Dos euros por litro: cuando el combustible quema las pensiones portuguesas
Los carburantes superan los dos euros por litro y el coste de la vida devora a los jubilados
Desde este martes 28 de julio, llenar el depósito de un coche en cualquier gasolinera portuguesa cuesta más que nunca. El gasóleo ha escalado hasta los 2,03-2,06 euros por litro; la gasolina 95, ligeramente por encima de los dos euros. Son cifras que, traducidas a la realidad de un pensionista medio portugués —cuya prestación ronda los 600 euros mensuales—, significan que un solo depósito puede representar más del diez por ciento de sus ingresos. No es una abstracción macroeconómica: es una decisión entre ir al centro de salud o quedarse en casa, entre visitar a los nietos o renunciar al viaje, entre calentar la comida o apagar el gas para ahorrar.
La subida responde, según el sector, a la escalada del petróleo provocada por la tensión en Oriente Medio, que ha disparado las cotizaciones del crudo y de los productos refinados. Pero en Portugal el problema tiene una capa adicional que la oposición socialista ha denunciado con cifras contundentes: el Estado ha ingresado ya más de 1.000 millones de euros en impuestos sobre carburantes en lo que va de año. José Luís Carneiro, ex ministro socialista, ha exigido una reducción del IVA sobre los combustibles, argumentando que parte de esa recaudación debería destinarse a aliviar el impacto sobre familias y empresas. El Gobierno de Montenegro, por su parte, ha pedido a la Entidad Reguladora de los Servicios Energéticos un análisis sobre la formación de precios —un gesto que, para muchos analistas, tiene más de dilación que de solución—.
Lo verdaderamente revelador es el contexto en el que se produce esta escalada. Apenas doce días antes, el 16 de julio, Montenegro se plantó ante el Parlamento en el Debate del Estado de la Nación y pronunció una de esas frases diseñadas para la posteridad: «Las pensiones son sagradas y todo lo que las ponga en causa es innegociable». Suena rotundo. Pero la sacralidad de las pensiones se mide en el supermercado, en la farmacia y en el surtidor, no en el hemiciclo de São Bento. Y los números cuentan otra historia: Portugal tiene más de dos millones de pensionistas para una población de poco más de diez millones de habitantes. La pensión media del régimen general apenas supera los 580 euros. El Complemento Solidario para Idosos, del que el Gobierno presume haberlo subido, alcanza cifras que en España consideraríamos de supervivencia, no de dignidad.
El gobernador del Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira, ha añadido esta semana otra pieza al rompecabezas. En una entrevista en la RTP, ha reconocido que la economía portuguesa «seguirá siendo sólida en 2026», pero ha advertido de que los precios de la vivienda —que han registrado uno de los mayores incrementos en relación con los ingresos entre los países de la OCDE en la última década— están generando una presión insostenible sobre las familias. Para un jubilado portugués, la ecuación es demoledora: la pensión no sube al ritmo de la inflación real, el combustible se dispara, la vivienda es inaccesible para los hijos y los nietos, y el sistema sanitario público acumula listas de espera que pueden medirse en meses. La solidez macroeconómica que proclama el gobernador del banco central no se traduce en bienestar para quien vive con menos de 700 euros al mes.
Un lector español reconocerá en este retrato un espejo incómodo. España ha optado por un camino diferente —la revalorización automática de las pensiones con el IPC, aprobada en la reforma de 2023—, pero el debate de fondo es el mismo: ¿cuánto puede aguantar un sistema de reparto cuando la base de cotizantes se encoge y la cima de beneficiarios se ensancha? Portugal perdió cuota de mercado exportador por primera vez, según ha revelado el propio Santos Pereira. La emigración juvenil no se ha detenido. La natalidad es de las más bajas de Europa. Y Bruselas ha dejado claro que quiere «medidas restrictivas» en el Presupuesto del Estado para 2027. Cada una de estas variables, por separado, es manejable. Juntas, configuran una tormenta perfecta cuyas primeras víctimas son siempre los mismos: quienes ya no tienen margen para recortar gastos porque hace tiempo que recortaron todo lo prescindible.
Hay algo profundamente hipócrita en un sistema político que declara las pensiones «sagradas» mientras permite que el coste de los combustibles se traslade íntegramente a los consumidores, incluidos los más vulnerables. El debate sobre si reducir el IVA de los carburantes es eficiente o regresivo tiene su lugar en las facultades de economía. Pero para la señora Maria de Fátima, de 72 años, que vive sola en Viseu con una pensión de 540 euros y necesita el coche para llegar al hospital más próximo, la discusión teórica es un lujo que no puede permitirse. Ella necesita que alguien le explique por qué el Estado recauda más de mil millones en impuestos sobre el combustible y no destina ni una fracción a compensar a quienes menos pueden pagarlo.
Portugal se encuentra, una vez más, en la encrucijada entre la modernidad que predica y la protección social que practica. El combustible a dos euros es solo el síntoma más visible de una enfermedad sistémica: la incapacidad —o la falta de voluntad— de construir un contrato social que garantice a los mayores algo más que supervivencia. Las pensiones, señor Montenegro, no se hacen sagradas pronunciando la palabra en el Parlamento. Se hacen sagradas cuando un jubilado puede llegar a fin de mes sin elegir entre comer y moverse. Y eso, hoy, en Portugal, no está garantizado.
