Durante el fin de semana continuó la polémica más amarga y doliente de la pandemia: qué pasó en las residencias de mayores. El viernes habló en el Congreso doña Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas y su testimonio fue desgarrador. Desde las residencias se pidieron médicos y enfermeras y les dieron bajas laborales. Pidieron traslados a hospitales y se les respondió con el colapso del sistema sanitario. Les confiscaron en un aeropuerto los medios de protección que habían comprado. “Fue un infierno”, calificó la señora Pascual. Parecía que describía más una matanza de inocentes que una desatención. Políticamente hay un cruce de reproches entre el vicepresidente Iglesias y los gobernantes regionales del PP. Así estamos, hurgando en la herida de las familias. El tema es de los más serios que tiene planteados este país. Es preciso aclarar de una vez por todas qué ocurrió en y con las residencias; donde estuvieron los fallos para que no se vuelvan a repetir, y, por supuesto, aclarar las responsabilidades porque es insufrible el número de víctimas. Lo hará la Justicia, sin duda; pero tardará demasiado.
