La reforma de las pensiones que no está en el Pacto de Toledo
Foto: Jesús Hellín / Europa Press
Domingo 17 de enero de 2021
11 minutos
El Pacto de Toledo no propone subir a 35 años el cómputo de la pensión, que sí estudia Escrivá
Foto: Jesús Hellín / Europa Press
Domingo 17 de enero de 2021
11 minutos
Avalancha de críticas de los lectores de 65Ymás por la reforma de las pensiones que planea Escrivá
Yolanda Díaz advierte de que ampliar el cómputo de la pensión a 35 años es "un recorte"
Ampliar a 35 años el cálculo de las pensiones: bueno para el sistema, peor para el pensionista
Bruselas advierte a España de que ligar las pensiones al IPC arriesga el sistema
El Gobierno necesita aprobar la reforma de las pensiones cuanto antes. Los últimos cambios se remontan a 2013, cuando el PP realizó una reforma sin consenso social, y las grandes modificaciones que entonces se introdujeron (el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones) están en suspenso, y se sobrentiende que serán suprimidas en la próxima reforma, ya que las recomendaciones del Pacto de Toledo, que cuentan con el aval del Congreso de los Diputados, van en esa línea.
Pero hay otras propuestas de reforma que sopesa el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, que no están dentro de lo recomendado por el Pacto de Toledo. Propuestas que incluirían desde estudiar restricciones y penalizaciones para la jubilación parcial, así como penalizar todavía más duramente las jubilaciones anticipadas voluntarias y que también podrían acabar afectando a las jubilaciones anticipadas de las personas con cotizaciones más elevadas. Escrivá quiere negociar asimismo una ampliación del periodo de cálculo de las pensiones, pasando éste hasta los 35 años (desde los 25 que serán legales a partir de 2022). Los economistas estiman que tal medida supondría una reducción media del 5,5% en las pensiones futuras, y las mujeres serían probablemente el colectivo más castigado, al tener, en general, carreras de cotización más cortas.
Lo cierto es que Escrivá está negociando ya su proyecto de reforma con los agentes sociales, es decir, sindicatos y patronal. Los sindicatos, de entrada, se niegan a endurecer la jubilación y cualquier medida que suponga recortes de las pagas. Y al ministro le corre prisa lograr un acuerdo social, ya que tiene que llevar a Bruselas una reforma consensuada y viable, que la Comisión Europea vea con buenos ojos. No parece una tarea fácil para el ministro, ya que Bruselas ha advertido reiteradamente su preocupación por la sostenibilidad del sistema de pensiones español, y en concreto, ha criticado la revalorización según el IPC.
Dos ministras, ¿y dos ideas de reforma?
Sobre la reforma de las pensiones han hablado recientemente las ministras de Economía, Nadia Calviño, y de Trabajo, Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) con mensajes bien distintos, que ahondan en la idea de una pugna interna en el Gobierno entre el PSOE y su socio de coalición, Unidas Podemos.
Mientras Calviño, que es la principal negociadora con Bruselas, reconoce que “tenemos que asegurarnos de que tenemos pensiones dignas en 20-40 años. Para eso tenemos que explorar distintas alternativas”, Díaz advierte de que “ampliar la base de cotización a 35 años es un recorte en las pensiones públicas. Es conocida la posición de Unidas Podemos. Nosotros no vamos a acompañar ningún recorte en materia de protección social, de ninguna de las maneras".
Tal y como recuerda Díaz, "hay un acuerdo de Gobierno y hay un acuerdo con la máxima representación de todos los partidos de mi país diciendo que no quieren esto. No va de derechas ni de izquierdas. Sería inadecuado que un Gobierno que dice que no va a dejar a nadie atrás propicie recortes".
Los 35 años de cotización rebajarían la pensión
El Pacto de Toledo no insta a ampliar a 35 años el cómputo de la pensión; lo que propone es evaluar el impacto de la reforma del año 2011 (entonces se aumentó de 15 a 25 años) para ver si conviene introducir elementos correctores, entre ellos, la posibilidad de elegir los mejores 25 años de la vida activa para cada trabajador. Quien sí plantea aumentar la cantidad de años para calcular la pensión hasta los 35 es la AIREF, de la que Escrivá fue presidente hasta su nombramiento como ministro.
La medida, en teoría, podría suponer una rebaja en la pensión inicial de los nuevos jubilados y reduciría la tasa de reemplazo (primera pensión frente a último salario), que ahora se sitúa por encima del 80%. Un porcentaje muy superior al 53,5% que es la media de los países miembros de la OCDE.
