La nueva regulación de la jubilación flexible mantendrá "un impacto residual mientras obligue al trabajador a salir del mercado laboral para volver a entrar", según augura Carlos Bravo, secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO (@CCOO). El dirigente sindical reconoce limitaciones del modelo aprobado en la Mesa de Diálogo Social con el Gobierno, advierte sobre las barreras del edadismo en la contratación empresarial y propone mejorar el esquema actual de jubilación flexible para establecer un "tránsito directo de jornada completa a parcial sin ruptura de contrato". 

Así lo ha expuesto en el Debate de 65YMÁS La nueva jubilación flexible, presentado por Ana Bedia (@AnaBedia), directora de 65YMÁS, donde han participado Borja Suárez Corujo, secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones; Alfonsa Muñoz, directora de Previsión Colectiva en Santander Pensiones (@santander_es); además de José Manuel Daga, director de desarrollo del negocio de vida individual de Mapfre España (@MAPFRE_ES); y Cristina Estévez, secretaria ejecutiva con responsabilidades en materia de Empleo y Seguridad Social de UGT (@UGT_Comunica).

Durante este programa especial, Carlos Bravo ha reconocido la necesidad de "proteger a quienes sufren despidos involuntarios tras largas carreras de cotización", al tiempo que ha defendido el "modelo de consenso y voluntariedad español [para elevar la edad real de jubilación] frente a las reformas impuestas en otros países europeos".

PREGUNTA.- ¿Qué ventajas ofrece la nueva jubilación flexible, en comparación con la jubilación activa y otros mecanismos preexistentes?

RESPUESTA.-  Esta es una medida dentro de un paquete muy amplio; ha sido una figura marginal hasta ahora y mi pronóstico es que va a seguir siéndolo. No creo que la jubilación flexible vaya a suponer un cambio sustancial ni a aportar mucho al mecanismo de jubilación gradual y flexible que hemos construido a lo largo de los diferentes acuerdos desde el año 2001 hasta la actualidad. Recordemos que en el año 2001 se generó el sistema de jubilación anticipada involuntaria para aquellos que son expulsados del mercado de trabajo. Más adelante, en el año 2011, articulamos la situación de jubilación anticipada voluntaria para quienes acreditan 35 años de cotización. Y en los últimos años, del 2021 al 2024, hemos tocado diferentes piezas que nos permiten abordar la transición demográfica mediante dos figuras novedosas: por un lado, el incentivo a la permanencia y, por otro, la compatibilidad entre pensión y trabajo.

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P.- Estas medidas, pactadas por sindicatos, patronal y Gobierno, están retrasando la edad de jubilación efectiva. ¿Es lo que pretendían con las reformas?

R.- Este conjunto de medidas ha permitido que la edad efectiva media de acceso a la jubilación se haya retrasado dos años en dos décadas —un año solo en los últimos siete años— y de manera totalmente voluntaria, a diferencia de lo que ocurre en todo nuestro entorno europeo, donde se actúa de manera obligatoria para todo el mundo. Hay figuras que tienen un impacto muy relevante, como la jubilación demorada o la jubilación anticipada involuntaria. Esta última, que en el pasado ha registrado cifras muy importantes, en este momento se ha derrumbado y está en un escaso 3% como consecuencia de que, por primera vez en muchos años, hubo un escudo social en pandemia que salvó miles de empresas y millones de empleos.

P.- ¿Qué aporta entonces la nueva regulación de la jubilación flexible? 

R.- Hoy en día aporta poco, ya que tiene un elemento central que a nosotros en CCOO nos hubiera gustado cambiar y es que requiere salir del empleo, de la empresa, para volver a entrar al mercado, y eso exige que se produzca un cambio cultural muy importante en el empresariado de este país. Debería cambiar la cultura del empresariado para contratar a personas que ya han salido del mercado de trabajo; esto no ha sido una realidad hasta ahora y difícilmente lo será en el futuro. A mi juicio, el nuevo sistema de jubilación flexible puede que tenga algún impacto, pero seguirá siendo una figura marginal dentro de un elenco de medidas que están funcionando en su conjunto con un protagonismo mucho mayor.

 

Debate 65YMÁS, con José M. Daga (Mapfre España), Carlos Bravo (CCOO), Ana Bedia (65YMÁS), Borja Suárez (secretario Estado), Alfonsa Muñoz (Santander) y Cristina Estévez (UGT).

P.- Asociaciones de mayores y pensionistas critican las condiciones de la jubilación flexible, y el presidente de Ceoma (@CEOMA_ong), José Luis Fernández Santillana, lamenta que la reforma se haya hecho "sin escuchar a los jubilados".

