La reforma de la Ley de Dependencia está abocada al fracaso

 

A finales de diciembre de 2006, se publica en el BOE la Ley de la Dependencia, que se publicita como la cuarta pata del Estado del Bienestar y venía a dar respuestas a unas necesidades acuciantes de un colectivo muy vulnerable. 18 años después esta ley ha fracasado.

Según datos publicados por el Imserso a 31 de marzo de 2025, en España 278.575 personas estaban pendientes de recibir la prestación, de ellas 123.019 personas a la espera de valoración, 129.545 personas a la espera del reconocimiento de la prestación y 26.011 personas esperando recibir la prestación. El tiempo medio de resolución de un expediente es de 338 días, muy por encima de los 180 días que como máximo establece la ley. De enero a marzo, 8.004 personas han fallecido en las listas de espera, de ellas, 3.960 personas de solicitudes sin valorar y 4.044 personas pendientes de recibir la prestación En 2024 fallecieron un total de 34.252 personas en lista de espera, 17.158 personas corresponden a solicitudes sin valorar y 17.094 a personas pendientes de recibir la prestación.

Los motivos del fracaso son una financiación insuficiente por parte del Gobierno –la ley nació sin memoria económica– y una pésima y desigual gestión por parte de las comunidades autónomas.

El incremento de población incorporada al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) es una constante que se repite mes a mes por la tendencia demográfica y el aumento de la esperanza de vida. Durante el mes de marzo, el SAAD en España ha alcanzado las 1.533.173 personas que tienen reconocido un grado de dependencia y se les ha resuelto una prestación en su programa individual de atención (PIA) y el total de prestaciones reconocidas suman 2.144.108 prestaciones.

Según último dato facilitado por el ministerio de Derechos Sociales, el gasto en dependencia asciende a 11.521 millones de euros, el 0,8% del PIB. La media europea se encuentra en el 1,8%. Año tras año, el número de solicitudes no ha parado de crecer en un país cada vez más envejecido. Solo en el último año han aumentado un 5,4%. El 0,8% del PIB actual es insuficiente para atender las necesidades actuales, a los datos nos remitimos.

En 2021 se aprobó un plan de choque que supuso un incremento anual de 600 millones de euros que recibieron las comunidades autónomas. En total, 3.793 millones de euros de incremento acumulado de financiación estatal en el periodo 2021-2023.

En 2024 se frena este incremento de financiación estatal argumentando que la falta de Presupuestos Generales del Estado imposibilita mantener el incremento de 600 millones de euros como en años anteriores. Pero el Gobierno tiene otras vías para aprobar un incremento presupuestario y mantener su compromiso del plan de choque de años anteriores, como ha puesto de manifiesto con la aprobación de 10.400 millones para Defensa.

Es evidente la desigualdad territorial en la implantación y desarrollo del Sistema de Atención a la Dependencia. Existen amplias diferencias tanto en la cobertura como en los modelos de gestión Y estas diferencias condicionan el desarrollo del sistema y producen una desigualdad en la oferta de prestaciones y servicios en los diferentes territorios. Hay algunas comunidades autónomas que no pueden recorrer el camino que les queda para situar en 180 días como máximo el tiempo de resolución de un expediente, como marca la ley, sin un cambio drástico de modelo de atenciones y/o una inyección financiera específica.

El Gobierno propone una reforma de la Ley añadiendo nuevos derechos cuando todavía están muy lejos de garantizar los que reconoce la actual norma. Al igual que sucedió en 2006, esta reforma nace sin memoria económica. Es evidente que hay aspectos positivos en el proyecto de reforma, pero sería necesario aumentar al 2% del PIB la inversión en dependencia para que esta reforma se haga realidad y exigir a las comunidades autónomas unificar y agilizar procedimientos que reduzcan la lista de espera, incrementar las cuantías de las prestaciones y las intensidades de los servicios, además de permitir compatibilidades y se incorporen muchas más cuidadoras no profesionales a la cotización especial de la Seguridad Social.

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