Contar cada vez más años para hallar la pensión es un recurso al que han acudido los gobiernos desde 1985, cuando se tomaban en cuenta solo dos años. En la reforma del año 2011 se decidió subirlos desde los 15 a los 25 años, ampliándolo cada año durante un periodo transitorio que acabará en 2022 (entonces regirán los 25 años completos). De hecho, desde el día 1 de enero de 2021, se contabilizan los últimos 24 años cotizados.
¿Por qué es tan polémica esta propuesta? Porque supone pensiones menores ya que los trabajadores suelen tener mejores contratos y salarios en sus últimos años de vida laboral, y peores en los inicios de su carrera profesional. Por eso, cuantos más años se cuentan del principio, más se rebaja la cuantía de la pensión final. En suma: ampliar a 35 años es una medida buena para el sistema; peor para el nuevo pensionista.
Hay que resaltar que tal medida solo afectaría a los pensionistas del futuro, y si se implantara de modo paulatino (así se suele hacer desde 2011), los 35 años solo se empezarían a contar dentro de unos años. Podría ocurrir también que algunos trabajadores se vieran beneficiados, por ejemplo, quien ingresara más con 40 años que con 55, pero para la gran mayoría, dicha reforma sería perjudicial.
Unidas Podemos y sindicatos rechazan cualquier recorte
Nada más saltar a la prensa la propuesta que estudia el Gobierno de ampliar a 35 años el periodo de cómputo, Unidas Podemos se mostró totalmente en contra. Y por las críticas realizadas por la ministra podemita Yolanda Díaz, parece que si el ministro Escrivá se empeña en llevar adelante tal medida, se va a generar mucha polémica.
También se oponen a ella los sindicatos CC OO y UGT, muy sorprendidos cuando se filtró en los medios de comunicación, ya que dicha ampliación “no está en las recomendaciones del Pacto de Toledo, se cayó en la última redacción”. Ambas organizaciones se muestran críticas con una medida de estas características, y sobre todo exigen al Gobierno que no se llegue a Bruselas sin pasar por las negociaciones en la Mesa de Diálogo Social.
Este mismo lunes, el secretario general de UGT (@UGT_Comunica), Pepe Álvarez, ha asegurado que "lo que se plantea cuando se habla de pasar de 25 a 35 años es recortar las pensiones, en clara contradicción con las resoluciones del Pacto de Toledo", y ha añadido que UGT en ningún caso "va a entrar a negociar nada que conlleve recortes para los pensionistas actuales y futuros". Para Álvarez, la reforma de la Seguridad Social pasa por mantener los derechos de los pensionistas. "Hasta 2022 no entra en vigor la ampliación de los años para el cálculo de la pensión, no vamos a discutir ninguna modificación", ha añadido.
España tiene que rendir cuentas en Bruselas
El propio Escrivá ha reconocido que la reforma de pensiones es una de las "recomendaciones específicas" que la Unión Europea ha realizado a España. "Tenemos que explicar qué vamos a hacer con las pensiones, es una de las reformas estructurales que se han identificado", reconoció el ministro en octubre pasado.
La Comisión Europea lleva años recomendando a España que meta en cintura el sistema de pensiones, ya que nuestras pensiones son de las más generosas de Europa. Por comparar con unos pocos países, mientras en Francia o Alemania, la tasa de sustitución (porcentaje que la pensión representa respecto al último sueldo) es del 60% y el 40%, respectivamente, en España ronda el 80%. Además, la Seguridad Social acumula hace tres años unos números rojos preocupantes y un déficit estructural, que se han disparado en 2020 por culpa del COVID-19 y que pone en riesgo la salud financiera del sistema en los próximos 10-15 años.
Lo peor está al caer: masivas jubilaciones del baby-boom
La generación del baby-boom (nacidos entre 1960 y 1977 aproximadamente) comenzará a engrosar la lista de jubilados a partir de 2025, lo que supone otra grave fuente de problemas para las pensiones. Se calcula que en el año 2035 habrá casi 13 millones de españoles mayores de 65 años y más de 15,5 millones en 2050.
El retiro de los baby boomers es pues una cuestión económica y social de primera magnitud, de cuya resolución depende en gran medida el sostenimiento del Estado del bienestar, ya que esta generación se creó en España a razón de 650.000 nacimientos anuales. Las jubilaciones del baby-boom incluirán a muchas mujeres con carreras profesionales completas, que generan su propia pensión, lo que va a cambiar radicalmente el sistema, donde hasta ahora, muchas mujeres mayores solo cobraban pensión de viudedad. En suma: el baby-boom al jubilarse disparará el gasto de la Seguridad Social. Una situación muy complicada que durará hasta 2050 aproximadamente.
