Albert Campabadal, una vida comprometida con las personas con discapacidad

Según un estudio de la Universidad de Sevilla, el 80% de las empresas españolas no cumple con la obligación legal de tener en su plantillas a, al menos, un 2% de personas con discapacidad. Asimismo, sólo uno de cada cuatro miembros de este colectivo trabaja y más de la mitad de la población activa en este segmento de población lo hace en Centros Especiales de Empleo, una institución creada en los 80 para insertar en el mercado de trabajo a las personas con diversidad funcional.

Para conocer más de cerca estos centros que dan trabajo a personas con discapacidad, 65Ymás ha contactado con Albert Campabadal, presidente del Grupo SIFU (@grupo_sifu) y fundador de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (Conacee), la patronal de este sector. A sus casi 70 años, este empresario preside una compañía con 5.000 empleados, de los cuales, 4.500 tienen alguna discapacidad y 1.500 son de “difícil inserción” (enfermedades mentales, discapacidad intelectual o un grado de afectación física, orgánica o sensorial superior al 65%). Así, la empresa, que se fundó hace 26 años, tiene ya 35 delegaciones y está presente en todas las autonomías españolas.

Su compromiso con las personas con discapacidad viene de lejos. Antes de fundar el Grupo SIFU, Campabadal fue empresario del sector de las estaciones de servicio y, ya entonces, daba empleo a personas con diversidad funcional. La razón: conocía las dificultades del colectivo para conseguir trabajo ya que tiene un hermano con discapacidad.

Tareas y puestos adaptados para personas con discapacidad

“Hacemos trabajos de limpieza, jardinería, control de accesos, fabricamos piezas para la industria del automóvil, mantenimiento para el mobiliario urbano, entre otras cosas”, comenta Campabadal. Aunque su empresa no funciona igual que el resto: los puestos de trabajo se adecúan a los empleados. “Los trabajadores tienen 20 días al año para revisiones y visitas médicas”, ejemplifica.

Por ello, a la hora de reclutar personal se tienen en cuenta dos variables: qué actividades no pueden desempeñar, por su propia seguridad, y, sobre todo, “qué pueden hacer”. Para Campabadal es esencial “adaptar el puesto de trabajo a la persona” pero, eso sí, siempre dentro de la lógica de la utilidad. “Cuando hablamos de trabajar, tiene que haber una aportación por parte de las personas", explica. No obstante, hay casos de personas "que tienen tal discapacidad que, realmente, les es prácticamente imposible encontrar un trabajo que puedan desarrollar”, apunta. Este perfil sería difícilmente insertable en el mercado laboral.

Por otro lado, en su opinión, debe cambiar la cultura del país y se ha de tomar como referencia a algunos de nuestros vecinos. “Las empresas en Francia tienen que tener, por ley, un 6 % de personas con discapacidad”, apunta. Aunque este porcentaje es flexible: el 3% debe ser empleo directo pero el otro 3 se puede cumplir a través de la compra de productos y servicios a empresas adaptadas (equivalentes a los Centros Especiales españoles). “Cuando no cumplen, tienen que pagar un dinero a Estado”, señala.

Discapacidad y mayores

El CEO del Grupo SIFU es también presidente del Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o con Dependencia (Ceddd). En relación con los mayores en situación de dependencia, Campabadal critica que la Ley de Dependencia “no atiende a todo el colectivo” y que se creó sin “ningún presupuesto”.

Otro problema es qué pasa con las personas con discapacidad cuando se hacen mayores. “El colectivo envejece peor”, apunta y ejemplifica: “Una persona con una polio o una artrosis que se manifiesta a los 40 años está mucho más afectada al llegar a los 70”.  A su parecer, “el problema es que no hay un sistema bueno o bien estudiado para que las personas con discapacidad, en el momento que no puedan trabajar, se jubilen aunque no hayan cumplido los 65", señala el presidente del Grupo SIFU. Por los casos que conoce, “normalmente, tienen que coger varias bajas de 18 meses, pasar por un tribunal médico y, al final, se les incapacita para trabajar”, explica. Y añade: “Pero tampoco cobran lo que que deberían" (ya que no han podido cotizar todos los años que hubiesen querido). "Son unos jubilados de segunda categoría”, concluye.