Hay un fantasma que recorre Portugal estos días, y no es el del comunismo, sino el de la flexibilidad laboral mal entendida. El Gobierno de Luís Montenegro ha enviado al Parlamento un paquete de reformas laborales que modifica más de cien artículos del Código del Trabajo portugués, y la reacción ha sido fulminante: la CGTP —la mayor central sindical del país— ha convocado una huelga general para el 3 de junio que amenaza con paralizar 500 vuelos, el metro de Lisboa, los trenes, los autobuses urbanos e incluso los servicios sanitarios. El 79% de los tripulantes de cabina han votado sumarse al paro. Portugal no vivía una sacudida laboral de esta intensidad desde hace años.

¿Qué propone exactamente el Gobierno? En esencia, tres cosas que en el lenguaje tecnocrático suenan neutras pero que, al aterrizarlas sobre la realidad del trabajador de más de 50 años, adquieren una dimensión inquietante. Primero, el regreso del banco de horas individual —eliminado en 2020— que permite ampliar la jornada hasta 50 horas semanales por acuerdo. Segundo, la eliminación de las restricciones a la subcontratación tras despidos colectivos: una empresa que hoy despida a su plantilla podrá mañana contratar trabajadores temporales para las mismas funciones. Tercero, la ampliación de los contratos temporales hasta tres años para quienes nunca hayan tenido un contrato indefinido o sean desempleados de larga duración. En conjunto, un giro copernicano que los sindicatos han calificado de «ataque sin precedentes a los derechos adquiridos».

Montenegro defiende que Portugal necesita ser más competitivo. No le falta razón en el diagnóstico macroeconómico: la economía portuguesa crece por encima de la media europea, ha reducido impuestos sobre la renta y las exportaciones, pese a ciertas señales de desaceleración advertidas por Bruselas, siguen siendo un pilar del modelo productivo luso. Pero la pregunta incómoda es a costa de quién se construye esa competitividad. Cuando un primer ministro dice que «el pueblo y las empresas están de nuestro lado», conviene preguntarse de qué pueblo habla. Porque los comentarios de los propios ciudadanos portugueses en la prensa digital —trabajadores de Jerónimo Martins que describen plantillas cada vez más reducidas, profesores que ven desmantelados sus cuadros escolares, sindicatos que advierten de un retroceso constitucional— cuentan una historia bien distinta.

Para los trabajadores mayores de 50 años, esta reforma tiene implicaciones especialmente graves. El mercado laboral europeo, y el portugués no es excepción, ya discrimina por edad de manera estructural: quien pierde su empleo después de los 55 tiene una probabilidad estadísticamente menor de volver a encontrar uno de calidad equivalente. Facilitar el despido y desregular la subcontratación significa, en la práctica, que las empresas podrán sustituir a trabajadores veteranos —con salarios más altos y derechos consolidados— por mano de obra temporal y más barata. Es la lógica del descarte generacional vestida de modernización económica.

El paralelismo con España es inevitable. Recordemos que la reforma laboral española de 2012 también flexibilizó el despido y amplió la temporalidad, con consecuencias devastadoras para los mayores de 50 que tardó una década —y una contrarreforma en 2022— en empezar a corregir. La tasa de paro de larga duración entre los mayores de 55 años se disparó entonces hasta niveles que aún hoy no se han revertido del todo. Portugal parece transitar ahora por un camino similar, con el agravante de que su tejido de protección social es más frágil: las pensiones medias son más bajas, el sistema sanitario público está más tensionado y la red de servicios sociales para mayores es una de las más precarias de Europa occidental.

Hay un dato revelador que conecta esta reforma con la crisis demográfica portuguesa: André Ventura, líder del partido Chega, ha puesto como condición para aprovar el paquete laboral en el Parlamento que se reduzca la edad de jubilación. Una propuesta que el propio Gobierno considera inaceptable, lo que genera un bloqueo parlamentario significativo. El Partido Socialista votará en contra. La UGT, segunda central sindical del país, ha decidido no sumarse a la huelga por considerarla «extemporánea» mientras la propuesta aún se debate en sede parlamentaria. El escenario es, por tanto, de máxima fragmentación política y social. Exactamente el tipo de caldo de cultivo donde los derechos de los más vulnerables —entre ellos, los trabajadores sénior— suelen ser los primeros en sacrificarse en el altar de los pactos.

La Comisión Europea, por su parte, ha proyectado una inflación del 3% para Portugal este año, en un contexto de inestabilidad internacional marcado por el encarecimiento de los combustibles y las tensiones en Oriente Medio. Para quien vive con una pensión media que apenas supera los 500 euros mensuales, cada punto de inflación no es una abstracción macroeconómica: es un recorte real en la cesta de la compra, en la factura de la luz, en el medicamento que se deja de comprar.

La huelga del 3 de junio será, más allá de su impacto en vuelos y transportes, un termómetro de hasta qué punto la sociedad portuguesa está dispuesta a aceptar que la competitividad se construya sobre la erosión de derechos laborales. Para quienes superamos los 50 años y observamos estos procesos desde España, la lección es clara: cuando un gobierno promete flexibilidad, conviene preguntar siempre flexibilidad para quién y a costa de quién. Porque la experiencia ibérica nos enseña que las reformas laborales diseñadas para dinamizar la economía suelen tener un perdedor recurrente: el trabajador que ya no es joven pero al que aún le quedan años de vida laboral por delante. Exactamente aquel al que más le cuesta reinventarse cuando el suelo se mueve bajo sus pies.