Úrsula Segoviano
Sociedad
La patronal de la ayuda a domicilio exige que se compense la subida del SMI
Piden actualizar las tarifas y urge al Gobierno a modificar la Ley de Desindexación
La Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) ha advertido de que el servicio de ayuda a domicilio afronta "graves riesgos para su sostenibilidad, continuidad y calidad" y ha pedido al Gobierno que la propuesta de subir el salario mínimo un 3,1%, vaya acompañada de "mecanismos de actualización de precios que reflejen los costes reales del servicio".
En este contexto, ASADE urge al Gobierno a modificar la Ley de Desindexación, una ley que consideran "injusta e incoherente" con los objetivos actuales de la sociedad.
La patronal de servicios de ayuda a domicilio señala que "en este momento donde las subidas acumuladas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) desde 2015 alcanzarían el 88,25%" es "imprescindible" que se acometa esta reforma.

En concreto, piden introducir "mecanismos de actualización de precios que reflejen los costes reales del servicio, en particular los derivados de la evolución salarial y del cumplimiento de las obligaciones normativas".
"El servicio de ayuda a domicilio es un servicio esencial del sistema de cuidados y más del 90% de su financiación depende de contratos y conciertos públicos. Cualquier subida del SMI, por necesaria que se pudiera considerar, debe ir acompañada de mecanismos que permitan actualizar esos contratos; de lo contrario, se obliga a las entidades a prestar un servicio esencial en condiciones estructuralmente deficitarias, poniendo en riesgo su continuidad, la calidad de la atención y el empleo. Debemos redefinir la colaboración público privada con unas reglas claras y justas", ha señalado el presidente de ASADE, Ignacio Gamboa.
Desde la asociación consideran "llamativo" que siendo una ley que cuenta "con la oposición frontal de sindicatos, patronales y de la mayoría de las fuerzas políticas", sin embargo, "no se modifica".
En este contexto, desde ASADE agradecen "la disposición manifestada por el Ministerio de Trabajo para explorar, junto con los ministerios competentes, posibles fórmulas que permitan revisar o flexibilizar parcialmente las normas de desindexación en la contratación pública".