R.- En cuanto a la participación de las asociaciones de mayores y jubilados, debo decir que la forma en la que se instrumenta todo el diálogo y la concertación social parte de un trabajo previo parlamentario en la Comisión del Pacto de Toledo, que realiza recomendaciones con amplio consenso y escucha a multitud de organizaciones. CEOMA forma parte de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), que agrupa a las principales entidades de mayores de España; con ella mantenemos una relación fluida y compartimos ideas y experiencias de forma habitual. Posteriormente, el mecanismo formal de concertación social requiere acreditar representatividad legal por parte de las organizaciones sindicales, empresariales y el Gobierno, contando con el posterior refrendo parlamentario en normas con rango de ley. En mi opinión, el modelo de concertación español es una referencia envidiada fuera de España que debemos cuidar porque ha dado muy buenos resultados.

"Esta fórmula tiene margen de reforma, como seguir trabajando sin romper el contrato"

P.- ¿Y qué puede responder a las críticas de los mayores a la reciente reforma de la jubilación flexible?

R.- Respecto a la jubilación flexible, en la evaluación de la norma, que se producirá en el plazo de un año, deberíamos pensar en una fórmula que, en lugar de exigir salir para volver a entrar, permita transitar directamente entre un trabajo a tiempo completo a uno a tiempo parcial, sustituyendo a la jubilación parcial posterior a los 65 años. Teniendo en cuenta que los trabajadores tienen el derecho subjetivo a acceder a la jubilación o permanecer trabajando, ¿por qué no podrían acordar con la empresa seguir trabajando sin necesidad de romper el contrato? Exigir salir y volver a entrar choca directamente con el edadismo empresarial, pues en los procesos de contratación se suele elegir a gente más joven.

P.- Con el nuevo modelo de retiro flexible, los únicos que podrán aumentar su pensión final son los jubilados anticipados involuntarios, cuya prestación se recalculará al dejar de trabajar. 

R.- Sí, el recálculo de pensión final con esta modalidad de retiro ha quedado acotado prácticamente a los jubilados involuntarios, que suelen cobrar pensiones de importes más modestos y con penalizaciones vitalicias, por haber sido expulsados del mercado laboral y haber tenido que jubilarse antes de tiempo forzosamente. Para ellos se mantiene la posibilidad de volver a calcular la cuantía de su pensión definitiva, teniendo en cuenta lo que coticen durante el tiempo que estén compatibilizando la prestación con el trabajo.

"Hay recorrido para seguir mejorando la jubilación involuntaria de las largas carreras"

P.- ¿Hay alguna novedad sobre las jubilaciones anticipadas de las largas carreras? ¿Cuál es la postura de CCOO acerca de suprimir las penalizaciones?

R.- Al abordar el tema de las largas carreras de cotización en la jubilación anticipada involuntaria, es preciso hacer una precisión muy importante: no es lo mismo una persona que decide acceder voluntariamente a la jubilación que alguien que ha sido expulsado del mercado de trabajo y no le ha quedado más remedio que jubilarse. Las carreras largas de cotización se tuvieron en cuenta en los acuerdos de 2011 y 2021, y hay recorrido para seguir mejorándolas. Sin embargo, no hay que perder de vista el impacto de género. Las carreras de más de 40 años de cotización son abrumadoramente masculinas (los hombres promedian entre 40 y 41 años cotizados frente a los 34 o 35 años de las mujeres). Cuando abordamos estas medidas, debemos proteger a todo el mundo en condiciones de equidad e igualdad, sin acentuar las diferencias derivadas de la brecha salarial, la falta de corresponsabilidad o la interrupción de la vida laboral para el cuidado de hijos o personas dependientes.

P.- Para concluir, ¿está preparado nuestro sistema de pensiones ante el shock del reto demográfico y la jubilación del baby boom?

R.- Las personas en nuestro país acceden a la jubilación de manera muy diversa. Hay gente que quiere permanecer trabajando, normalmente por dos motivos: porque tiene un trabajo cómodo con un nivel retributivo superior a la pensión máxima, o porque llega con carreras irregulares y necesita mejorar la cuantía de su prestación. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de la gente se jubila a la edad ordinaria o elige marcharse en el primer momento posible. Todo el abanico de situaciones que hemos ido generando a lo largo de los años en el marco del Pacto de Toledo y el diálogo social es perfectamente compatible con que la edad efectiva media de acceso al retiro se esté retrasando. Esto permite adaptar el sistema a dos fenómenos demográficos distintos: el baby boom, que es un fenómeno coyuntural que se desarrollará en los próximos 20 o 25 años; y el aumento de la longevidad, que es un cambio estructural y progresivo. El que tengamos un sistema que hayamos sido capaces de crear entre todas y todos, y que esté dando un resultado comparable al de otros países con medidas impuestas, pero siendo mucho más adaptable a la situación individual de cada trabajador, creo que es un valor fundamental que tenemos que defender y preservar.