Alargar la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación sigue sin ser atractiva para los trabajadores españoles tras la aprobación de la primera fase de la reforma de las pensiones. Pese a que uno de los principales objetivos del Gobierno y del Ministerio que encabeza José Luis Escrivá era incentivar el retraso de la edad de jubilación, el análisis realizado por el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson de esta primera parte de la reforma, ha detectado serias ineficiencias, especialmente en este punto, en lo que se refiere al retraso de la edad de jubilación.
“La propuesta del Anteproyecto mejora la situación actual de la pensión demorada al elevar la bonificación al 4% por año, cuando anteriormente, fluctuaban entre el 2% y el 4% y la hace independiente de los años cotizados”, reconoce Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia y miembro de Instituto de investigación económica IVIE e integrante del Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson. Sin embargo, “se mantiene en un nivel muy por debajo del actuarialmente justo y sólo se aplica sobre años completos de demora en lugar de sobre meses” explica el experto. “Aproximarse a la equidad actuarial en cuanto respecta a la jubilación demorada llevaría a establecer coeficientes aumentadores del 0,6% por mes de demora, es decir, de un 7,2% por año”.
“No se está premiando de forma suficiente el retraso de la edad de jubilación, es un sistema claramente penalizador para las jubilaciones anticipadas, pero nada motivador para las demoradas. No ayuda a que los trabajadores se sientan cómodos con seguir alargando su vida laboral, una decisión que ya de por sí es poco apetecible en la mayoría de los casos” asegura Rafael Villanueva, director del área de Retirement de Willis Towers Watson.
La equidad actuarial, de la que carece el sistema de pensiones español dibujado tras la reforma, en opinión de este grupo de expertos, consiste en aplicar un factor de equidad que debería incluir la esperanza de vida para que individuos con las mismas carreras laborales, pero de distintas cohortes, reciban la misma suma de pensiones. “Esto supone que un aumento de la esperanza de vida implica menor pensión inicial. ¿Cómo se va a recortar finalmente la pensión? No se sabe, pero puede ser aumentando la edad de jubilación, aumentando el número de años cotizados para alcanzar un porcentaje del 100% o, directamente, bajando la pensión inicial” subraya Devesa.
Además, para que el “sistema fuera actuarialmente justo” los coeficientes deberían aplicarse por cada mes que se retrase la jubilación, cosa que sí se ha aprobado para la jubilación anticipada con penalizaciones de entre el 2,81% y el 21%, y no por cada año de demora.
Con el objetivo de poner contexto la situación y el anteproyecto recién aprobado, el Observatorio de Pensiones de WTW ha calculado cómo mejoraría, y cómo debería mejorar, una pensión media mensual de 1.455 euros, una pensión mínima de 851 euros, así como la pensión máxima.
Así, una persona que tenga derecho a esa pensión media mensual de 1.455 euros, no vería ninguna mejora si decide retrasar su jubilación entre uno y 11 meses. No generaría una pensión mayor. Ahora bien, con un mes más, es decir, si retrasa 12 meses la edad de jubilación, su pensión subiría hasta los 1.513 euros. Para el Observatorio, esta pensión debería subir a los 1.559 euros si se hubiera incluido en el pacto de reforma de las pensiones un sistema actuarialmente justo. En términos anuales, no ajustar actuarialmente el modelo de pensiones supone una pérdida de 652 euros, en el caso concreto analizado.
En el caso de una pensión mínima, se produce la misma situación, estima el Observatorio. Habría que esperar hasta 12 meses para que un trabajador con derecho a cobrar una pensión de 851 euros, la vea mejorar hasta los 885 euros mensuales. Ahora bien, lo actuarialmente correcto sería alcanzar los 912 euros mensuales de pensión. En este caso, la pérdida anual sería de 381 euros.
En el caso de una pensión máxima, sería necesario también que transcurrieran 12 meses para pasar de 2.797 a 2.909 euros frente a los 2.999 euros que corresponderían con un modelo actuarialmente correcto. En este caso, la pérdida anual del acuerdo actual respecto a lo actuarialmente justo es de 1.253 euros.
El acuerdo plantea la posibilidad de que se pueda sustituir el incremento anual del 4% en la bonificación por retrasar la edad de jubilación por un pago único que podría alcanzar hasta 12.000 euros. Una especie de ‘cheque único’ que “aún beneficia menos a los que opten por esta alternativa, ya que las cifras que aparecen en el borrador del Anteproyecto aprobado nos indican que el pago del `cheque único´ supone una reducción respecto de la cantidad que sería equivalente sin hacerlo y muestra inequidades acusadas entre hombres y mujeres” explica Enrique Devesa.
De hecho, volviendo sobre los tres ejemplos anteriores, el Observatorio ha calculado los importes de ese cheque:
“La jubilación demorada no presenta incentivos para acogerse a ella” concluye Devesa, quien considera que la reforma tendría que ir hacia la modificación de tres elementos: “que los coeficientes se aplicaran por meses de retraso; que el coeficiente mensual fuera de un 0,6% mensual; y que el cheque que lo sustituyera aumentara de forma importante la cuantía entregada, dejando de depender de la cuantía de la pensión”. A todo esto, hay que añadir que algunos de los elementos más puntillosos se han quedado pendientes para la segunda parte de la reforma, como el “cambio del periodo de cómputo de la vida laboral de los trabajadores para adaptar el sistema a la nueva realidad del mercado laboral o el incremento de las bases de cotización y de las pensiones máximas, que no serán tratados hasta, previsiblemente, 2022”, dice Villanueva.
