El sistema público de pensiones es sostenible al 100%

El sistema público de pensiones en España está integrado dentro del Sistema de la Seguridad Social, que es público, obligatorio y de reparto. Su finalidad es proteger a la ciudadanía ante determinadas contingencias (jubilación, incapacidad, muerte, etc.) mediante prestaciones económicas, principalmente pensiones contributivas y no contributivas.

Estructura del sistema de pensiones en España

1. Pensiones contributivas

Estas pensiones se otorgan a quienes han cotizado a la Seguridad Social durante un mínimo de tiempo. Varios tipos:

- Jubilación: al llegar a la edad legal y haber cotizado el tiempo mínimo.

- Incapacidad permanente: cuando una enfermedad o accidente impide trabajar.

- Viudedad y orfandad: para cónyuges o hijos de fallecidos cotizantes.

- A favor de familiares: para otros dependientes del fallecido.

Requisitos básicos para pensión de jubilación (2025): edad legal de 66 años y 8 meses (o 65 si se han cotizado al menos 38 años y 3 meses) y cotización mínima de 15 años (2 de ellos dentro de los últimos 15 antes de jubilarse).

2. Pensiones no contributivas (PNC)

Son prestaciones económicas para personas que no han cotizado lo suficiente, pero carecen de recursos económicos. Dos tipos:

- PNC de jubilación: para mayores de 65 años sin ingresos suficientes.

- PNC de invalidez: para personas de entre 18 y 65 años con discapacidad igual o superior al 65%.

Se financian íntegramente con impuestos, no con cotizaciones.

Fuentes de financiación del sistema

1. Cotizaciones sociales (principal fuente)

Son aportadas por trabajadores (se les descuenta un porcentaje del salario) y empresas (pagan una parte por cada trabajador).

En 2025, la cotización total es aproximadamente del 28%-30% del salario bruto, de los cuales: la empresa abona el 23%-24% y el trabajador el 4,7%.

Estas cotizaciones alimentan el Fondo de la Seguridad Social, desde donde se pagan las pensiones contributivas. Las pensiones públicas por lo tanto, son patrimonio de las y los trabajadores, a través de sus salarios diferidos, basados en la cotización que hemos aportado en nuestra vida laboral. Además, este modelo solidario ha permitido construir un capital enorme en la Seguridad Social y en otros servicios sociales, que son parte del patrimonio construido por nuestras cotizaciones.

2. Impuestos generales

Cuando hay déficit, el Estado transfiere dinero desde los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Los impuestos generales también se usan para pagar pensiones no contributivas y complementos a mínimos de las contributivas.

3. Fondo de Reserva de la Seguridad Social

Conocido como hucha de las pensiones, el Fondo de Reserva se creó en 2000 para guardar superávits en años buenos.

Alcanzó un máximo de 66.000 millones de euros en 2011 y llegó a quedar casi vacío, por decisión política del PP, sin dar ningún tipo de explicación de dónde fueron a parar dichos fondos, aunque en años recientes el Gobierno de coalición ha vuelto a dotar con aportaciones puntuales.

Situación del sistema de pensiones en 2025

El sistema de pensiones español está bajo presión del capital financiero, que quiere hacerse con dicho sistema público.

Reformas recientes y en curso, para supuestamente garantizar la sostenibilidad del sistema, realizadas por el Gobierno y los agentes sociales CEOE y CEPYME y las organizaciones sindicales CCOO, UGT, han introducido reformas, con alevosía y desconocimiento del movimiento obrero y sindical, son estas:

1. Retraso de la edad de jubilación, subiendo gradualmente de 65 a 67 años (en 2027 será 67 años salvo si se ha cotizado mucho).

2. Más años para calcular la pensión: en 2025 se usa la base de cotización de los últimos 25 años, aunque se prevé una transición hasta los 29 años.

3. Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI): desde 2023, se aplica un recargo adicional en las cotizaciones para reforzar el sistema. En 2025, el MEI es el 1,2% adicional sobre la base de cotización, compartido entre empresa y trabajador.

4. Planes privados complementarios. Los planes de pensiones privados de empleo (a través de empresas), con incentivos fiscales que de hecho significan que a través de los impuestos se paga en parte esos beneficios fiscales a aquellos sectores que pueden acogerse a dicha privatización. La clase trabajadora más desfavorecida, por bajos salarios y condiciones de empleo precarios, paga en parte el sistema privatizador. 

¿Para cuándo la auditoría de Seguridad Social? 

Desde Coespe (@CoespeOficial), hace ya varios años que iniciamos la reivindicación de que se realizara una auditoría de la Seguridad Social, que valorase cuántos fondos se han destinado a financiar políticas que nada tienen que ver con el sistema público de pensiones. 

En el año 2021, después de una amplia movilización, se consiguió que el Congreso la aprobara, dentro de la Ley 21/2021, pues una de sus disposiciones incluyó la necesidad de realizar la auditoría. Sin embargo, esta disposición de la ley aún no se ha cumplido.

Pensiones sostenibles al 100%

En conclusión, el sistema público de pensiones en España es sostenible al 100%.

- Es contributivo, de reparto y obligatorio.

- Se financia sobre todo con cotizaciones sociales y se apoya en impuestos.

- Está comprometido con la solidaridad intergeneracional, es interterritorial y solidario, y es el único que permite mantener la red de sostenimiento de la vida digna de millones de trabajadoras y trabajadores y parte de la ciudadanía.

Es necesario defenderlo y mejorarlo, y es por ello que las medidas deben estar basadas en reforzar el empleo digno, los salarios dignos y una reforma fiscal que garantice que aquellos que ganan más paguen más.

Es preciso cerrar el paso a reformas que empobrecen el sistema público y de nuevo cargan contra la clase trabajadora, a través de medidas de trabajar mas tiempo, viviendo para trabajar, para poder en muchos casos subsistir con pensiones indignas, dando paso a la precariedad y a la desigualdad social.