Pensiones

Conde-Ruiz: “En 15 años, el problema de las pensiones ya no será manejable"

Pepa Montero

Foto: Foto cedida por el autor

Lunes 7 de diciembre de 2020

15 minutos

Entrevista a José Ignacio Conde-Ruiz, doctor en Economía, subdirector de Fedea y catedrático

Conde-Ruiz: “En 15 años, el problema de las pensiones ya no será manejable" (Foto cedida por el autor)
Pepa Montero

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Lunes 7 de diciembre de 2020

15 minutos

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Uno de los graves problemas del Pacto de Toledo es que "no incluye a las próximas generaciones, que son las que tendrán que pagar nuestras pensiones, y a las que vamos a dejar en herencia un sistema de pensiones deficitario y una deuda pública del 120% del PIB", advierte José Ignacio Conde-Ruiz (@conderuiz), subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea @socialfedea), doctor en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid y catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid. 

"Si ahora existen 3,5 trabajadores para pagar una pensión, dentro de unos años habrá 1,5 o 2 trabajadores para pagar cada pensión. Las pensiones se sostienen gracias a un contrato intergeneracional. Y, o adaptamos el sistema a la nueva realidad demográfica o el pacto se rompe. Las generaciones del futuro no van a asumir lo que vote hoy el Parlamento, y serán libres de irse a trabajar a otro país con un sistema de pensiones ajustado. Esta amenaza de ruptura del pacto es lo que hace que se realicen reformas, y esta vez no será distinto”, asegura Conde-Ruiz en su entrevista con 65Ymás, donde resalta otro de los problemas que presenta la reforma acordada por el Pacto de Toledo: "Se han puesto de acuerdo en revalorizar la pensión con el IPC, lo cual es una buena medida, pero sin decir cómo hacerlo sostenible. Y hay que saber que actualizar la pensión con la inflación generará un déficit del 3%-5% cada año”.

Para Conde-Ruiz, que también es miembro del Foro de Expertos del Instituto Santalucía, "el problema de las pensiones es manejable hoy, pero no lo será dentro de 15 años, si no se efectúan reformas de calado. Por lo tanto, cuanto antes hagamos la reforma, más justa y menos drástica será", algo que ve difícil, habida cuenta de que el Pacto de Toledo no ha aprobado medidas que refuercen la sostenibilidad del sistema, y porque, "en casi todos los países, las pensiones son prácticamente intocables, por el peso electoral creciente de los pensionistas”. 

 

José Ignacio Conde Ruiz, doctor en Economía, subdirector de Fedea y Catedrático en la Complutense 2 (Foto, autor)
José Ignacio Conde-Ruiz (Foto cedida por el autor)

 

PREGUNTA.- Usted formó parte del Comité de Expertos encargado de desarrollar el Factor de Sostenibilidad de las pensiones en 2013, una medida que se encuentra suspendida. ¿Cómo valora el reciente acuerdo alcanzado por el Pacto de Toledo, que es la hoja de ruta para la siguiente reforma de las pensiones? ​

RESPUESTA.- Con respecto al Pacto de Toledo, tengo sentimientos encontrados. Por una parte, dada la situación política del país, me parece meritorio que hayan alcanzado un acuerdo amplio, pero por otra parte, hay medidas que me parecen positivas, como la revalorización con el IPC real, que tiene sentido desde el punto de vista económico (porque un jubilado no sabe cuándo va a morir y no puede vivir con la incertidumbre de que su pensión va a ir perdiendo poder adquisitivo), pero el problema es que no existen medidas que garanticen la sostenibilidad, ya que subir las pensiones de acuerdo al IPC introduce en el sistema un déficit del 3%-5% cada año. A mi juicio, el Pacto de Toledo se ha puesto de acuerdo en algo razonable desde el punto de vista de la suficiencia, pero no ha realizado el esfuerzo de buscar cómo hacer que eso se pueda sostener en el tiempo desde el punto de vista financiero.

“Actualizar la pensión con el IPC generará un déficit del 3%-5% cada año”

P.- En el Pacto de Toledo se apuesta por la solidaridad intergeneracional. ¿De verdad podemos confiar en que los jóvenes de hoy paguen las pensiones a los jubilados del año 2040 o 2050?

