Elecciones Aragón: los mayores reclaman pensiones dignas y leyes contra el edadismo

Este domingo 8 de febrero los aragoneses tienen una cita electoral, la primera de este 2026, después de que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, anunciase la convocatoria de elecciones anticipadas, las primeras de la historia en la comunidad aragonesa.

La última encuesta difundida por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) daría la victoria al PP, con un 35,3%, aunque necesitaría a Vox para gobernar. El PSOE obtendría un 26,7%; Vox alcanzaría un 15,1%; CHA un 6,9%; IU-Movimiento SUMAR sacaría un 5%, Podemos-AV, un 2,5% y Teruel Existe un 2,2%. En cuanto al reparto de escaños, el PP se movería en una horquilla entre 25 y 29 escaños y el PSOE entre 17 y 23, Vox estaría entre los 10 y los 13 escaños, CHA podría lograr entre 3 y 5 escaños, IU-Movimiento Sumar de 1 a 3, Podemos-AV sacaría uno o ninguno y Teruel Existe de 1 a 2 escaños. Por su parte, el PAR, con el 1,5% de los votos, no alcanzaría escaño y perdería su representación en el Parlamento aragonés.

Las personas mayores han demostrado ser un colectivo especialmente relevante en estas citas electorales, teniendo en cuenta el porcentaje de población que representan, el 20,7% a nivel nacional (10.178.625 mayores de 64 años), según el Censo Anual de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE). En este caso concreto, los mayores de 65 años son el 22,6% de la población en Aragón, según datos del INE del año pasado. Ante esta realidad, y al igual que en anteriores citas electorales, hemos querido conocer cuáles son las principales reivindicaciones de las personas mayores de Aragón para el próximo Gobierno. 

Pensiones que cubran sus necesidades

"Los mayores de Aragón, como los de todo el país, necesitan unas pensiones que cubran sus necesidades y por supuesto que el incremento de las mismas anualmente sea al menos la subida del IPC excepto en aquellas en las por su escasa cuantía sea necesario subirlas por encima de esta cantidad como son las no contributivas, las pensiones mínimas, las mínimas con cónyuge a cargo o viudas con cargas familiares", reclama Teodoro Corchero Polanco, presidente del Consejo Aragonés de las Personas Mayores (COAPEMA), entidad que reúne más de 300 entidades miembro de la región y lleva a cabo funciones de relación, asesoramiento y propuesta ante los poderes públicos. 

Por su parte, la primera reivindicación que hace José Luis Romero Granada, Secretario General de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Aragón, es la de asegurar "la suficiencia económica de las personas mayores". 

"La mayor parte de ingresos de las personas mayores proviene de sus pensiones y un alto porcentaje (más del 50%) siguen por debajo del índice de pobreza, especialmente las mujeres", explica a este diario, señalando que "la vulnerabilidad económica tiene un efecto directo negativo en su alimentación, salud, actividad o relación, es decir, en su calidad de vida y en su dignidad. Es preciso, por tanto, adoptar un amplio abanico de medidas políticas, sociales y económicas mediante la implantación de políticas, programas y presupuestos adecuados que deben garantizar", entre otros aspectos, la suficiencia económica ya mencionada. Pero también "la garantía de la salud y calidad de vida, la seguridad física y jurídica, la lucha contra la discriminación y el abuso, la efectiva participación en la sociedad, vivienda digna y ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros y sostenibles". 

En este sentido, la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO Aragón reclamaba, a su vez, "que se vaya acortando la brecha en pensiones" y "se apliquen planes de igualdad en las empresas", señala su Secretaria General, Pilar Méndez Esteban, quien pide también "atención personalizada para cualquier trámite en las administraciones públicas, y esto también relacionado con la brecha digital". 

 

Mejora de la sanidad y la atención primaria

En cuanto al tema sanitario, desde COAPEMA reclaman "una mejora en la sanidad y en la atención primaria", lo cual se concreta, según explica su presidente, en "reducción de las listas de espera, especialmente en consultas de especialistas y cirugías frecuentes en mayores". 

"Dado que Aragón tiene una población mayor muy arraigada en el ámbito rural se necesita una mejora y reestructuración en este ámbito que garantice que los consultorios locales tengan personal suficiente y una atención presencial regular en los mismos. Hay que tener presente que Aragón está dentro de las tres comunidades autónomas con menor índice de población". 

