El sistema de la dependencia se expande hacia el colapso

 

Desde la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) venimos alertando de que el sistema de atención a la dependencia en España está creciendo sin control ni recursos suficientes, lo que lo aboca a un colapso inminente si no se adoptan medidas urgentes en materia de financiación y reforma real legislativa.

Según los últimos datos, publicados por el Imserso, relativos a agosto de 2025, en Andalucía hay 52.959 personas en lista de espera, lo que representa el 12,32 % del total de solicitudes. A nivel nacional, la cifra asciende a 281.022 personas, un 12,43% del total. Estas cifras reflejan una realidad dramática: miles de personas dependientes mueren cada año sin haber recibido la ayuda que les corresponde por ley.

1. Una situación crítica a nivel nacional y andaluz

En agosto de 2025, los datos oficiales muestran que:

• España: 2,26 millones de solicitudes (+3,8 % vs enero), 2,13 millones de resoluciones (+3,9 % vs enero), 1,56 millones de personas con prestación efectiva (+4,4 % vs enero) y 281.022 personas en lista de espera (+2% vs enero).

• Andalucía: 429.699 solicitudes (+1,12 % vs enero), 397.870 resoluciones (+1,37 % vs enero), 319.436 con derecho reconocido (+1,64 % vs enero), 298.306 con prestación efectiva (+0,79 % vs enero) y 52.959 en lista de espera (+4,35 % vs enero).

Fallecimientos enero–agosto 2025:

• Andalucía: 5.029 personas (4.021 sin valorar, 1.008 sin prestación).

• España: 22.878 personas (12.633 sin valorar, 10.245 sin prestación).

2. Un sistema infrafinanciado e injusto

En 2024, el gasto total en dependencia fue de 12.902 millones de euros (0,81 % del PIB). La Administración General del Estado (AGE) solo aportó 3.478 millones (26,9 %), mientras que las comunidades autónomas financiaron 9.424 millones (73,0 %). Esto significa que las CCAA aportan 2,7 veces más que el Estado, a pesar de que la Ley 39/2006 obliga a la Administración central a cubrir al menos el 50 % del coste.

En Andalucía, el gasto ascendió a 2.116 millones (1,06 % del PIB andaluz), de los que la Junta aportó 1.378 millones (0,69 % del PIB) y la AGE 738 millones (0,37 %). Ambas administraciones deben aumentar su esfuerzo financiero para garantizar derechos.

Esta insuficiencia de recursos se traduce en listas de espera más largas y menor acceso a servicios esenciales para miles de personas dependientes y sus familias.

Además, en comparación con la media europea (1,8%), España destina un porcentaje menor de su PIB (0,81%) a la atención de la dependencia, lo que agrava aún más la situación de las personas afectadas y las deja en clara desventaja respecto a quienes viven en otros países del entorno comunitario. Esta brecha evidencia la necesidad urgente de situar la financiación a la dependencia como una auténtica prioridad política y social.

3. La situación crítica en agosto se agrava

En España, los tiempos medios de tramitación en el sistema de atención a la dependencia se han incrementado desde enero, con un aumento de once días entre enero y agosto de 2025. Este dato revela que el acceso efectivo a las ayudas para personas dependientes es cada vez más lento, agravando la situación crítica que vive el sistema. Cada día extra de espera significa mayor sufrimiento para quienes necesitan apoyo urgente y para sus familias.

En Andalucía, aunque el tiempo medio de espera disminuyó levemente en agosto en relación julio (-5 días), sigue siendo el más elevado de todo el país, situándose en 565 días. Esto significa que una persona con derecho reconocido a la dependencia debe esperar más de un año y medio para recibir la prestación o servicio correspondiente, una cifra alarmante que pone en evidencia la ineficacia del sistema.

El drama se magnifica cuando analizamos los fallecimientos en lista de espera. Entre enero y agosto de 2025, han fallecido 5.029 personas en Andalucía mientras esperaban ser atendidas. Esta cifra supone un incremento del 31,5 % respecto a 2024 (cuando fueron 3.443 personas). El número de fallecidos sin valoración previa —es decir, quienes ni siquiera llegaron a ser evaluados para recibir ayuda— aumentó un 58 %, pasando de 1.690 defunciones en 2024 a 4.021 en 2025. Esto evidencia que más personas mueren antes de que la Administración valore oficialmente su situación, lo que representa un grave fallo estructural y social.

A nivel nacional, la cifra de personas fallecidas en espera de una prestación de dependencia alcanza las 22.878 en los primeros ocho meses de 2025. Cada estadística aquí presentada no solo representa un número, sino una vida truncada por la demora y la falta de recursos, además de un derecho fundamental vulnerado.

Resulta inaceptable que, en pleno siglo XXI, más de 5.000 personas mueran en menos de un año en Andalucía —y casi 23.000 en toda España— esperando una ayuda vital a la que tienen derecho por ley. Es urgente que las autoridades, tanto del Gobierno central como de las comunidades autónomas, adopten medidas inmediatas para incrementar la financiación, agilizar los procedimientos y garantizar que ninguna persona dependiente quede desatendida por la lentitud administrativa. La sociedad no puede seguir tolerando la indiferencia ante una realidad que exige respuestas concretas y una acción política decidida para revertir esta tragedia evitable.

4. Altas y bajas: el sistema crece, pero sin sostén

Los datos de 2025 muestran un aumento significativo en las altas de solicitudes tanto a nivel nacional como en Andalucía, mientras que las bajas han disminuido. Este fenómeno, lejos de ser una buena noticia, refleja una presión creciente sobre un sistema que ya opera al límite.

En Andalucía, las altas han crecido un +26,76 % respecto a 2024, mientras que las bajas han descendido un -3,04 %.

A nivel nacional, las altas aumentaron un +2,51 %, y las bajas cayeron un preocupante -8,73 %.

Este desequilibrio indica que el sistema se está expandiendo sin reforzarse, acumulando beneficiarios sin que se amplíen los recursos ni se agilicen los procesos. Si no se incrementa la financiación y se acomete una reforma legislativa efectiva, el sistema de dependencia se dirige hacia el colapso.

5. La única salida: más financiación y mejora de la gestión

Para FOAM, la raíz del problema es la infrafinanciación crónica y una gestión deficiente en determinadas autonomías. Por ello, exigimos al Gobierno central y a las comunidades autónomas que:

- Se eleve el gasto público en dependencia al 2 % del PIB.

- El Estado asuma el 50 % del coste del sistema, tal como establece la ley.

- Se agilicen los procedimientos de valoración y concesión de prestaciones.

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