Los mayores sufren el edadismo del sector asegurador. Especialmente en ramos como el de asistencia sanitaria. Se enfrentan a subidas anuales desorbitadas, ímites de edad que le impide contratar los mejores productos, exclusiones y otras limitaciones. No tienen ninguna duda. Las principales organizaciones de mayores hablan si ambages de edadismo y discriminación.
La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) (@pacientesPOP) no se plantea si el sector asegurado tiene o no una intencionalidad discriminatoria. Lo que desde la POP se plantean es si determinadas prácticas del sector asegurador están produciendo efectos desiguales sobre las personas con necesidades crónicas de salud, “particularmente cuando estas concurren con edad avanzada, que resultan difíciles de conciliar con el principio de no discriminación”, explican fuentes de la plataforma a 65YMÁS.
Reconocen que “la tarificación en función del riesgo forma parte de la lógica del negocio” en los seguros de salud. Pero, al mismo tiempo, apuntan a que “la edad opera no como un factor actuarial más, sino como una auténtica barrera de acceso o permanencia que impacta de lleno en quienes, precisamente por su edad, acumulan mayor probabilidad de presentar patologías crónicas o ver agravadas las existentes”.
“Límites de entrada a partir de cierta edad, renovaciones sometidas a condiciones cada vez más gravosas o incrementos de prima de tal magnitud que fuerzan la baja voluntaria afectan con especial intensidad a las personas mayores que conviven con una o varias enfermedades crónicas -una realidad mayoritaria a medida que avanza la edad-”, señalan fuentes de la POP. “Cuando eso sucede -advierten- el resultado práctico es un trato desigual que requiere una revisión más exigente desde la perspectiva de la protección del consumidor vulnerable y los derechos de los y las pacientes”.
Los mayores, y así nos lo trasladan desde las principales asociaciones que agrupan al colectivo, sospechan que detrás de subidas tan abruptas en los premios en cada renovación anual de la prima, podría haber interés en que el colectivo sénior no renueve sus seguros. Para que sean ellos quienes abandonen sus pólizas. “No podemos afirmar que exista una intencionalidad explícita de expulsión”, concede los pacientes. “Pero sí constatar que los efectos de estas subidas son objetivamente expulsivos, particularmente sobre quienes, por edad y condición de salud, más necesitan mantener su cobertura”, subrayan.
“Cuando una persona mayor que convive con una enfermedad crónica —cardiovascular, respiratoria, oncológica, neurodegenerativa…— se enfrenta a incrementos de esa magnitud, especialmente si se repiten en el tiempo o se concentran en determinados tramos de edad, la continuidad en el seguro deja de ser una opción real. No se le rescinde el contrato, pero se le coloca en una situación en la que sostenerlo resulta económicamente insostenible”, lamentan. “Y lo que agrava este escenario es que, a mayor edad y con condiciones de salud preexistentes, la capacidad de encontrar una alternativa en condiciones equivalentes es prácticamente nula. Ninguna aseguradora aceptará sin exclusiones o primas muy elevadas a una persona mayor con patologías crónicas diagnosticadas”, añaden.
Ni es posible saber cómo evolucionará la prima a futuro, ni las compañías justifican detalladamente la subida. La ley solo les obliga a notificar la subida dos meses antes del vencimiento del contrato. Asociaciones de consumidores como OCU o Facua consideran que estamos ante prácticas abusivas que generan una gran incertidumbre entre los usuarios, que no saben si podrán mantener sus seguros en el tiempo. Exigen que las compañías ofrezcan tablas de edad o que informen de qué manera subirá subirá su seguro, por qué conceptos y en qué grado cada uno. Los pacientes coinciden: “Nos parece razonable plantear que sí, que sería exigible”, nos cuentan. “Hablamos de productos de aseguramiento cuya vocación es proyectarse en el tiempo, a menudo durante décadas. No resulta proporcionado carecer por completo de información sobre cómo puede evolucionar la prima en función de la edad, máxime cuando se trata de un factor determinante en el coste final”.
Y esto, dicen, “dificulta la planificación económica personal y genera una especial incertidumbre en las personas mayores con enfermedades crónicas, que son precisamente quienes cuentan con menor margen para cambiar de aseguradora si la prima se vuelve inasumible y quienes más necesitan una cobertura estable y continuada”
“Consideramos que establecer mecanismos de transparencia mínima, como las tablas orientativas por tramos de edad, los escenarios de evolución o criterios que permitan anticipar desviaciones relevantes, no sería una injerencia desproporcionada, sino una garantía necesaria para una toma de decisiones informada y para evitar que la falta de previsibilidad opere como una exclusión encubierta” explican a 65YMÁS los pacientes.
Sin esa información, y solo al albur de la libertad de las compañías para fijar precios, se pueden producir salidas forzadas de los seguros. “Por eso sostenemos que no basta con apelar a la libertad de fijación de precios; hace falta transparencia, justificación y, probablemente, algún tipo de límite o control cuando los incrementos alcanzan niveles que, en la práctica, están expulsando del aseguramiento privado a quienes más lo necesitan”.
Los propios informes de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes reflejan algunas preocupaciones en relación al seguro de salud que se repiten, año tras año. Una de ellas es la cobertura efectiva de las pólizas. “Qué está realmente incluido en la póliza y qué no, porque no siempre es fácil saberlo hasta que surge la necesidad y se comprueba que determinadas pruebas, tratamientos o seguimientos quedan fuera o sujetos a limitaciones que no se explicitaron adecuadamente en el momento de la contratación”, nos cuentan.
Otra de las preocupaciones que, según nos indican desde la POP, quizá sea la que genera más inquietud, “es la situación de quienes ya tienen una condición de salud preexistente y se enfrentan a exclusiones específicas, períodos de carencia que parecen no agotarse nunca o, directamente, la imposibilidad de contratar en condiciones razonables. El mensaje que muchas personas reciben es que su enfermedad les cierra puertas. Esta preocupación se agudiza en el caso de las personas mayores con patologías crónicas, que ven cómo, precisamente cuando más necesitan garantías de continuidad, el sistema les ofrece incertidumbre y barrera”, señalan.
Por último también preocupa la inseguridad jurídica y la falta de claridad. Esta preocupación, según fuentes de la POP, se refiera a “la sensación de que no se sabe realmente a qué se está obligado, qué puede considerarse ocultación de información al contratar o si, cuando llegue el momento, la aseguradora pondrá dificultades para reconocer la cobertura amparándose en interpretaciones restrictivas”.
“No es casualidad que las consultas sobre seguros de salud se hayan consolidado como uno de los bloques más relevantes y sostenidos en el tiempo en nuestra Clínica Legal”, nos cuentan. Estas consultas reflejan inquietud, una preocupación constante y creciente y, lo que es más importante, “un déficit de confianza en un producto que debería ofrecer seguridad y certidumbre precisamente a personas que ya se encuentran en una situación de vulnerabilidad y fragilidad por su edad y/o por su condición de salud”.