"En la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Aragón entendemos la salud como uno de los pilares del Estado del Bienestar, que engloba los aspectos físicos, mentales y sociales. Defendemos a su vez que la salud es un bien individual y colectivo que requiere de un buen funcionamiento del sistema sanitario público, de sus recursos y de sus profesionales, y también de una responsabilidad social", destaca José Luis. 

En este sentido, sus reivindicaciones se basan en "reducir las listas de espera, tanto de los centros de salud como de las distintas especialidades e intervenciones quirúrgicas; dotar los servicios de urgencias con los medios materiales y humanos necesarios para evitar el colapso; recuperar el número de camas hospitalarias perdidas en los años de crisis; y que no se deriven pacientes de los hospitales y centros públicos a centros privados, máxime si en los públicos se mantienen camas libres". 

También piden "incrementar las plazas sociosanitarias para evitar trasladar a las familias las responsabilidades de cura de las personas con enfermedades crónicas avanzadas; ampliar la cartera de medicamentos financiados; recuperar el control público de los precios de los medicamentos destinados a patologías menores; y rechazar cualquier tipo de discriminación por razones de edad para acceder a las terapias más avanzadas de nuestro sistema sanitario". 

En cuanto a la especialidad de geriatría, señalan la necesidad de que "exista en todos los centros de salud de especialidades". Asimismo, piden "excluir del copago farmacéutico a los pensionistas y parados de larga duración, sin retribución económica. Exención legalmente posible por cuanto ya se está aplicando en el País Vasco y en la Comunidad Valenciana. Hasta que no se supriman los copagos, solicitamos para los jubilados y pensionistas los copagos de una misma unidad familiar, es decir, matrimonios cuyos ingresos son de una única pensión, que el tope a abonar en el copago no sea individual, sino por unidad familiar ya que al no ser así se está gravando el doble a los salarios o ingresos de la única pensión que percibe el matrimonio". 

Por otro lado, reclaman "potenciar el sistema público de salud en general y particularmente en la atención a las personas mayores, definiendo con precisión un espacio sociosanitario que aborde, de forma integral, los problemas de cronicidad, pluripatologías, cuidados paliativos y otros similares".

Y reivindican "un Plan de Salud para los mayores de 65 años y los enfermos crónicos o que en los planes de salud generales esté definida la atención específica a los mismos", así como "establecer a pleno funcionamiento los Consejos de Salud de Área y Regionales, que garanticen la participación ciudadana, una de las bases de la salud pública".

Entre sus reclamaciones en este sentido destacan también "facilitar información sanitaria a las personas mayores en relación con los estilos de vida más saludables: alimentación, actividad física, participación ciudadana, abandono de hábitos tóxicos..., a través de los medios a su alcance; establecer protocolos de detección precoz de enfermedades; y no excluir a las personas mayores de los estudios de investigación en salud". 

Son reivindicaciones de las que también se hacen eco desde la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO Aragón, que demandan "una Sanidad Pública de calidad, es decir, que las listas de espera, sobre todo en atención primaria, no existan, que te atiendan cuando lo necesitas y no que te den cita para 15 días más tarde. También que a partir de los 70 años se sigan haciendo las pruebas médicas preventivas".

Un Sistema Público de Servicios Sociales que responda a las necesidades de los mayores

"Las personas mayores tienen derecho a los servicios sociales, conforme a lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art.25), en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 34.1) en la Carta Social Europea (art. 14) y la Constitución Española en su (art. 50)", recuerda el Secretario General de UJP-UGT Aragón, desde donde piden a las administraciones autonómicas y locales "mantener las competencias en servicios sociales para una atención social básica al mayor; impulsar el fortalecimiento de los servicios sociales, mediante una buena red de servicios personalizados, plurales y de calidad para los cuidados de las personas dependientes; y desarrollar los cuidados sociosanitarios, a través de la red pública para atender integralmente a las personas mayores y/o dependientes". 

Asimismo, en este sentido reclaman "promover la existencia de residencias, centros de día, ayuda a domicilio y teleasistencia de titularidad pública que garanticen a las personas dependientes plazas suficientes, atendiendo tanto al volumen de rentas de la familia como a un baremo del grado de dependencia; y establecer de forma obligatoria en todas las residencias y centros de día públicos o privados un Plan de Actuación Integral Sociosanitario para el control de la calidad del servicio". 

