Ante la confesión de Paz Esteban, directora del CNI, ante la Comisión de Fondos Reservados y Secretos Oficiales, deseo hacer un par de manifiestos. Primero: el secreto sobre lo que allí se diga es imposible de mantener, por mucho que lo imponga la ley. No es que los diputados presentes corran a contárselo a la prensa, que puede ocurrir. Es que ninguno podrá negar información a un compañero de partido que se la pida. Y cuando un secreto está en posesión de muchos deja de ser secreto. Y segundo y principal: el asunto del que se informa es de máxima gravedad, según la calificación de varios dirigentes políticos; supone un peligro para la democracia, a juicio de toda una vicepresidenta del gobierno; emponzoña las relaciones políticas y, en concreto, el diálogo con la Generalitat de Cataluña; hay un enorme interés mediático y popular por conocer la verdad de lo ocurrido y un riesgo de manipulaciones que afectará a la salud del gobierno y al prestigio de las instituciones. Y finalmente existe un enorme y apasionado debate público sin datos fiables. En estas condiciones, el secreto no solo no tiene sentido, sino que es perjudicial. La sociedad tiene derecho a saber de qué se habla y tiene derecho a formar su opinión con datos reales. Pido taquígrafos y luz.