R.- Un gran problema del Pacto de Toledo es que en él no están las generaciones del futuro. No nos olvidemos de que el sistema de pensiones es un contrato entre generaciones, y en el Pacto de Toledo no está la siguiente generación, que es la que tiene que pagar nuestras pensiones. Por mucho que hoy se vote algo, este contrato intergeneracional se puede romper. Cuando se analizan las recomendaciones del Pacto de Toledo, se ve que solo se han puesto de acuerdo en la parte bonita, que es la suficiencia de las pensiones, pero no ahondan en la sostenibilidad del sistema. Pero que nadie se engañe, no hay suficiencia sin sostenibilidad. El Pacto de Toledo no ha pedido la opinión de las próximas generaciones, que heredarán una deuda del 120% del PIB y un sistema de pensiones deficitario. Y yo no creo que las generaciones del futuro vayan a asumir esa carga tan pesada.

P.- El Pacto se Toledo se ha quedado entonces muy corto en sus recomendaciones...

R.- Sin duda. Con las pensiones, hay que mirar mucho más allá de un plazo de diez o quince años, porque ya sabemos que entonces habrá un problema (jubilación del baby-boom, mayor longevidad, caída de la natalidad…) y hay que empezar a resolverlo ahora mismo. El tiempo apremia, porque el problema de las pensiones es manejable en los próximos seis o siete años, cuando no será manejable es dentro de 15 años. A mi juicio, es preciso hacer una reforma integral, con medidas de calado, y aunque no afecte a quienes se están jubilando ahora, ni a los jubilados, hay que anunciar ya los cambios para que quienes se retiren dentro de diez o quince años sepan cómo les va a afectar. Los partidos políticos no quieren encarar el tema de la sostenibilidad porque resta votos, pero es ineficiente no hacerlo, y al final, todos los sistemas de pensiones se ven obligados a reformarse para ser sostenibles. La diferencia, y esto es lo que nos estamos jugando ahora, es hacerlo de manera más o menos racional y justa, o si habrá que hacerlo de manera abrupta e injusta.

"Todos los sistemas de pensiones se ven obligados a reformarse para ser sostenibles"

P.- Es decir, a su juicio, el problema de las pensiones es manejable ahora mismo, pero no lo será dentro de 15 años, si no se hacen reformas de calado.

R.- Exacto. Actualizar las pensiones con la inflación provocará déficits del 3%-5% anuales, dependiendo del escenario demográfico que usemos, y en particular del flujo migratorio. En este panorama, ¿cómo le vamos a decir a los jóvenes, que han sufrido dos crisis en menos de siete años, que si trabajan lo hacen con contratos temporales y que tienen problemas para emanciparse, que además de todo ello, les vamos a dejar una deuda pública del 120% del PIB por culpa de la pandemia, y que van a heredar un sistema de pensiones que genera déficits anuales del 3%-5% hasta al menos 2050?

P.- Actualizar la pensión con el IPC real, ¿puede tener riesgos en años similares a 2020, en el que la inflación es negativa, y en cambio las pensiones han subido el 0,9%?

R.- En teoría, el mecanismo debería aplicarse en ambas direcciones. Es decir, cuando la actualización se queda por debajo de la inflación real, se da una compensación en enero. Pero cuando la inflación se queda por debajo de la actualización, como este año, se debe compensar con menores subidas en los siguientes años. Por eso no entiendo por qué, en una situación de crisis como la presente, si durante este año 2020 los pensionistas ya han mejorado su poder adquisitivo, los Presupuestos del Estado mantienen la revalorización para 2021. Lo lógico sería que la revalorización se hubiera centrado en las más bajas y las no contributivas. Pienso que en un año como este, con un gasto público tan disparado por la pandemia, y viendo que las pensiones han ganado claramente poder adquisitivo, a lo mejor sería un buen momento para que esos recursos que se van a destinar a subir las pensiones en 2021, se emplearan para otras cosas, como por ejemplo ayudas directas a empresas o a los colectivos más vulnerables.

"Si el Gobierno ve necesario financiar las pensiones con impuestos generales, que lo explique"

P.- ¿Qué le parece el traspaso de gastos impropios de la Seguridad Social al Estado, con el que el Gobierno prevé reducir el déficit del sistema?

