La Memoria Histórica, ahora llamada Memoria Democrática, es, sin duda, una de las grandes deudas de la democracia. Creo que nadie con un mínimo sentimiento, incluso humanitario, puede negar a miles de familias su derecho a recuperar los restos de padres y abuelos enterrados en cunetas o fosas comunes. Considero racional que se anulen los juicios políticos de la dictadura. Y están llenos de lógica los demás contenidos del proyecto de ley que ayer aprobó el Consejo de Ministros. Nada que oponer, por tanto, a ese articulado. ¿Qué es lo que puede resultar peligroso? Tres aspectos. Uno, que en la nueva ley haya un cierto estímulo de cambiar la historia, de reescribirla como si no se hubieran escrito miles de libros sobre el franquismo y sus consecuencias. Segundo, que mucha gente no entienda por qué se hace esto después de 40 años de reconciliación, últimamente devaluada. Y tercero, que choquen dos intentos de revisionismo histórico, ya muy visibles, con evidentes riesgos de confrontación. Solo hay una forma de conjurar esos riesgos: hacer lo que haya que hacer desde el diálogo y el consenso. Sería la forma más hermosa de saldar esa deuda con la historia, con la justicia y con la verdad.
