Reivindicación de los pensionistas andaluces ante los Presupuestos 2026

Desde el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (MADPP) y la Coordinadora Andaluza por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, COANPE (Coespe Andalucía @CoespeOficial), realizamos las siguientes reivindicaciones, con el objetivo de que sean atendidas de cara a la elaboración de los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026.

Complemento y gestión de pensiones no contributivas

Las pensiones no contributivas son prestaciones económicas que se reconocen a aquellas personas que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos suficientes para su subsistencia en los términos legalmente establecidos, y que no han cotizado o no reúnen el mínimo suficiente de cotizaciones para obtener una pensión contributiva.

La cuantía de las pensiones no contributivas en 2025 es de 7.905,80 euros anuales (564,70 euros mensuales en 14 pagas). Para paliar estos ingresos tan bajos, la mayoría de las Comunidades Autónomas tienen establecido un complemento económico de carácter anual.

En Andalucía, este complemento se sitúa en 2025 en 186,45 euros anuales, o sea, 13,32 euros mensuales; el más bajo de todas las Comunidades Autónomas que lo tienen establecido.

En este año 2025 el complemento se ha incrementado un 4,5%, lo que ha supuesto la miseria de 0,57 euros mensuales de subida en el “complemento autonómico” a las PNC en Andalucía.

 

Según datos del Imserso, en septiembre de 2025, hay reconocidas en Andalucía 93.196 pensiones no contributivas, que multiplicadas por el complemento anual de 186,45 euros que abona la Comunidad Autónoma, supone un gasto total de 17.376.394 euros en los presupuestos de 2025.

Desde la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2021, hemos visto reducirse paulatinamente el número de pensiones no contributivas; también se ha reducido significativamente el número de Rentas Mínimas de Inserción Social de Andalucía (RMISA), como consecuencia del avance en la implantación de dicho IMV.

El volumen de gasto público que representaba la prestación del RMISA en 2020 fue de 135.747.971,43 euros, los Presupuestos de 2025 reducen esta partida hasta los 30.000.000 euros, es decir, entre el año 2020 y 2025 se ha producido un ahorro presupuestario de la Consejería de Inclusión Social de 105 millones de euros, que si se destinaran a complementar las 93.196 pensiones no contributivas existentes, supondría 1.126 euros para cada una de las personas beneficiarias.

Por otra parte, con la asunción parcial de la deuda de las comunidades autónomas propuesta por el Gobierno central, se podría obtener un ahorro de alrededor de 500 millones de euros al año.

Los movimientos de pensionistas reivindicamos que no puede haber personas que reciban una pensión por debajo del umbral de la pobreza; y pensamos que si existe voluntad real, se puede incrementar el complemento autonómico a las pensiones no contributivas, empleando alguno de estos dos ahorros que se están produciendo o que se pueden producir, hasta conseguir ese objetivo en Andalucía.

Por otra parte, la demora media en resolver las solicitudes de Pensiones no Contributivas en Andalucía, es de alrededor de 7 meses, muy por encima del plazo máximo legal fijado por el R.D. 286/2003 de 7 de marzo, que son 90 días (3 meses). Mientras, la media del Estado es de 132 días.

Estamos en periodo de tramitación de los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026, y por ello, desde el Movimiento Andaluz en Defensa del Sistema Público de Pensiones (MADPP) y la Coordinadora Andaluza por la Defensa del Sistema Público de Pensiones COANPE (Coespe), exigimos un esfuerzo que permita mejorar la situación de estas personas, desde una doble vertiente:

- Que en la tramitación de los Presupuestos de la Junta de Andalucía de 2026 se incluya una partida que aumente considerablemente el complemento autonómico de las pensiones no contributivas, para conseguir el objetivo de que ninguna pensión esté por debajo del umbral de pobreza.

- Implantar un Plan de Choque efectivo, en la Consejería de Inclusión Social, destinando los recursos humanos suficientes para reducir las listas de espera en las resoluciones de solicitudes de reconocimiento de las pensiones no contributivas en plazo de 90 días según recoge la Ley.

Autonomía personal y dependencia

Según el último panel del SAAD, del Ministerio de Derechos Sociales del primer semestre de 2025, Andalucía está a la cola a la hora de resolver solicitudes de reconocimiento del derecho de Atención a la Dependencia, con 44.253 solicitudes y una demora de 574 días, frente a la media del Estado que es de 342 días. Aun así, ambas demoras son muy superiores al plazo máximo legal que es de 180 días.

La atención a la Dependencia no puede considerarse un lujo extra; sino como una obligación ética y legal que tiene nuestra sociedad y las Administraciones Públicas competentes deben cumplir con este derecho de la ciudadanía. Por esto, reivindicamos de la Junta de Andalucía para los Presupuestos de 2026:

- Que la Junta de Andalucía aumente su aportación a la financiación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

- Un plan efectivo y urgente para rebajar los plazos de resolución de las ayudas hasta que se encuentren dentro del periodo máximo de 180 días recogido en la Ley.

- Aumento paulatino de Residencias y Centros de Día Públicos para cubrir la escasez de plazas de este tipo, con especial atención a las zonas rurales, que permitan evitar situaciones de desamparo y la sangría económica que está suponiendo para las personas dependientes o sus familias, que no pueden acceder y tienen que acudir a residencias privadas.