R.- Existe un principio de separación de fuentes que hay que cumplir, es decir, que las cotizaciones se empleen para pagar los gastos propios del sistema, y en ese sentido, es oportuno que se haga una limpieza de las cuentas de la Seguridad Social. Ahora bien, yo creo que se están usando los gastos impropios para incluir en esa partida determinados costes de gestión que sí son propios del sistema, para traspasarlos al Estado. Eso es como financiar las pensiones con impuestos. Pero con estos traspasos no se engaña a nadie porque al final, las pensiones, cuando hay déficit, se acaban pagando con transferencias del Estado. Simplemente se traslada el déficit de un lado a otro. Pero, si el Gobierno ve necesario que a lo mejor en un periodo transitorio se puedan financiar las pensiones con impuestos generales (ese es el debate), que lo diga abiertamente y lo explique.

P.- El Pacto de Toledo reafirma que la pensión de viudedad es contributiva, y por tanto, no entraría dentro de esos gastos impropios trasladables al Estado.

R.- El debate sobre la pensión de viudedad no se ha abierto, y en principio, es una pensión contributiva. Pero ojo, en el momento en que dejara de ser contributiva, todas las pensiones de viudedad tendrían que ser iguales. Este es un asunto importante, y que podría ser materia de debate en una futura reforma más integral; a lo mejor para dentro de diez o quince años. De todas formas, la pensión de viudedad va a ir disminuyendo porque las mujeres ya generan su propia pensión, y quizá se podría estudiar imponer un límite, o alguna medida similar.

"Me parece bien penalizar más la jubilación anticipada, sobre todo si es voluntaria"

P.- Fomentar el acercamiento voluntario de la edad real de jubilación a la legal, y endurecer la anticipada, ¿aliviarán el aumento del gasto en pensiones? 

R.- Son dos medidas que van en la buena dirección, aunque aún no sabemos cómo se van a concretar. Aproximar la edad efectiva a la legal es una medida positiva, pero no tiene el impacto necesario como para compensar el aumento del gasto que va a suponer actualizar la pensión con el IPC. Además, la gran mayoría de trabajadores se sigue pudiendo jubilar a los 65 años (por cumplir los requisitos de tener 37 o más años cotizados), pese a que cada año la edad legal se va retrasando en unos meses (hasta que en 2027 será de 67 años). Y también es posible que se retiren anticipadamente a los 63 años. A mí me parece bien que se penalicen más las jubilaciones anticipadas, sobre todo las que son de carácter voluntario. Pero, lo que es más importante, me gustaría que los trabajadores, de forma voluntaria, pudieran trabajar más allá de la edad legal, lo que se conoce como jubilación demorada; pero aquí nos encontramos con el problema de que la empresa quiera o no mantenerlos una vez superada la edad oficial. Existe la jubilación forzosa, y cuando el trabajador cumple la edad legal, la empresa lo puede jubilar forzosamente sin pagar ningún coste de despido. Es un tema jurídico que habrá que tratar si queremos que de forma voluntaria se pueda trabajar más allá de la edad legal.

 

José Ignacio Conde Ruiz, doctor en Economía, subdirector de Fedea y Catedrático en la Complutense 3 (Foto, autor)

"Habría que contar todos los años cotizados, no solo 25"

P.- ¿Qué le parece la idea de estudiar el poder elegir los mejores 25 años cotizados, que apunta el Pacto de Toledo?

R.- Habría que contar todos los años cotizados, no solo 25. Y si la pensión resultante fuera de muy bajo importe, pues se le aplica el complemento de mínimos. Esta es una medida actuarial compatible con la sostenibilidad del sistema: cobrar según lo cotizado, pero con un mínimo para garantizar la suficiencia. Además, una vez que se considere toda la vida laboral, estaríamos de facto en un sistema muy parecido a uno de cuentas nocionales, como Italia o Suiza, que es donde creo que deberíamos transitar.

P.- El ministro José Luis Escrivá quiere potenciar la jubilación activa... 

R.- Estoy de acuerdo. La jubilación activa es similar a la jubilación demorada, pero con la diferencia de que la activa permite compatibilizar el cobro del 50% de la pensión con el trabajo. Y, en el caso de pedirla un autónomo con al menos un empleado en plantilla, le permitiría cobrar el 100% de la pensión. Con la legislación actual, para conseguir extender la edad de jubilación de modo voluntario, habría que considerar muchos aspectos, porque ahora mismo, cuando un empleado llega a la edad de jubilación, a la empresa se le abre una ventana de oportunidad para poder desprenderse de él sin pagar coste de despido. Si queremos que para las empresas sea atractivo mantener al trabajador mas allá de la edad legal, habría que poner, con ciertos límites en cuanto a la duración, el contador del despido a cero. En una medida como esta, ganaría tanto el trabajador (la empresa le permitiría permanecer activo más tiempo) como la empresa, que no vería en el coste de despido un freno a mantener a dicho trabajador en plantilla.

