Los requisitos del abono social de Telefónica dejan fuera a miles de jubilados

La falta de interés de Movistar, Orange y Vodafone aísla aún más a la España Vaciada en el COVID-19

 

Desconocido por la mayoría de la población, el abono social telefónico es un recurso específico para jubilados y pensionistas con bajos ingresos que supone un importante descuento en su factura. Igual que el resto de los bonos sociales para colectivos vulnerables está gestionado por el Gobierno y se considera un servicio universal, pero hasta el momento Telefónica (@Telefonica) es la única operadora que lo puede ofrecer –dejando al margen al resto de compañías como Orange (@orange), Vodafone (@vodafone_es) o Yoigo (@yoigo)– y también a casi dos millones de jubilados que viven con la pensión mínima que podrían verse beneficiados por esta ayuda. 

En su web la compañía telefónica dirigida por Jose María Álvarez -Pallete especifica que el abono social "consiste en una reducción del 70% de la cuota de alta de la línea telefónica fija individual y del 95% de la cuota mensual de la misma" para todos aquellos que cumplan los requisitos, el primero de ellos, ser cliente de Telefónica. El hogar del pensionista al que se le concede debe justificar además disponer de rentas inferiores a 9.023,50 euros anuales y estar empadronado. 

Pero el más restrictivo de todos los requisitos es que el abono social es incompatible con cualquier producto que incluya de forma empaquetada la cuota de línea individual, entre otros: Movistar Fusión. Es decir, que el descuento solo se aplica a pensionistas con bajos ingresos, clientes de Telefónica, que tengan contratada únicamente una línea fija. Una suma de condicionantes que reduce mucho su cobertura y lo deja en manos únicamente de la compañía que durante años ha tenido el monopolio de la línea fija en España.

José María Álvarez-Pallete, presidente Ejecutivo de Telefónica.

Demasiadas restricciones

El requisito de tener solo línea fija "supone que la mayoría de los clientes de Telefónica no pueden beneficiarse del abono social", denuncia la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia  (@CNMC_ES) en su último informe sobre el tema. Es decir, que no llega ni a la mayoría de los jubilados que lo necesitan y ni siquiera a una mínima parte del total de sus más de 40 millones de clientes en España – de los cuales solo 9 millones tienen línea fija–. "Lo que ocurre en realidad es que, a pesar del descuento que se les aplicaría con el bono social si tuvieran solo el fijo contratado con Movistar (@movistar_es), les sale más a cuenta contratar un paquete con más servicios (móvil, banda ancha, etc)", aclara la CNMC en este informe publicado en 2017 y que recomienda ampliar el servicio a más población.

Otro de los problemas que presenta es su escasa difusión. A pesar de que se encuentra dentro de la Carta de Derechos de los Usuarios de los Servicios de Telecomunicaciones Electrónicas fomentada en su día por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, apenas se encuentra información sobre él, aparte de los diversos decretos que lo han regulado, el último de ellos de 2009. Por lo que el peso recae básicamente sobre la compañía que lo ofrece, Telefónica –que lo esconde entre sus más de 500 preguntas frecuentes de atención al cliente de su página web–, portales especializados y algunos ayuntamientos locales que se hacen eco de él.

Caída en el número de beneficiarios

Como consecuencia, en 2019 solo hubo 26.080 concesiones de este bono, pese a que son cerca de 1,9 millones las personas que cobran la pensión mínima en España (639 euros). Una cifra, la de los jubilados, que crece de manera inversamente proporcional de personas acogidas al bono de Telefónica que ha bajado de manera importante en los últimos años desde los 483.000 beneficiarios que tenía en 2003 tras publicarse en el BOE enero de 2002, por Orden del Ministerio de Presidencia del Gobierno.

Una tendencia a la baja que Telefónica se niega a valorar ante las preguntas de este diario, pese a que confirma que en 2016 contaban con más beneficiarios que ahora (39.437). La caída se podría explicar no obstante por la falta de información, las dificultad de trámites y requisitos, la competencia feroz de ofertas en el mercado de las telecomunicaciones, pero sobre todo debido a la disminución de las líneas contratadas de fijo en favor de las móviles y una oferta digital que deja este requisito obsoleto.

Fuente: CNMC

Mejoras necesarias en trámites y cobertura

La CNMC ya propuso en su día varias modificaciones para que el abono social de Telefónica beneficie a más personas. En primer lugar determinaron en si informe específico que el abono social debería poder solicitarse para cualquier producto de Telefónica que incluya la cuota de abono, empaquetada o no. Además, apuntaron a que otros colectivos con dificultades económicas, (por ejemplo, parados de larga duración), pudiesen beneficiarse del abono social y apuntaron a mejoras en cuanto a los canales de solicitud (correo electrónico, fax o carta), que consideraron "insuficientes para garantizar el acceso a este descuento a todos sus potenciales destinatarios". Para que resulte más efectivo, la CNMC recomendaba que el abono social también pueda solicitarse en las tiendas de Telefónica o a través del teléfono gratuito 1004.

Desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (@EAPNes) también consideran que sería interesante ampliar este bono a más estratos de la población y más servicios debido a la importancia de la tecnología, igual que se ha hecho en el caso del bono social eléctrico que llegó en 2019 a 1,3 beneficiarios. "Si una familia tienen dificultades para pagar la luz y el gas, también las tendrá para pagar el teléfono e internet, que se han convertido en los últimos años en algo cada vez más esencial", asegura Aitana Alguacil, técnica de Incidencia de la organización. Y recuerda que el bono social eléctrico también empezó con jubilados y pensionistas. "Sería necesario hacerlo también extensivo al resto de las compañías, teniendo en cuenta que Movistar es de las más caras del mercado".

¿Para cuándo un bono social a Internet?

Debido a las deficiencias que presenta el modelo actual y su falta de adaptación a los nuevos tiempos, el debate sobre un bono social de acceso a Internet está sobre la mesa. De hecho en el acuerdo PSOE-Podemos de diciembre de 2019 se publicó un punto al respecto del acceso universal a Internet para colectivos vulnerables. En él se especificaba la propuesta de ofrecer descuentos en tarifas convergentes de Internet y telefonía, además de otras medidas como espacios de conexión de acceso público en zonas de despoblación o zonas rurales, impulso del despliegue de la red 5G o la meta de conseguir velocidades de conexión mínima de 30 Mbps en hogares o de 100 Mbps en colegios.

“Pondremos en marcha la Estrategia de ciudadanía digital que contemplará diversas medidas, incluido un bono social de acceso a internet para colectivos vulnerables que sea funcional en el actual contexto tecnológico y contribuya a la conectividad en todo el territorio nacional”, recoge dicho acuerdo. Una propuesta que estaba prevista para finales de 2020, pero que el coronavirus amenaza con retrasar. "En estos momentos estamos trabajando en un Plan de Conectividad y el objetivo es tener en cuenta todos los factores que puedan crear una brecha digital, ya sea desde un punto de vista territorial o social", aseguran desde fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (@_minecogob) a este diario.