Josep Moya Ollé
Opinión

Problema crónico en las residencias de mayores

Josep Moya Ollé

Martes 25 de noviembre de 2025

7 minutos

Los mayores del colectivo sobre el protocolo LGTBI de las residencias: "No se nos ha consultado"

Martes 25 de noviembre de 2025

7 minutos

Este pasado sábado, día 22 de noviembre, los familiares de usuarios de residencias de mayores se han manifestado en Madrid. En la marcha se ha exigido crear una Ley de Residencias a nivel de toda España y apostar por un modelo de cuidados público y de calidad, según han explicado en un comunicado de Marea de Residencias, una de las organizaciones convocantes.

La noticia, publicada por 65YMAS, en un artículo firmado por el periodista Pablo Recio, pone de manifiesto la progresiva disociación entre aquello que es de predominante interés para los políticos, es decir, ellos mismos, y los problemas que preocupan, inquietan o angustian a la población general.

Se viene repitiendo hasta la saciedad que España es uno de los países del mundo con mayor esperanza de vida, en consecuencia, cada vez seremos más los mayores de 65, de 70, de 80 y de 90 años. Sí, la población española envejece y ello tiene repercusiones a nivel social, sanitario y económico. Y es que, se quiera o no, la realidad se impone, y esta imposición se traduce, muchas veces, en el cuerpo.

Alguien dijo que quien a partir de los 50 años, si al levantarse por la mañana, no siente dolor es que está muerto. Cierto, y hay otra frase que hace referencia a que “estoy bien si no fuera por…”. En otras palabras, y en desacuerdo con aquellos que prometen la inmortalidad o la desaparición del dolor y de la enfermedad, las evidencias son claras: el dolor físico y el dolor mental nos acompañan con la perseverancia de un perro fiel. Más aún, puede llegar un momento de la vida en el que no solo nos puede afectar el dolor, sino también la movilidad y la agilidad mental.

Llegado este momento, muchos piensan que la mejor alternativa es la residencia geriátrica. Y ahí empiezan los problemas. Baste recordar, a título de ejemplo, la noticia que dio La Sexta el 15 de abril de 2020: “Las comunidades autónomas han ido ofreciendo esta información a cuentagotas, y poco a poco vamos conociendo más información sobre la dramática situación que están viviendo muchas residencias en las que el coronavirus está teniendo una incidencia dramática. En la semana del 20 de marzo, tan solo unos días después de decretarse el estado de alarma, la situación en algunas de las residencias se desbordaba: los trabajadores en aquellas más afectadas alertaban del "caos" y los "nervios" que sufrían y reclamaban más medios y medidas de prevención. El Ejército tuvo que intervenir finalmente en algunas residencias para ayudar en tareas de limpieza, comida y traslado de enfermos, y vimos cómo llegaron a encontrar cadáveres conviviendo con ancianos”.

Esta noticia se daba hace cinco años y, meses después, las administraciones decidieron revertir aquella situación y dotar a las residencias de los recursos necesarios para mejorar la calidad asistencial y para evitar que se repitieran sucesos como los descritos. Surge ahora la pregunta: ¿cuál es la situación actual de las residencias geriátricas? ¿Ha mejorado la calidad asistencial? ¿Y las condiciones laborales de los profesionales?

Hace pocos días, una mujer de 63 años me explicaba las trifulcas que había tenido con las profesionales de la residencia geriátrica en la que vivía su madre, afectada de una demencia de alzhéimer: “Un día le pusieron el audífono al revés y pocos días después lo perdieron, pero es que unos días más tarde lo volvieron a perder ¡y ya van tres! Otro día mi madre se puso a gritar, llamé a la enfermera y me respondió que "¡yo no entendía la enfermedad!". Horas antes de que mi madre muriera, me enteré de que le habían dejado de dar la medicación porque ¡le había cogido por el cabello a la auxiliar!

No me siento legitimado para cuestionar el trabajo que se realiza en algunas residencias geriátricas, alguien podría argumentar que antes de criticar me dé un paseo por las instalaciones y compruebe las cargas de trabajo de los profesionales. Y tendría toda la razón. Ya sabemos aquello de “qué bien se ven los toros desde la barrera”.

