Las personas mayores no pueden pagar el precio del bloqueo político

En las últimas semanas hemos asistido a un nuevo episodio de irresponsabilidad política con consecuencias directas para millones de personas mayores. El rechazo del llamado decreto ómnibus en el Congreso de los Diputados no ha sido un mero trámite parlamentario fallido: ha supuesto la caída de medidas esenciales que protegían el poder adquisitivo, la dignidad y los derechos básicos de quienes ya han dado todo a la sociedad.

Desde la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT (UJP-UGT) queremos ser claros: bloquear la subida de las pensiones conforme al IPC es empobrecer deliberadamente a las personas mayores. Las pensiones no son una concesión ni una ayuda asistencial; son salario diferido, fruto de décadas de trabajo y cotización. No actualizarlas es condenar a millones de pensionistas a perder calidad de vida año tras año.

Este decreto garantizaba la revalorización de las pensiones y una mejora adicional de las pensiones mínimas, no contributivas y de viudedad. Su rechazo golpea especialmente a quienes menos tienen y, de manera muy concreta, a las mujeres mayores, que siguen sufriendo una brecha de género injusta en el sistema de pensiones. Muchas de ellas sostienen hogares enteros con ingresos muy ajustados y no pueden ser invisibles en el debate político.

Pero el daño no se queda ahí. La caída del decreto ha dejado en el aire medidas fundamentales contra la pobreza energética. Para demasiadas personas mayores, encender la calefacción o la luz no es una comodidad, es una cuestión de salud y de dignidad. Nadie debería verse obligado a elegir entre comer o calentarse, y sin embargo esa es la realidad que viven miles de pensionistas.

También se han perdido ayudas al transporte público que favorecían la autonomía personal, el acceso a la sanidad y la lucha contra la soledad no deseada. Para muchas personas mayores, el transporte público es la única vía para seguir participando en la vida social. Recortar estas medidas es fomentar el aislamiento y la exclusión.

Desde UJP-UGT denunciamos que las personas mayores no pueden ser utilizadas como moneda de cambio en el juego partidista. No es aceptable votar en contra de un decreto que protegía derechos básicos y luego intentar justificarlo con excusas tácticas o ideológicas. Cuando se vota contra la subida de las pensiones y contra el escudo social, se vota contra la mayoría social de este país.

Defender el sistema público de pensiones y los servicios públicos no es una opción política más: es una obligación democrática. Las personas mayores no somos un problema, somos parte esencial de la cohesión social y del estado del bienestar.

Desde la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT exigimos la recuperación inmediata de estas medidas, de la forma que sea necesario, y reafirmamos nuestro compromiso con la movilización y la defensa de los derechos conquistados. Porque defender las pensiones es defender la dignidad.