Las cuidadoras profesionales alertan: "Muchas pedimos ayuda para la luz, el alquiler o la comida"

La pandemia ha hecho saltar todas las costuras del sector de la Dependencia y ha puesto de manifiesto las carencias que tenía y sigue teniendo.

Durante esta crisis sanitaria ha quedado patente que las personas dependientes no sólo sufrían las peores consecuencias de un virus mortal –en las residencias, por ejemplo, murieron más del 10% de los usuarios con Covid–, sino que también les afectaba, llegando a influir en su calidad de vida, la falta de trabajadores endémica y los servicios de atención low cost –una plaza en un centro sociosanitario en España cuesta de media 1.800 euros, en Noruega, cerca de 9.000–. 

Por ello, el Gobierno, y más en concreto el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, decidió poner en marcha un Plan de choque para la economía de los cuidados y el refuerzo de las políticas de inclusión 2021/2023 –venía tiempo fraguándose– para acabar con la lista de espera de la Dependencia, reformar el sistema de residencias –aumentando las ratios de personal y creando unidades de convivencia de 20 o 30 personas– y para fomentar que los mayores puedan vivir más tiempo en sus domicilios –mediante la ayuda a domicilio y la teleasistencia, que atiende ya cientos de miles de personas–. 

Y para este fin, el Gobierno logró, previa negociación con patronal y sindicatos, que se incluyese en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y, posteriormente, en los de 2022, una partida de 600 millones de euros suplementarios para Dependencia, además de un porcentaje de los fondos de la Unión Europea. Un dinero, que está yendo a parar a las comunidades autónomas y localidades –y posteriormente a las empresas gestoras–, y que es finalista, es decir, se debe dedicar para mejorar el sistema de atención a la dependencia –tanto a la Ayuda a Domicilio como a la teleasistencia y a las residencias–. 

La reforma no acaba con la precariedad

Sin embargo, las propias cuidadoras de la Ayuda a Domicilio no terminan de compartir este Plan ya que temen que no suponga una mejora sustancial.

Así, desde la Plataforma Unitaria de Ayuda a Domicilio (@UnitariaA), organización surgida tras el 15M (2011) y las Marchas por la Dignidad (2014), sienten que los gobiernos han dejado de lado a las cuidadoras –la mayoría son mujeres–, ya que con el Plan de Choque del Gobierno no se logra terminar, en su opinión, con un problema fundamental y determinante para la atención y para su colectivo: "la temporalidad" y "la precariedad". 

Prueba de ello, denuncian, es que durante la pandemia muchas profesionales que llevaban "6 o 10 años como eventuales" se marcharon a otros sectores –sobre todo al sistema de salud, por sus titulaciones como TCAE– y que, ahora que los servicios se están prestando con mayor normalidad, gran parte no han vuelto porque sigue siendo poco atractivo para los empleados. 

Además, sienten que han sido las grandes olvidadas durante la pandemia y no olvidan que no se les reconoció el contagio de Covid como enfermedad profesional –por desempeñar su función en domicilios– o que se las considerase trabajadoras esenciales, pero luego no tuviesen casi compensación, salvo ser prioritarias para la vacunación. 

La precariedad del sector

"Los ministerios pueden dar el dinero y una guía, y decir que es para intentar mejorar, pero las autonomías están haciendo cada una sus planes. De momento, muchas sanean sus cuentas y hacen sus encajes de bolillos”, denuncia a 65Ymás una portavoz de la Plataforma, que prefiere no dar su nombre. 

“Están haciendo cursos que nos suenan a los que se realizaban en los años 80, que no forman lo suficientemente bien para trabajar y que son de unas pocas horas y no una FP como antes. Y están dirigidos a personas que cobran el Ingreso Mínimo Vital o en el paro", explica. Algo "ilógico", matiza, ya que no se ha resuelto antes el problema de la temporalidad y de la "continuidad laboral".

“Estas personas no van a encontrar en este sector una situación que les saque de nada, porque muchas compañeras, trabajando, van a Servicios Sociales para pedir ayuda para energía, alquiler, comida…”, advierte. 

“Están generando más mano de obra barata y poco formada para que las empresas hagan lo que les dé la gana. Esto no mejora el servicio. Es un: meto a más a que trabajen aquí en precario, pero luego, las que estaban ya formadas, se han ido a la calle por la temporalidad”, opina. 

Mejorar las condiciones

Por esta razón, desde la Plataforma Unitaria del Servicio de Ayuda a Domicilio entienden que la clave para mejorar el servicio no está sólo en crear más puestos, sino también en cambiar las condiciones de trabajo.

Unas condiciones, que el propio Plan de Choque se comprometía a modificar mediante los 600 millones adicionales. "Mejorar la atención a la dependencia, introduciendo reformas que simplifiquen los procedimientos y reduzcan las listas de espera, refuercen la calidad de los servicios profesionales y las condiciones laborales y aumenten la cobertura de las prestaciones", rezaba el texto.

 

Pero, en opinión de la Plataforma, esto no se está materializando. Y, no sólo eso, sino que las pocas mejoras son muy distintas en cada autonomía y sigue habiendo diferencias si se trabaja para empresas gestoras y ONG o directamente para la administración –ayuntamientos o comunidades–. "Falta una norma marco estatal que evite las diferencias entre regiones y que acabe con esta brecha", comenta.

“¿Y qué se ha hecho para luchar contra la precariedad? Actualmente, los salarios siguen siendo muy bajos. Por ejemplo, una persona que tenga una jornada completa –existen pocas– cobra 980 euros", ejemplifica.

Por ello, la portavoz de la Plataforma pide que se revise también el modelo de "externalización", ya que "repercute en las condiciones de las trabajadoras".

Y, por esta razón, propone que la gestión sea pública y corra a cargo de las entidades locales, algo, que mejoraría el servicio, en su opinión, puesto que las empresas tienen tendencia a buscar maximizar "el beneficio". "Este cambio aportaría mayor eficacia y calidad, y es sostenible", apunta. 

Y es que desde la Plataforma no se fían de la gestión que hacen las empresas del servicio y lo hacen en base a datos empíricos que viven en el día a día. “Después de haber pasado por la pandemia sin material y sin Epis, ahora que todo el mundo está vacunado, vuelven a racanear con la protección y dicen que con las mascarillas sanitarias es suficiente”, ejemplifica la portavoz.

Por esta razón, piden a las administraciones ir más allá y que emprendan una reforma de calado y que no se olviden de su colectivo que atiende a centenares de miles de personas en el país, ya que mejorar sus condiciones de trabajo aumentará la calidad del servicio prestado.