Sociedad

La Comunidad de Madrid inicia el proceso para rescindir el contrato con DomusVi en una residencia

65ymás

Foto: Google Maps

Jueves 6 de febrero de 2020

4 minutos

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El consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad, Alberto Reyero, ha avanzado este miércoles que el Ejecutivo ha abierto un expediente a la empresa gestora de la residencia de mayores Usera DomusVi por incumplimiento del pliego. 

"Hemos iniciado un procedimiento para rescindir el contrato porque hemos identificado este caso de subcontratación del personal que atiende a las personas directamente", ha expuesto el consejero en una entrevista en Cadena Ser recogida por Europa Press.

Cabe recordar que este centro ya fue sancionado varias veces entre 2014-2018 por una cuantía total de más de 100.000 euros, según datos de la propia Comunidad de Madrid, y ha recibido cientos de quejas por parte de usuarios, familiares y trabajadores, llegando incluso a dirigirse al Defensor del Pueblo, aunque éstas no han provocado la apertura de este expediente. 

Esta residencia se suma a otras tres gestionadas por la empresa Aralia -Peñuelas en Arganzuela, del Ensanche de Vallecas y de Parque de los Frailes en Leganés- a las que el Ejecutivo madrileño comunicó este lunes que les rescindía el contrato por incumplimientos graves del pliego.

Así, Reyero ha rechazado que desde su área se esté haciendo "una caza de brujas", tal y como sostiene Aralia, y ha remarcado que "no se va a dejar pasar" los incumplimientos; ya que "la colaboración público-privada" no funciona correctamente sin la "función fiscalizadora" de las administraciones.

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En esta clave, no ha querido entrar a valorar la gestión de estos espacios públicos de gestión privada por parte de la corporación anterior, pero ha confesado que desde que llegó su equipo a la Consejería se marcaron como objetivo "esencial" hacer una "evaluación profunda" para en estos servicios para ver si era necesario actuar.

A continuación, ha señalado que la triple sanción a Aralia ha supuesto un "punto de inflexión", ya que es la primera vez que este Gobierno de la Comunidad pone en marcha el mecanismo de rescisión y que habrá que ver "en qué termina" el proceso, ya que activa resortes jurídicos para los que no hay precedentes. "Estábamos obligados, no podíamos mirar a otro lado", ha incidido.

Entiende que desde la Consejería deben hablar con estas residencias de gestión privada pero titularidad pública para modificar el modelo porque "no funciona" y ha propuesto medidas como dar concesiones "más largas" e incentivar "la permanencia" de las empresas.

Aun así, ha rechazado la posibilidad de que la gestión vuelva a manos públicas, porque generaría un coste que preeren utilizar para "reducir las listas de espera en ayuda a domicilio o plazas residenciales".

Además, entiende como "algo histórico" que desde su área se publicase el historial de las sanciones "fruto de las inspecciones" en las residencias ya que "no hay libertad de elección". Reyero también ha propuesto una involucración mayor de las familias con la dirección de los centros para que tengan "canales de comunicación" de la misma pro donde puedan canalizar "su insatisfacción" si llegase el caso.

Por su parte, la empresa afectada, DomusVi, la primera compañía del sector en volumen de negocio y camas en España, no ha querido hacer declaraciones al respecto a 65Ymás sobre la apertura de este expediente. 

Familiares y trabajadores, satisfechos

Por otro lado, trabajadores, familiares y usuarios han considerado como positiva la noticia. En concreto, Beatriz Cano, una de las usuarias del centro de Usera, se ha mostrado muy satisfecha. Se trata de una de las más veteranas de esta residencia y ya vivió un proceso similar, allá por 2012, cuando le retiraron la gestión al grupo Aser y pasó a manos de SARquavitae, una compañía que forma parte del grupo DomusVi.

Para Cano, la toma de esta decisión por parte de la Comunidad es el resultado de años de "lucha" constante, poniendo cientos de "quejas" y "reclamaciones".

Ahora, la mujer espera que la nueva empresa que se encargue de la gestión "cumpla con los pliegos de condiciones", algo imprescindible, a su parecer, si se quiere dar un buen servicio. Y esto implicaría, según ella, más personal y mejor cualificado, que se habiliten zonas de la residencia que hoy están en desuso, como "la UCI, las terrazas o el gimnasio", que se sirva una "comida" más adaptada al perfil del residente y un "mantenimiento" más adecuado de todas las instalaciones.  

En cuanto al estado de ánimo de los trabajadores de este centro, Flor, miembro del comité de empresa, ha afirmado a este medio que tienen sentimientos encontrados. "Habíamos pedido que la residencia fuese intervenida por la Comunidad, pero no hay voluntad de hacer eso", ha apuntado.

"Entre el personal, hay una mezcla de alegría y preocupación. Personalmente, estoy muy contenta. Pero es cierto que hay compañeros que están preocupados, porque cuando se cambió de la anterior empresa a la actual, despidieron a gente. Aun así, tengo la esperanza de que los políticos le den una vuelta a este tema de las residencias", ha añadido.

Asimismo, la sindicalista se ha mostrado sorprendida por las razones de la apertura del expediente. "No fue por cosas que denunció el comité (como problemas de rotación de personal constante, con la medicación o que no se cubran ciertas bajas) sino por contratar a una empresa externa de enfermería. Al parecer, es más grave que dejar una plaza sin cubrir", ha explicado. 

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