"El aumento considerable del envejecimiento de la población, así como los cambios sociales, producidos en el seno de las familias, hace absolutamente necesario que exista en nuestro país una red de residencias que sea capaz de dar respuesta a la creciente demanda social", apunta el Secretario General de UJP-UGT Aragón, que defiende que "no nos podemos conformar con que desde las residencias se ofrezcan los cuidados básicos y elementales como pueden ser el alojamiento y la hostelería, tenemos que insistir en que se ofrezcan servicios integrales a sus residentes, que se hagan las adaptaciones arquitectónicas pertinentes para la eliminación de cualquier barrera a las limitaciones físicas de los mayores, que proporcionen su seguridad física y que se consiga la máxima accesibilidad en los diferentes entornos". 

Considera que se debe de "dotarlas de diferentes profesionales para poder atender cualquier cuestión relacionada con, psiquiatría, psicología, medicina geriátrica, enfermería, asistencia social, terapia ocupacional o fisioterapia, y todo ello dentro de un entorno relajado, que permita una convivencia agradable". 

"Las Administraciones Públicas Autonómicas tienen que proporcionar los cuidados que de forma tradicional eran dados por el entorno familiar y que a día de hoy son totalmente insuficientes", añade, criticando que "la falta de recursos económicos para atender las necesidades de las personas mayores está suponiendo en la práctica que sean muy pocas las residencias públicas que tenemos en nuestro país; la falta de plazas en residencias públicas está propiciando la proliferación de residencias privadas, que solo ven la explotación de las mismas como un nicho de negocio rentable que exclusivamente busca el beneficio financiero en vez de lo que deben de ser, obviamente, un servicio social hacia las personas mayores y su vulnerabilidad". 

"La gestión basada en la rentabilidad y no en el servicio social a personas vulnerables es una de las primeras deficiencias del sistema que hay que resolver, por lo que hay que reforzar los servicios de vigilancia e inspección sobre estas residencias, tanto públicas como privadas, para asegurar un servicio de calidad y un trato digno para todas las personas mayores", añade. 

Considera, así, necesario "fomentar residencias de la tercera edad como un sector que genera empleo y por tanto riqueza para el país, también como una manera de formar buenos profesionales para dotar al modelo de credibilidad y riqueza social y, por último, como un modelo que apueste por las políticas sociales, necesarias para satisfacer las demandas de los más vulnerables". También que las residencias, centros de día y centros de referencia de la Administración pública se gestionen "con gestión y personal público" y se establezca "un proyecto para recuperar para gestión pública aquellos centros y residencias públicos cuya gestión se ha privatizado". 

"Se hace necesario el incremento de personal en la administración pública para la realización de inspecciones periódicas en todos los centros y residencias, públicas, concertadas y privadas, para garantizar la calidad de la prestación de los servicios contratados, profesionalidad del personal, ratios de las plantillas en las distintas especialidades o profesiones requeridas, alimentación, trato profesional adecuado, no existencia de sujeciones físicas y farmacológicas que están prohibidas...", añade, reclamando a su vez "una cartera básica de servicios en cada centro o residencia". 

"Debemos exigir el destierro de la mercantilización de las necesidades de las personas mayores, con la creación y apertura de residencias geriátricas públicas, así como centros de día y residencias especializadas en atención de grandes dependientes para que no se convierta la salud de nuestros mayores en fuente de especulación mercantilista de empresas privadas", reclama. "Desde la UJP-UGT Aragón reivindicamos, en definitiva, la configuración de un Sistema Público de Servicios Sociales que responda a las necesidades y demandas actuales de las personas mayores".

 

Mejora de la dependencia

"El rápido envejecimiento de la población origina necesidades asistenciales que deben ser cubiertas por los servicios sociales y sanitarios", explica José Luis, destacando que "el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia es quien debe proteger de manera efectiva a las personas que se encuentran en dicha situación". En el caso de Aragón, señala que "es una de las comunidades autónomas que más necesita un aumento del gasto público para la atención de las personas dependientes, dado el envejecimiento poblacional que sufrimos".

Es por ello por lo que pide "abreviar los trámites de reconocimiento del derecho a no más de 3 meses y, de superarse este plazo, que la eficacia en las prestaciones económicas se retrotraigan a esos 3 meses; eliminar el aplazamiento de los derechos del ejercicio adquiridos, por ser este aplazamiento mucho más lesivo para las economías particular-familiares que para la administración (ésta en último extremo tiene en sus manos agilizar los trámites administrativos cualquiera que sea la causa de la demora); y restituir la retroactividad en las prestaciones por cuidados familiares, con el mismo tratamiento que al resto de prestaciones". 