Si queremos que una empresa de cuidados sociosanitarios o sanitarios los preste de manera adecuada es preciso conocer las condiciones laborales en las que los profesionales desarrollan su labor. ¿Cuáles son esas? Para intentar encontrar una respuesta podemos consultar las tablas salariales para este 2025. Las he obtenido de la página del sindicato UGT. El sindicato nos ofrece los siguientes datos: “En el área de Residencias de Mayores, por ejemplo, los directores de residencia alcanzan un sueldo de 2.103,62 euros, mientras que los gerocultores perciben 1.160,37 euros. No nos olvidemos del equipo sanitario y social: las enfermeras cobran 1.567,96 euros y los trabajadores sociales 1.455,98 euros”. Cabe señalar que estas tablas salariales corresponden al VIII Convenio de la Dependencia. Y, más adelante: “En el área de Ayuda a Domicilio los salarios van desde 1.145,81 euros para los auxiliares hasta 2.348,41 euros para los responsables de coordinación. Por otro lado, en Teleasistencia, los ingresos oscilan entre los 1.246,48 euros de un teleoperador y los 1.790,71 euros de un director gerente”. La web de este sindicato acaba con el siguiente comentario: “Este nuevo esquema salarial no solo reconoce la labor fundamental de aquellos que trabajan en el cuidado de personas dependientes, sino que además refuerza la necesidad de un entorno laboral justo y motivador”.

Hagamos ahora algunas comparativas. Para este año, y según datos del BOE, el salario mínimo interprofesional es de 39,47 euros/día o 1.184 euros/mes, según el salario esté fijado por días o por meses.  Si recordamos la cuantía del sueldo base de un (una) gerocultor (a), que es de 1.160,37 euros, vemos que se encuentra ligeramente por debajo del SMI.

Lo que estas cifras nos indican es que las condiciones salariales de quienes, en mayor grado, se ocupan del cuidado de aquellas personas en situación de dependencia no resultan demasiado atractivas. No quiero ser desagradable, pero a todos nos resulta clara la naturaleza del trabajo del cuidado de quienes, por enfermedad, ya no pueden cuidarse a si mismos, ni en lo que se refiere a la higiene personal, ni en la alimentación, ni en el vestir.

Es obvio que a los profesionales de las residencias geriátricas se les ha de exigir no solo el necesario nivel competencial, sino también que presten un trato digno a los residentes, pero, alerta, no es comparable el trato que se ha de dar a los clientes en una entidad bancaria, un supermercado o un restaurante al que se ha de proporcionar a una persona afectada de una demencia porque ésta puede gritar, insultar, amenazar o negarse a comer y esa “carga” puede estar presente de manera habitual. Una persona enferma de demencia puede acusar a la vecina de habitación o a la gerocultora de haberle robado las gafas o el suéter, o puede reaccionar de forma violenta si cree, de forma firme, que le han sustraído el monedero. Los “accidentes” y las reacciones agresivas o confusionales son muy frecuentes en personas atendidas en residencias geriátricas. Y todo ello repercute, inevitablemente, en la salud de los profesionales.

Un informe de la ASCAD (Asociación profesional catalana de directores de centros y servicios de atención a la dependencia), de fecha 1 de septiembre del 2025, explicaba que el absentismo laboral en las residencias de mayores afecta de forma significativa a la atención, con un impacto real del 12%, que reduce de 39 a 34 los cuidadores por cada 100 residentes y de 32 a 28 los gerocultores previstos. El informe añadía que “este fenómeno incluye bajas largas, permisos y ausencias de uno o dos días difíciles de prever, lo que genera sobrecarga en el personal presente y riesgo de colapso en los turnos”.

Este es, pues, el panorama. La manifestación en Madrid de los familiares de usuarios de residencias de mayores pone sobre la mesa un problema crónico que debe ser abordado con coraje y espíritu ético. No se envejece sin consecuencias y estas requieren cuidados pero no solo de los “dependientes”, sino también de los propios cuidadores, y ello requiere inversiones públicas y, ¡ay!, impuestos, que todos debemos pagar. ¿Estamos dispuestos a asumir los costes? 

Sobre el autor:

Josep Moya Ollé

Josep Moya Ollé

Josep Moya Ollé (Barcelona, 1954) es psiquiatra y psicoanalista. Actualmente es presidente de la Sección de Psiquiatras del Colegio Oficial de Médicos de
Barcelona.

Ha trabajado activamente en el ámbito de la salud pública, siendo presidente del comité organizador del VII Congreso Catalán de Salud Mental de la Infancia y psiquiatra consultor del SEAP (Servei Especialtizat d'Atenció a les Persones), que se ocupa de la prevención, detección e intervención en casos de maltratos a mayores.

Es el fundador del Observatori de Salut Mental i Comunitària de Catalunya.

Su práctica clínica privada la realiza vinculado a CIPAIS – Equip Clínic (Centre d’Intervenció Psicològica, Anàlisi i Integració Social) en el Eixample de Barcelona.

Como docente, imparte formación especializada en ACCEP (Associació Catalana per a la Clínica i l’Ensenyament de la Psicoanàlisi), en el Departament de Benestar Social i Família y en el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

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