Las pensiones de jubilación y viudedad reducen la desigualdad más del 19%

Las pensiones públicas son el instrumento de prestaciones que más ayuda a redistribuir la riqueza en las familias españolas. Por sí solas, las pensiones de jubilación son responsables de corregir el 15,3% de la desigualdad inicial que existe en la renta de mercado de los hogares. A esto hay que sumarle la aportación de las pensiones de supervivencia (fundamentalmente, viudedad), que reducen esta desigualdad en un 3,97% adicional. Sumando ambas clases de pensiones, el efecto corrector supone más del 19%. 

Así lo refleja el X Observatorio sobre el reparto de impuestos y prestaciones entre los hogares españoles 2022-2023, elaborado por Fedea (@socialfedea), que detalla el impacto distributivo del sistema fiscal y de las prestaciones públicas (monetarias y en especie) sobre la renta en nuestro país.

Los autores, Julio López Laborda, Carmen Marín González y Jorge Onrubia, analizan cómo influyen los principales impuestos directos (IRPF, Sociedades, Patrimonio y cotizaciones) e indirectos (IVA, Transmisiones Patrimoniales y AJD, Impuestos Especiales e Impuesto sobre primas de seguros), así como las prestaciones monetarias (pensiones de jubilación y de supervivencia, prestaciones y subsidios por desempleo, invalidez, enfermedad y asistencia, ayudas al estudio, familiares y vivienda) y prestaciones en especie (sanidad y educación).

En su décima edición, este Observatorio confirma, por tanto, que las pensiones de jubilación y supervivencia son el pilar central de las prestaciones sociales en España, tanto por el volumen de recursos que movilizan como por su impacto en la reducción de la desigualdad.

Herramienta clave contra la desigualdad

Los resultados de este trabajo de Fedea muestran que las pensiones explican la mayor parte de las transferencias públicas monetarias que reciben los hogares españoles, suponiendo el 77,4% del total en el año 2023.

Esta cifra refleja una tendencia al alza impulsada por la revalorización del 8,5% aplicada a las pensiones contributivas en dicho ejercicio para compensar la inflación de 2022. Más en detalle, la cuantía media de las pagas de jubilación creció un 8,2% en 2023 respecto al año previo, lo que significa que se trata de la prestación que mayor aumento registró, seguida por las de invalidez y las de supervivencia (con un alza del 6,6%) .

Las pensiones: ¿transferencia o salario diferido?

Julio López, Carmen Marín y Jorge Onrubia desgranan en este informe de Fedea el impacto de prestaciones e impuestos en los hogares según la edad de la fuente de ingresos primordial, y concluyen que los pensionistas y los mayores de 65 años (con especial intensidad los mayores de 85) son los principales beneficiarios netos de la intervención pública.

Los datos que maneja Fedea ponen de relieve que, para este colectivo, el volumen de prestaciones monetarias que reciben supera con creces la carga de los impuestos que soportan.

Ahora bien, ¿las pensiones son transferencia o salario diferido? El X Observatorio de Fedea introduce un enfoque de análisis alternativo. Habitualmente, las pensiones se contabilizan como "transferencias del sector público". Sin embargo, si se tratan como lo que económicamente son para sus beneficiarios —un salario diferido generado a partir de sus cotizaciones pasadas—, los datos cambian.

Aplicando el Factor de Equidad Actuarial, los cálculos incluidos en este informe indican que el 62,1% del importe de las pensiones se financia directamente con lo que el jubilado cotizó a la Seguridad Social a lo largo de su carrera, por lo que debería considerarse renta de mercado. Solo el 37,9% restante sería una transferencia pública real financiada mediante ingresos generales del Estado, vienen a decir los autores del Observatorio.

Al aplicar este enfoque técnico y descontar esa parte contributiva, el efecto redistributivo global de las prestaciones públicas monetarias se reduce de manera muy drástica.

Impuestos más prestaciones mitigan la desigualdad un 32%

Si a las prestaciones se le suman los impuestos, el panorama que dibuja este trabajo de investigación constata que, en total, la intervención pública con el conjunto de impuestos y prestaciones reduce la desigualdad en la distribución de la renta de mercado de los hogares en un 31,9%. 

Si se añaden los gastos públicos distintos de las prestaciones públicas ya consideradas (servicios públicos generales, defensa, orden público y seguridad, protección del medio ambiente, protección social, etc.), el porcentaje de reducción de la desigualdad se eleva hasta el 41%.