También "revisar y adaptar los copagos para que dejen de ser tan gravosos para los usuarios, poniendo límite en los ingresos de los usuarios por debajo de los cuales estarían exentos de los pagos. Así como garantizar a los mismos que de sus ingresos puedan disponer de una cantidad para gastos personales y retomar el tema de la profesionalización del sector, sobre todo en la acreditación de la cualificación profesional de quienes ya están trabajando, dando un trato diferencial para quienes, teniendo dificultades para obtener dicha acreditación, hayan superado una determinada edad". 

Se debe potenciar "el desarrollo de la cartera de servicios del Sistema de Atención a la Dependencia, poniendo especial énfasis en el servicio de ayuda a domicilio y en la teleasistencia, para conseguir que el alojamiento residencial sea el último recurso", añade. Así como "establecer unos criterios de calidad en la prestación de los servicios del Sistema de Atención a la Dependencia, que obligue tanto al sector privado como al público".

Por su parte, desde COAPEMA demandan también "una de regulación que permita que el mayor pueda continuar viviendo en su hogar el mayor tiempo posible con una dependencia y unos cuidados adecuados. Debe producirse una mejora en la calidad asistencial lo que significa apoyo a cuidadores familiares con mejoras económicas". 

Plan contra la pobreza energética y una estrategia que aborde la exclusión social

Desde la UJP-UGT Aragón lamentan que "el riesgo de pobreza energética se ha agravado en los últimos años por el desmesurado encarecimiento de la electricidad, gas, agua y pérdida de poder adquisitivo. Tiene un impacto profundo en la vida de las personas, influye en su esperanza de vida y agrava las enfermedades crónicas. La falta de calefacción afecta a la higiene y la salud, y a menudo genera sobre endeudamiento y aislamiento social". 

Por ello, consideran que "en la búsqueda de soluciones han de comprometerse los poderes públicos y las grandes compañías suministradoras: eléctricas, gasísticas y de agua". "Los organismos autonómicos y locales deben elaborar un Plan contra la pobreza energética que incluya los protocolos pertinentes de coordinación entre las diversas administraciones, a fin de identificar, prevenir y corregir las situaciones de riesgo". 

Asimismo, demandan a los poderes públicos "la obligación de desarrollar una estrategia que aborde la lucha contra la pobreza y exclusión social". 

"Se deben tomar medidas oportunas y eficaces para solucionar la tardanza en la resolución administrativa de los expedientes relativos a prestaciones de servicios sociales; elaborar protocolos y guías de información por los profesionales de estos centros, con el fin de hacer más asequible el acceso a las distintas prestaciones de servicios sociales y otras del sistema de protección social; y crear servicios comunitarios que favorezcan la inclusión social de las personas mayores y les ofrezcan información adecuada acerca de sus oportunidades, en especial a aquellos con mayor riesgo de exclusión social", apuntan. 

 

Estrategia contra soledad no deseada

Ante la problemática que supone el abandono, desde la UJP-UGT Aragón consideran que "debe exigirse su extinción definitiva y planteamos la necesidad de que los poderes públicos trabajen para conocer la situación real y poder desarrollar políticas públicas eficaces que combatan esta nueva lacra social". 

Así, manifiestan la "urgente necesidad de establecer Protocolos De Atención y Control que regulen los casos de abandono, desamparo y malos tratos hacia las personas mayores en situación de dependencia y/o con discapacidad". 

"Algo muy importante es la lucha contra algo que se está convirtiendo en una terrible enfermedad como es la soledad. Es algo que de una manera prioritaria debe ser afrontado con todos los recursos económicos y medios que sean necesarios antes de que se convierta en un problema irresoluble", destacan, a su vez, desde COAPEMA. 

La soledad no deseada se constituye como un "grave problema de salud pública que puede desembocar en graves situaciones de dependencia y muerte en solitario", es por ello que desde UJP-UGT Aragón reclaman igualmente "una estrategia organizativa con la implicación de las administraciones Autonómica, Provincial y Local, para establecer políticas integrales para las personas mayores que viven en soledad, teniendo en cuenta la diferencia entre vivir solo/a, encontrarse en aislamiento social o sentirse en soledad, extendiendo la atención a todos los ámbitos, incluidas las zonas rurales". 

"Las actuaciones pueden ser múltiples y diversas, pero desde la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, reivindicamos ante las administraciones públicas, especialmente a las más próximas, mayor implicación y recursos materiales y humanos para promover intervenciones integrales que eviten la soledad no deseada y el aislamiento social de las personas mayores", explican. 