"Las pensiones son casi intocables, por el peso electoral de los casi 10 millones de pensionistas" 

P.- ¿Considera que existe peligro de recorte o congelación de pensiones en 2021 o 2022, según evolucione la pandemia?

R.- En 2020 las pensiones ya van a mejorar mucho su poder adquisitivo, y para 2021 los Presupuestos Generales del Estado contemplan una subida general del 0,9% y del 1,8% para las no contributivas. Si en 2021 se volviera a ganar poder adquisitivo (porque la subida fuera mayor que el IPC real), me parecería bien que en 2022 se compensaran esas ganancias, es decir, igual que cuando la inflación es mayor que el alza de las pensiones, se abona una paguilla, si ocurre al revés, habría que ajustar las futuras subidas de las prestaciones. Pero la realidad es que, en este país, tú puedes tocar lo que quieras, pero las pensiones son intocables, por el peso electoral que tienen los casi 10 millones de pensionistas. 

P.- ¿Qué piensa del Ingreso Mínimo Vital?

R.- Es una buena medida que el IMV se esté desplegando como una nueva institución de carácter permanente, era algo que le faltaba a nuestro Estado del bienestar. Pero conlleva un control burocrático, que los que lo diseñaron no fueron capaces de anticipar, y lo cierto es que se está implementando con un retraso, desde mi punto de vista, excesivo. No entiendo por qué el Gobierno ha desplegado medidas coyunturales para los trabajadores que sufren ERTE o para los autónomos, y para las personas más vulnerables, que son las que peor lo están pasando con esta crisis, se pone en marcha una medida de carácter estructural, de forma que han pasado ya ocho meses de pandemia, y el IMV apenas ha llegado a sus beneficiarios. Aún quedan meses difíciles, y creo que el Gobierno debería ofrecer una ayuda de carácter temporal de urgencia contra la pobreza mientras se despliega el IMV. Es justo lo contrario de lo que ocurre con las pensiones; como las familias vulnerables no están organizadas, no hacen ruido mediático como otros colectivos, nadie se ocupa de ellos. Y esto es muy injusto.

P.- ¿Qué habría que hacer para llevar a cabo una reforma integral de las pensiones, que las haga sostenibles?

R.- Esto daría para otra entrevista, pero resumiendo, en mi opinión, la reforma debería tener tres ingredientes fundamentales: 1) Las pensiones no perderían poder adquisitivo porque el jubilado ya no tiene margen de maniobra 2) Las futuras pensiones al alta serán inferiores a las actuales, quizá un 20%-25% menos, pero al trabajador, para compensar, se le tendría que ofrecer la posibilidad de trabajar más allá de la edad legal (sin trabas de la empresa), o posibilidad de compatibilizar pensión y trabajo. Todo esto se haría mucho mejor con un 3) sistema de cuentas nocionales, que es un sistema de reparto como el actual, pero muy transparente, donde el trabajador sabe lo que lleva cotizado, los autónomos también sabrían qué pensión les podría quedar y luego no se llevarían la sorpresa de ver que sus pensiones son muy bajas, es un sistema con mucha información, con ajustes actuariales, etc. La clave de una reforma de calado es anunciarla hoy, asegurarse de que no afecte a los ya jubilados (que no tienen capacidad de reacción), poner fecha de entrada en vigor (por ejemplo, dentro de diez años), y que las personas que estén cercanas a la jubilación (de los 50-55 años en adelante) sepan cuándo, cómo y en qué condiciones se producirá su retiro y puedan prepararse y tomar decisiones, ya sea de ahorro o de carrera laboral.

Sobre el autor:

Pepa Montero

Pepa Montero

Pepa Montero es redactora especializada en temas de economía. Ha trabajado en medios como El Economista y La Gaceta de los Negocios. Es autora del libro de relatos La casa de las palmeras (Azul como la Naranja, 2013).

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