
Jueves 19 de mayo de 2022
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El Informe Anual del Banco de España es mucho más que un informe, clásico en los análisis económicos. Es un aldabonazo en la puerta del gobierno para devolverlo a la realidad desde una perspectiva independiente. El de este año, que se acaba de difundir, contiene multitud de llamadas de atención sobre la incertidumbre de la coyuntura, la escasez de las reformas, la injusticia de algunas medidas y, cómo no, el futuro de las pensiones. El gobernador, Pablo Hernández de Cos, defiende un pacto de rentas que reparta los sacrificios y proteja a los sectores más débiles, entre los que se encuentran los pensionistas. Piensa, como la mayoría de los expertos, que una subida de 6 o 7 puntos como la que alcanzará la inflación puede suponer un déficit del que no saldríamos en varios lustros o un riesgo para la sostenibilidad del sistema. El criterio del Banco de España, que ya era conocido, se enfrenta a otra realidad: si todas las pensiones no se acomodan al coste de vida, se produce un empobrecimiento del pensionista. Súbanse, por tanto, las pensiones más bajas de acuerdo con el IPC y créense mecanismos correctores para las demás. Es una propuesta, pero he ahí el dilema; el gran dilema nacional. Y la realidad, tan compleja como esta: no se puede poner en riesgo el sistema, pero tampoco quitar un céntimo del poder adquisitivo del pensionista. El solucionador que lo solucione, buen solucionador será.