Acabar con la discriminación por edad

Por último, desde la UJP-UGT Aragón exigen "marcos legales autonómicos que protejan a las personas mayores en todos los ámbitos para luchar contra la discriminación, como ya se hace en otros países, como Canadá, algunos estados de EEUU y la propia UE, legislando para penalizar los abusos, estafas y delitos cometidos contra las personas mayores por razón de su mayor vulnerabilidad". 

Y es que, subrayan, "edadismo o discriminación por edad es una realidad en la sociedad actual. Esta discriminación por edad, comienza ya en el trabajo, dando por hecho una falta de capacidad por el cumplimiento de años. La contratación de personas mayores de 55 es casi nula y en determinados sectores económicos esa cifra se ha reducido ya de manera drástica hasta los 45 años". 

En este sentido, y teniendo en cuenta la última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al cuarto trimestre de 2025, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirma la lacra del paro que sufren las personas mayores de 55, quienes concentran el 20% del desempleo en el país, para incentivar la contratación de personas mayores proponen "subvenciones directas y bonificaciones en cuotas de Seguridad Social para empresas, programas de formación y reciclaje profesional adaptados a las necesidades de las personas mayores que buscan empleo, creación de servicios de orientación laboral especializados y fomento de la incorporación de talento sénior en equipos intergeneracionales, todo ello apoyado por políticas fiscales y marcos regulatorios flexibles que promuevan la jubilación activa y eviten la edad obligatoria". 

Desde COAPEMA coinciden en que se trata de "un problema muy grave y frustrante cuando las personas que se encuentran en esa situación que casi es al final de su vida laboral tras muchos años trabajando se encuentran sin posibilidad de hacerlo", por lo que consideran que "debe implantarse un plan para acabar con esa situación". 

 

Envejecimiento activo

"Se debe procurar para las personas mayores un envejecimiento activo que ayude a ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida de todas las personas a medida que envejecen, incluyendo aquellas personas frágiles, discapacitadas o que necesitan asistencia. Para conseguir estos objetivos, hace falta un Estado del Bienestar fuerte y unos servicios sociales consolidados, ambas cosas muy deterioradas en estos momentos: pensiones, sanidad y dependencia", concluye el Secretario General de UJP-UGT Aragón.

Desde la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT explican que "de forma continua trasladamos a los poderes públicos de distintos ámbitos nuestras reivindicaciones, a las cuales no siempre tenemos respuestas positivas. No obstante, hay que reconocer que en la Comisión del Pacto de Toledo se consiguió que nos dieran respuesta positiva de forma mayoritaria a varias de nuestras reivindicaciones históricas en algunas de sus recomendaciones, entre otras la necesidad de incrementar anualmente las pensiones con el IPC real, la asunción por el estado de partidas que históricamente se venían asumiendo por la Seguridad Social cuando correspondían a gastos impropios, así como la necesidad de asumir la corrección o supresión de la aplicación de coeficientes correctores en largas carreras de cotización, aunque alguno de estos temas aún no se han llevado a término". Asimismo, resaltan "la derogación de la Reforma de las Pensiones del año 2012, que establecía incrementos anuales de las pensiones del 0,25% y fue sustituido por el actual gobierno por un incremento anual de las pensiones referenciado con el IPC". 

No obstante, afirman que "hay otras demandas que a día de hoy no tenemos respuesta. Y ante los procesos electorales, los distintos partidos políticos deberían ser más receptivos a nuestras propuestas y demandas, ya que los jubilados y pensionistas somos un colectivo de casi diez millones de personas, y da la impresión que lo obvian y no lo tienen en cuenta". 

"La voz de los mayores es muy importante que sea tenida en cuenta y ser escuchada, no debemos olvidar que es la voz de la experiencia y el almacén de la sabiduría, ello no quiere significar que sea la más importante, pero sí que sea tenida en cuenta y especialmente en los ámbitos en los que se vean afectados las personas mayores", apunta Teodoro, mostrando su deseo de que "estas reflexiones obtengan el máximo cumplimiento posible".

"De la noche a la mañana no se puede dar respuesta a todas las peticiones", admiten desde UJP-UGT Aragón, "pero deberían de dar alguna señal de su predisposición a hablar de todo ello". Asimismo, desde COAPEMA esperan que "se forme un grupo de trabajo para llevar a la práctica esta petición de necesidades".