Una injusticia fiscal pendiente con algunos jubilados

Durante décadas, miles de trabajadores españoles cotizaron con esfuerzo a las antiguas Mutualidades Laborales, confiando en que aquellas aportaciones les garantizarían una pensión digna al llegar la jubilación. Lo que pocos sabían entonces es que esas cotizaciones —anteriores a 1979— no fueron desgravadas fiscalmente. Años después, las pensiones derivadas de esas mismas cotizaciones tributan por IRPF. El resultado es una doble tributación encubierta que ha pasado desapercibida para muchos, pero que encierra una grave injusticia fiscal y social.

La Agencia Tributaria ha reconocido parcialmente el problema permitiendo que quienes declaran el IRPF apliquen reducciones en la base imponible de su pensión. Sin embargo, el sistema actual excluye a los jubilados más vulnerables: aquellos que, por sus bajos ingresos o por estar afectados por incapacidad absoluta o gran invalidez, no están obligados a presentar declaración. Precisamente los pensionistas con menos recursos son quienes quedan fuera de una compensación que les pertenece por derecho histórico, no por concesión fiscal.

La raíz del agravio no está en el procedimiento, sino en el principio de equidad tributaria. La compensación por las cotizaciones a mutualidades no es una bonificación o un privilegio, sino una restitución de ingresos que nunca debieron ser gravados doblemente. Negar esa compensación a quienes no presentan IRPF supone vulnerar el artículo 14 de la Constitución Española, que garantiza la igualdad ante la ley, y el artículo 31.1, que exige que todos contribuyamos según nuestra capacidad económica. El Estado no puede actuar injustamente a costa de quienes, tras una vida de trabajo, perciben hoy las pensiones más modestas.

La solución es técnicamente viable y jurídicamente sólida: establecer un mecanismo de compensación directa, fuera del marco del IRPF, que permita reconocer el derecho sin necesidad de presentar declaración. Este sistema podría canalizarse a través del organismo gestor de las pensiones públicas, asegurando una aplicación automática y equitativa para todos los afectados.

Más allá de los tecnicismos, lo que está en juego es un principio básico de justicia intergeneracional. No se trata solo de una cuestión fiscal, sino de reparar un desequilibrio histórico que castiga a quienes más merecen protección: los jubilados que trabajaron cuando España construía su Estado del Bienestar y que hoy, paradójicamente, son los olvidados del sistema.

Es hora de que el Gobierno actúe, y que Hacienda y la Seguridad Social trabajen de forma coordinada para restablecer la equidad perdida. La justicia tributaria no puede depender de si alguien presenta o no una declaración de la renta. La dignidad de los mayores, tampoco.