345 es el número de casos de no buen trato o maltrato a personas mayores en los que ha intervenido el Servicio Especializado de Atención a las Personas Mayores (SEAP) en sus 8 años de andadura. Es precisamente este mes de junio cuando se cumplen 8 años de su actividad. Su historia tiene varias particularidades. En primer lugar, sus orígenes. El SEAP nació a partir de un trabajo en red que se inició unos años antes. Mensualmente se fueron reuniendo profesionales de diferentes servicios (servicios sociales básicos, centros de atención primaria de salud, hospitales de día, cuerpos de seguridad, fiscalía, entre otros). En cada reunión se exponía un caso complejo y se ponía en común. Fruto del debate y del análisis se elaboraba un plan de intervención para dar respuesta a la situación planteada.

La práctica de esta red puso de manifiesto que muchos de los casos presentados eran de malos tratos a personas mayores o bien personas que presentaban algún tipo de diversidad funcional. A partir de esa constatación se nos ocurrió realizar un estudio sobre el buen trato a las personas mayores y aquellas que presentaban algún tipo de déficit (sensorial o cognitivo). Dos de las principales conclusiones del estudio, que contó con el asesoramiento de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, fueron:

• La necesidad de crear una ley específica para las personas mayores.
• La creación de un servicio especializado que interviniera en casos de malos tratos al colectivo de mayores.

Con el ánimo de ser coherentes, propusimos al Consell Comarcal del Baix Llobregat la creación de un servicio que diera respuesta a las situaciones mencionadas.

La segunda particularidad es su financiación. Dado que se trata de un servicio mancomunado, se realizaron negociaciones con los ayuntamientos de la comarca (Baix Llobregat) y han sido precisamente estos quienes, hasta la fecha, y a través de convenios específicos, han financiado el servicio. No obstante, recientemente se han vuelto a realizar negociaciones con el gobierno de la Generalitat con el objetivo de que sea ésta quien asuma la gestión del servicio y su financiación.

La tercera particularidad es la estructura del servicio. Fruto de la práctica del trabajo en red que he mencionado, desde su inicio se hizo evidente la necesidad de que el SEAP estuviera constituido por tres perfiles profesionales: social, jurídico y clínico. El primero, para poder analizar con precisión el entorno social en el que se produce la situación de maltrato; el jurídico, para conocer en detalle todo lo concerniente a los aspectos legales (títulos de propiedad, patrimonio, cuentas bancarias, herencias, etc.). Finalmente, el clínico, para estudiar los diversos diagnósticos y tratamientos que pueda tener la víctima, así como los principales actores de su entorno. Así, por ejemplo, si la persona víctima de maltrato padece una enfermedad degenerativa y, además, sufre una diabetes mellitus insulino-dependiente, es obvio que se encuentra en una situación de dependencia respecto de una tercera persona, pero si ésta, a su vez, tiene algún tipo de proceso mental, cosa que hemos observado con cierta frecuencia, nos encontramos ante un caso que plantea riesgos importantes.

Es por todo ello que el SEAP está constituido por un equipo multidisciplinar: abogadas, pedagogas y médico psiquiatra y geriatra.

Dado que el día 15 de junio ha sido el día internacional de la toma de conciencia del abuso y el maltrato a las personas mayores y, además, que se cumplían 8 años de andadura del servicio, decidimos organizar una jornada, que se ha celebrado este viernes pasado, día 19 de junio.

En la jornada se expuso un resumen de la actividad realizada y se resaltaron diversos elementos epidemiológicos. Así, en lo que se refiere a los agentes derivadores de casos, un 75% han sido los servicios sociales básicos, un 13%, los centros de salud, el 5%, los centros residenciales, y un 3% los cuerpos de seguridad.

En cuanto a los tipos de malos tratos cabe señalar un dato: el 30% de los casos han correspondido a conductas de riesgo por parte de la propia víctima. Esto se explica porque, mayoritariamente, se ha tratado de casos de personas con enfermedad mental grave. El 21% ha correspondido a casos de malos tratos psicológicos, mientras que un 19% han sido casos de expolio económico. Finalmente, las situaciones de trato negligente se han dado en un 15% de los casos y el maltrato físico, en un 11% de los casos.

En relación a las franjas de edad, un 34% ha correspondido a la franja comprendida entre los 18 y los 64 años; la franja 65-84 es la que ha presentado un mayor porcentaje, el 40%. Finalmente, la franja de mayores de 85 años ha supuesto el 26%.

La jornada prosiguió con una mesa en la que representantes de diversos equipos (servicios sociales, centros de salud) expusieron sus experiencias, así como las principales dificultades con las que se han ido encontrando.

La conferencia del Sr. David Mayor, fiscal de la Unidad de Discapacidad y Mayores, de la Fiscalía General del Estado, fue el momento culminante de la jornada. Mayor expuso el marco legal actual, regulado por la ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Esta ley ha supuesto un antes y un después en el ámbito de la protección jurídica de las personas que presentan algún tipo de discapacidad y a nosotros, los profesionales del SEAP, nos ha abierto una ventana en el ejercicio de la protección de las personas mayores que son víctimas de malos tratos.

La jornada terminó con la intervención del Dr. Pedro Cano, director general de la dirección de personas mayores de la Generalitat de Catalunya. En sus palabras trazó las líneas de actuación de la Generalitat en relación a la atención a las personas mayores. Además, y ello nos resultó de especial relevancia, alabó el modelo de intervención del SEAP. Sería deseable que este modelo se pueda generalizar al resto del territorio, no sólo de Catalunya sino de todo el Estado.

En suma, una jornada de especial relevancia en el ámbito de la lucha contra el maltrato a las personas mayores.