujeres con discapacidad.
Del mismo modo, llaman a poner en marcha medidas de apoyo psicológico; a desarrollar acciones de sensibilización y formación dirigidas a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en esta materia; y a asegurar la inclusión de la variable de discapacidad segregada por tipos, en todos los registros oficiales sobre violencia de género o de cualquier otra índole.
