La patronal de la dependencia FED se opone a la "imposición" de menús en residencias "sin diálogo"

Al fin el Gobierno regulará los menús de las residencias de mayores para que sean saludables

 

La Federación Empresarial de la Dependencia (@FEDdependencia) ha expresado su "más enérgica oposición al anuncio de establecer una regulación estatal sobre la calidad nutricional y composición de los menús en hospitales y residencias".

En concreto, aseguran en un comunicado que "la medida, comunicada sin ningún tipo de consulta previa ni reunión con el sector, supone un nuevo ejemplo de la política de imposición que desde hace tiempo viene practicando el Gobierno en materia de dependencia. En un ámbito tan delicado como la alimentación de personas mayores y dependientes –que requiere un enfoque individualizado, técnico y profesional– el Ministerio opta por una solución ideológica, centralizada y alejada de la realidad diaria de nuestros centros".

"Resulta profundamente preocupante que desde el Ministerio se pretenda intervenir de forma tan directa en la elaboración de los menús sin tener en cuenta las competencias de las Comunidades Autónomas en esta área, ni las características propias de cada centro ni las necesidades específicas de las personas atendidas. Como siempre hemos defendido desde la FED, la atención debe estar centrada en la persona: eso significa respetar sus gustos, creencias, cultura alimentaria, condiciones médicas y, por supuesto, sus derechos", indican.

Además, señalan que observan "con preocupación la creación de una alarma ficticia e injustificada en torno a los menús en las residencias, que no se corresponde con la realidad del trabajo que se realiza cada día en los centros". "Los actuales no solo cumplen con los estándares nutricionales establecidos, sino que también se ajustan a las preferencias y necesidades individuales de los residentes", aseguran.

Por otra parte, apostillan, "decisiones como la restricción del uso de determinados productos –como los congelados– evidencian un gran desconocimiento técnico. Los productos congelados no solo mantienen sus propiedades nutricionales, sino que, además, permiten una gestión más eficiente de los recursos, fomentan un consumo más racional, más seguro y reducen significativamente el desperdicio alimentario. Se trata, por tanto, de una opción profesional y responsable, no de una carencia en la calidad del servicio".

"No se puede legislar a golpe de decreto desde un despacho en Madrid sobre cómo deben comer decenas de miles de personas en miles de centros distintos, sin siquiera haber preguntado a los profesionales, nutricionistas y responsables de cocina que llevan años trabajando por ofrecer una alimentación equilibrada, variada y personalizada a nuestros mayores", lamentan.

Falta de diálogo estructural

En ese mismo sentido, afirman que la medida "no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia más amplia de reforma del sistema de atención a la dependencia. Una estrategia que la FED ha venido denunciando por su carácter unilateral y por ignorar los problemas estructurales que afectan gravemente al sector. Entre ellos destacan la falta de una financiación adecuada, el alarmante déficit de profesionales –estimado en más de 130.000 trabajadores–, la obsolescencia de muchas infraestructuras, y la necesidad urgente de establecer un modelo de concertación estable y sostenible. A todo ello se suma la persistente ausencia de una verdadera coordinación sociosanitaria".

"La imposición de menús estandarizados no solo es una medida injusta y técnicamente discutible, sino que puede poner en serio riesgo la viabilidad económica de muchos centros. Cada residencia cuenta con estructuras de gestión, presupuestos y recursos distintos, y cualquier obligación normativa que no esté acompañada de financiación adicional solo contribuye a agravar la ya frágil sostenibilidad del sistema. Desde la FED insistimos en que no se puede seguir cargando al sector con nuevas obligaciones sin antes haber resuelto los problemas estructurales que arrastramos desde hace años. Lo que necesitamos no son más normas, sino más recursos, más profesionales y más colaboración", apuntan.

Por ello, exigen la retirada de cualquier intento de "regulación unilateral", un proceso de diálogo "vinculante" con las organizaciones del setor, políticas enfocada desde el "conocimiento técnico" y apostar por "un modelo de atención centrado en la persona, que respete su dignidad, sus preferencias y su libertad".